Por Eleonora Gosman - Diario Clarín
El gobierno dará subsidios a “empresas estratégicas” del sector.
Brasil dispone de 70.000 millones de dólares hasta 2015 para integrar su industria de guerra y salir a exportar. Para eso el gobierno de Dilma Rousseff se dispone a subsidiar, mediante desgravaciones impositivas y financiaciones blandas, la formación de grandes consorcios empresariales que produzcan armamentos y equipos para la defensa en el país. La única condición es que el control accionario de esos mega grupos esté en manos brasileñas.
La apuesta, según afirman en los niveles oficiales, es estimular los grandes conglomerados de esa industria en Brasil que tengan capacidad para abastecer la demanda interna y resto para exportar hacia la región. De acuerdo al texto de un decreto, que reglamenta una ley sobre contrataciones para defensa votada en marzo último, estos grandes consorcios tendrán ventajas en las licitaciones y condiciones especiales de financiación .
Ya hay grupos conformados. Es el caso de la constructora Odebrecht, que se asoció con la empresa estatal Nuclep para construir el submarino nuclear, presupuestado en 4.500 millones de dólares. Según afirmó ayer el diario carioca O Globo , los montos involucrados en este tipo de contratos “atrajeron la atención” de otras grandes constructoras. La Andrade Gutiérrez ya se asoció al grupo francés Thales y la Engevix, una empresa de ingeniería que actúa en el área de energía y petróleo, ya se unió con la firma alemana Thyssen Krupp.
Otras firmas brasileñas corren para sellar alianzas con las grandes fabricantes extranjeras del sector militar . Son la OAS, la Queiroz Galvao, Embraer, Synergy y Camargo Correa. En la mira de estas grandes constructoras locales hay multinacionales de origen británico e italiano.
En realidad, el decreto gubernamental que debe salir en breve reglamenta una ley aprobada en marzo último y que estableció reglas especiales para la contratación y desarrollo de equipamiento de defensa y seguridad. La norma definió la creación de “empresas estratégicas nacionales”, es decir, los grandes consorcios empresariales que ya están en marcha. El único requisito es que el control esté en manos privadas nacionales .
Pero ese plan de utilizar a las constructoras brasileñas como punta de lanza para el desarrollo y la expansión de una industria bélica tiene críticos . Según especialistas de la Federación de Industrias de San Pablo citados por el diario carioca, es “perverso” fomentar una sociedad entre esas constructoras locales y grandes multinacionales de armamentos. Así, dicen, las empresas locales no decidirán qué producir; esto correrá por cuenta de las extranjeras. “En ese contexto la soberanía nacional se convierte apenas en una oportunidad para los negocios”, critican.
En una entrevista con O Globo , el general Aderico Visconte Pardi Mattioli, del Ministerio de Defensa, respaldó el papel de la ley 12.598 votada este año y de su decreto reglamentario, que saldrá esta semana. Dijo que “abre la posibilidad de poder trabajar en el sector de ciencia y tecnología militar sin necesidad de pasar por licitaciones”.
Este es el núcleo del proyecto y según el alto oficial, “con él se señaliza la intención de consolidar la soberanía tecnológica del país”. Mattioli confió que habrá “una unión de todas las grandes empresas del sector como ocurrió en Europa”. Salvo que allí eran europeas y aquí serán brasileñas a medias.
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