Un verdadero monopolio estatal

Por Fernando Laborda | LA NACION -Twitter: @flaborda

    

No es casual que el proyecto de ley de expropiación de Papel Prensa impulsado por conspicuos diputados nacionales del kirchnerismo se conozca a tan pocas horas de que el Congreso terminara de aprobar el paquete de leyes de reforma judicial, que le garantizará un férreo control sobre los jueces al actual grupo gobernante.

Tampoco es casual que en estos momentos arrecien las versiones sobre una inminente decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que afectaría al Grupo Clarín. Con la sanción de la ley de reformulación del mercado de capitales, en noviembre pasado, se incluyó entre gallos y medianoche un artículo que le confiere a la CNV la facultad de designar en las empresas cotizantes en Bolsa veedores que puedan vetar resoluciones adoptadas e incluso separar los órganos de administración por 180 días hasta regularizar las supuestas deficiencias encontradas en perjuicio de accionistas minoritarios.

No es difícil de imaginar lo que podría hacer el brazo político del Gobierno en que se ha convertido la CNV en el Grupo Clarín durante seis meses que coincidirán, curiosamente, con el proceso que terminará en las elecciones legislativas de octubre. Ni es casual que quien impulsó aquel polémico artículo que le otorgó semejante poder a la Comisión Nacional de Valores haya sido el diputado Roberto Feletti, quien tiempo atrás, cuando todavía era viceministro de Economía de Amado Boudou, bregara por profundizar el populismo con más intervencionismo estatal en el sector privado y concluyera que "ganada la batalla cultural contra los medios, el populismo no tendría límites para apropiarse de la renta".

El ya célebre "vamos por todo" empieza a tomar cada vez más forma, alentado por funcionarios conscientes de que la virtual desaparición de las medidas cautelares que acaba de consagrar la llamada ley de "democratización de la Justicia" dificultará la defensa del derecho de propiedad y otros derechos constitucionales frente a los abusos del poder político.

La iniciativa para que el Estado nacional expropie a LA NACION y Clarín el 24% de su capital accionario en la sociedad anónima Papel Prensa y se quede con el control de la empresa que fabrica papel para diarios es el primer paso de esta nueva etapa de intervencionismo y confiscación abierta por la reforma judicial.
El objetivo del apoderamiento de Papel Prensa por el gobierno kirchnerista no es otro que aplicarle a la prensa escrita las mismas reglas arbitrarias que el Poder Ejecutivo viene aplicando con la distribución de la publicidad oficial en los medios de comunicación, beneficiando con una generosa pauta a aquéllos más dóciles frente al Gobierno y castigando a los más críticos e independientes del poder político.

El proyecto impulsado por varios diputados kirchneristas encabezados por Carlos Kunkel y Diana Conti, fundamenta la expropiación en causas de utilidad pública, derivadas de la necesidad de que no existan actividades monopólicas o de que éstas sean reguladas. Se trata de un argumento falaz, por cuanto el papel para diarios abunda actualmente en el mundo y bastaría una decisión política de permitir la libre importación de este insumo, sin cupos ni aranceles, para terminar con cualquier sospecha de monopolio.

Pero no es esto a lo que aspira el gobierno de Cristina Kirchner. Su plan apunta a edificar un verdadero monopolio estatal, que no sólo controlará a la principal empresa productora de papel para diarios, sino que además seguirá manejando a su antojo el comercio exterior y otorgando permisos de importación de papel con total discrecionalidad.

El temor de no pocos empresarios de medios periodísticos es que el Gobierno, con Papel Prensa en sus manos y el control del comercio exterior, busque someter al periodismo a sus designios, como viene tratando de hacerlo con el caprichoso reparto de la publicidad oficial.

El fantasma de los peores años del peronismo, cuando se confiscó el diario La Prensa en 1951 y se impusieron absurdas cuotas para la importación de papel, que llevaron a diarios como LA NACION a salir a la calle con apenas seis páginas, vuelve a sobrevolar la Argentina.

Bajo la apariencia de la utilidad pública, se oculta una finalidad confiscatoria, asociada a una persecución discriminatoria contra quienes puedan ejercer un pensamiento crítico hacia un modelo de gestión que se recicla a sí mismo con un creciente intervencionismo tendiente a convertir tanto a la Justicia como a la prensa en apéndices del poder político..