El Gobierno decidió abonar sólo un cuarto de las sentencias judiciales en firme por año, cuando al mismo tiempo utiliza el dinero de la ANSeS para afrontar una serie de gastos corrientes.
La implementación de la Asignación Universal por Hijo es correcta y necesaria, pero no se debe cargar a los jubilados con su financiamiento. Lo mismo sucede con el programa Conectar Igualdad y el nuevo plan de vivienda: son financiados por los jubilados como si pudieran prescindir de lo que les pertenece.
Hay que tener en cuenta además que desde 2009 la ANSeS es el organismo que más contribuye a sostener el superávit primario y, aunque el Gobierno lo niegue y siga asegurando que existe superávit, la realidad es que las cuentas públicas se han deteriorado de manera significativa a lo largo de estos años, lo que volvió determinante la solvencia de la ANSeS para poder apuntalarlas.
Los datos de 2011 evidencian que el déficit primario del Tesoro Nacional por $11.645 millones pudo transformarse en superávit gracias al aporte de la seguridad social, que acumuló un saldo positivo de $22.700 millones. Esto demuestra que el principal objetivo de la estatización del sistema jubilatorio era utilizar los recursos previsionales para financiar una política indiscriminada de gasto público.
El excedente con que cuenta la ANSeS debería utilizarse para afrontar la deuda con la clase pasiva y dar respuesta al más de medio millón de jubilados que fueron a la Justicia para que les reconozcan sus derechos. También debería servir para avanzar en la implementación de la recomposición de los haberes: no puede ser que más de las tres cuartas partes de los jubilados cobre el haber mínimo, que no cubre el 50% de la canasta básica.
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