Por: Sergio Dattilo -
Ambito.com
El Gobierno dio ayer un paso hacia la renacionalización de
Metrogas, la mayor distribuidora de gas del país, al nombrar dos representantes
por YPF y uno por la ANSES ,
que conduce Diego Bossio, en el nuevo directorio de la compañía. La tarea de
estos ejecutivos sería hacer el «due dilligence» y asfaltar el camino que lleva
a la toma de control de Metrogas por parte del Estado a través de la
reestatizada YPF.
La velocidad del proceso sería vertiginosa: fuentes cercanas
a la empresa revelaron que el plan oficial sería concretar el traspaso antes de
que termine agosto próximo, y usarían una opción de compra que tenía YPF sobre
las acciones del socio mayoritario, British Gas, firmada el año pasado cuando la
petrolera era manejada por el local Grupo Eskenazi.
La asamblea de Gas Argentino, la controlante de la
distribuidora, aprobó el balance de su empresa cerrado en diciembre de 2011 y
procedió a reemplazar los directores que representaban al Grupo Eskenazi, los
accionistas privados que desplazó Cristina de Kirchner del control de YPF.
Sin embargo, pese a que el economista Axel Kicillof parecía
ser una figura clave en este proceso, sólo colocó en el nuevo directorio a
Cristian Girard, un miembro de su «think tank» CENDA. Los otros dos directores por YPF son desde ayer Gustavo Di Luzio, un antiguo ejecutivo de la petrolera, y Pablo Vera Pinto, un ex-ejecutivo de la consultora McKinsey que el CEO Miguel Galuccio trajo para su gestión.
Las designaciones parecerían confirmar un dato que circula
profusamente en el mercado energético: el ministro de Planificación Julio De
Vido, que hasta hace un par de semanas parecía relegado al manejo de ese
sector, habría recuperado buena parte de su poder. Que La Cámpora haya logrado
colocar sólo a uno de sus representantes sobre un total de cinco (además de los
mencionados ingresaron como directores suplentes Valeria Soifer y Francisco
García Tobar, ambos de la «línea profesional» de YPF) sería un signo claro de
que, al menos en temas energéticos, De Vido volvió al ruedo.
Los accionistas de Gas Argentino son la inglesa British Gas,
con el 55 por ciento del capital, e YPF con el restante 45 por ciento; a su vez
Gas Argentino tiene el 70 por ciento de Metrogas; otro 20 por ciento cotiza en
bolsa (Girard fue designado director por este sector) y el restante 10 por
ciento está en manos de los trabajadores a través del «PPP» (Programa de
Propiedad Participada) que colocó a Jorge De Pino.
A partir de ahora se abre un lapso de negociación que de
manera indefectible culminará con la salida de British Gas de la distribuidora
y con su retirada de la
Argentina. Esta intención ya no es un secreto para nadie: la
empresa británica no tiene oficinas ni ejecutivos en el país desde hace al
menos tres años.
También le inició juicios al Estado argentino en varios
tribunales internacionales reclamando por los perjuicios que le causó el
congelamiento de las tarifas desde 2002. En enero pasado, una corte de Estados
Unidos le concedió una indemnización de u$s 185 millones, que obviamente nunca
fue abonada por el Gobierno argentino.
Cabe recordar también que Metrogas a mediados del año pasado
se acogió al concurso preventivo por una deuda impaga cercana a los u$s 200
millones; el plan de pagos fue aprobado por la inmensa mayoría de los
acreedores, pero si el Gobierno no le concede aumentos tarifarios todo ese plan
no valdrá ni el papel en el que fue impreso.
Una fuente cercana a la empresa reveló que una de las
primeras medidas que concretaría la conducción que asuma tras el traspaso de
las acciones de Gas Argentino a YPF será conseguir un crédito de unos $ 25
millones que otorgaría una entidad oficial (muy probablemente el Banco Nación
que conduce Juan Carlos Fábrega) para sanear las finanzas de la distribuidora,
que en el primer trimestre del año perdió $ 17 millones.
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