Los medios del país, con excepción de los oficialistas, y los del exterior señalan continuamente este ilícito. Las estadísticas internacionales del Banco Mundial y de otros organismos incluyen notas que dicen que las cifras del Indec se reputan incorrectas. El semanario económico y político más leído en el mundo, The Economist, ha destacado reiteradamente esta falsedad y ha reemplazado en sus cuadros estadísticos el dato de inflación del Indec por el de una fuente privada.
La manipulación de los datos ha sido denunciada públicamente por los propios técnicos responsables de la elaboración del índice, que fueron apartados del organismo cuando se resistieron a semejante imposición de parte del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
La trampa se puso en evidencia al advertirse de inmediato la diferencia entre las mediciones del Indec y las de las direcciones de estadística de varias provincias. A poco que el índice oficial fue falseado, surgieron mediciones privadas como respuesta a la necesidad de cifras ciertas aplicables a infinidad de relaciones contractuales o a la diaria administración de los negocios. Pero la necedad y abuso oficial movilizaron al Gobierno en persecución y en el silenciamiento de las consultoras. Estas fueron sometidas a juicios y multas, apoyándose sin razón en la ley de lealtad comercial.
Un grupo de legisladores nacionales de la oposición logró salvar estas elaboraciones privadas recibiendo en forma confidencial las mediciones y construyendo mes a mes con su promedio el denominado Indice Congreso.
Las negociaciones salariales también pusieron en evidencia la inutilidad del índice oficial. Los aumentos acordados desde 2007 siempre reflejaron la inflación verdadera o "la del supermercado", como gusta decir Hugo Moyano, secretario general de la CGT. Consecuente con esto, ese sindicalista acaba de anunciar la creación de su propio órgano de estadísticas. Similar descarte de los datos oficiales ha ocurrido en ajustes judiciales, debiendo los tribunales solicitar frecuentemente las mediciones privadas para aplicarlas en sus sentencias.
Un conjunto de universidades nacionales, en tanto, fue convocado para analizar la cuestión y emitió un informe que ponía en evidencia las graves transgresiones y fallas, y recomendaba una reestructuración del Indec. Este documento fue entregado al entonces ministro de Economía Amado Boudou, sin que se conozca hasta ahora alguna acción correctiva. También hubo una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) cuyas recomendaciones no parecen haberse tenido en cuenta.
Ha habido denuncias en contra del Indec, aunque aún no han culminado en sentencias condenatorias, a pesar de las contundentes evidencias. La cuestión no es banal y las consecuencias de una constatación y sentencia judicial pueden ser de gran importancia.
Una parte relevante de la deuda pública está en bonos nominados en pesos con ajuste CER, o sea por el índice de precios minoristas del Indec.
El desfase de ajuste desde enero de 2007 respecto de índices privados alcanza hoy al 93 por ciento. En otras palabras, la inflación verdadera duplicó la informada por el Indec. Y aun el hecho de que ahora admita que la economía cayó 0,5% en mayo es engañoso, porque para el sector privado ese retroceso es todavía mayor.
El impacto fiscal de una corrección sería de gran magnitud y pasaría a engrosar los reclamos por cuentas y deudas impagas del Estado argentino. No se puede continuar con esta grave transgresión. Ha llegado el momento de terminarla, no sólo por una razón moral y para no continuar dañando la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, sino también para salir del ridículo en el que nuestro país no merece estar...
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1492450-indec-basta-de-mentiras
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