Las culpas de Nación y Ciudad en la crisis del subterráneo. Las fallas de Metrovías y la presunta protección del Gobierno nacional. La extorsión empresarial.
“Lo que está haciendo Metrovías es presionar para conseguir una suba en los subsidios, teniendo a los pasajeros de rehenes. Esa es la explicación al anuncio de la concesionaria, de retirar 20 formaciones del servicio diario. Argumentan falta de presupuesto y la consecuencia directa será que las frecuencias entre coche y coche se alarguen, provocando un empeoramiento en el servicio. Que la jugada de Roggio sea tan fuerte se debe a la vieja relación comercial que mantiene con las gestiones K de Néstor y Cristina, quienes en su momento le otorgaron la concesión del ferrocarril San Martín en 2004.
Es vox pópuli que un importante ministro kirchnerista banca a la empresa y por eso esta se atreve a presionar, porque sabe que si la castigan saldría a la luz una serie de negocios irregulares entre los K y la compañía”, le manifestó a Noticias Urbanas un ingeniero de Metrovías que fue consultado sobre los motivos del anuncio realizado por la compañía el lunes.
Y que explicó con claridad cuál es el motivo fundamental de la actual crisis del sistema de subtes y por qué la Nación, frente a los gastos que genera poner en condiciones al servicio, quiere que la Ciudad se haga cargo del mismo, más allá de que al gobierno de Macri esto le corresponda por razones distritales y reglamentadas por ley, que están fuera de discusión.
Lou Reed retrató en aguijoneantes rocks urbanos el desencanto de la ciudad que ama: Nueva York. Sus crónicas chorrean asfalto, rascacielos, pérdidas e historias insoportablemente verídicas en donde el mal vence todo el tiempo al bien. La canción “Apagar la luz” integra el disco de 1983 titulado Legendary Hearts, y una de sus frases tiene la contundencia de un gancho a la mandíbula. “¿Y cuál es la diferencia entre el bien y el mal?”, se pregunta en voz alta Reed, acorralando al oyente a responder, en los tiempos que corren, “ninguna”.
Y esa no diferencia entre lo que está bien y lo que está mal se corporiza de una manera trágica en el reino de la política. Un claro ejemplo es la guerra que vienen llevando a cabo, desde hace tiempo, quienes gobiernan la Nación y la Ciudad, oponiéndose a lo que dice el contrincante por el mero hecho de que el otro es el enemigo, sin tomar en cuenta si lo que hacen beneficia o perjudica a la sociedad que los votó.
Eso describe el conflicto que mantienen ambas administraciones por el traspaso de la red de subterráneos. Lo peor del caso es que a medida que la escalada entre el kirchnerismo y el macrismo aumenta, el servicio empeora y los únicos perjudicados son los usuarios. Las pruebas del caso son incontrastables.
Desde que el viernes 8 de enero el Gobierno porteño subió el boleto de subte a 2,50 pesos, el servicio no hizo más que empeorar. Hubo nuevas medidas de fuerza, paros y frecuencias de espera cada vez más largas entre formación y formación, y denuncias de los empleados acerca del mal estado de los vagones y el peligro que esto acarreaba. La frutilla del postre se conoció este último lunes, cuando la empresa concesionaria del servicio, Metrovías, informó que retiraba de circulación 20 formaciones debido a su deterioro y, tras aducir su imposibilidad monetaria de acondicionarlas, informó que la frecuencia entre coche y coche, que por lo general es de tres minutos promedio, se extenderá a casi el doble, con lo cual viajar será más complicado.
Como si esto fuera poco, al enterarse de la novedad, tanto los funcionarios de Nación como de Ciudad no hicieron más que tirarse la pelota unos a otros, aclarando que el problema no los incumbía y que la solución dependía de su rival político.
“Que el Grupo Roggio haga lo que quiera y encima utilice a los usuarios de rehenes para exigir más subsidios es pura y exclusivamente responsabilidad de la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri. Ellos tienen las herramientas legales para hacer que Metrovías cumpla con sus obligaciones contractuales y no perjudique a los pasajeros ni deteriore bajo ningún concepto la prestación del servicio”, le aseguró a Noticias Urbanas un experto en temas de transporte, al consultársele por la crisis del subterráneo.
Sin embargo, los funcionarios hacen todo lo contrario. Sin ir más lejos, el martes al mediodía, el ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, ofreció una conferencia de prensa donde señaló que, de un total de 210 millones de pesos transferidos durante los primeros seis meses del año a la Ciudad, “108 millones se encuentran depositados en una cuenta del Banco de la Nación” para que la administración de Propuesta Republicana (Pro) los destine centralmente “al mantenimiento” de los subtes. Según lo acordado entre la Nación y la Ciudad, cada administración debe aportar 30 millones de pesos por mes como subsidio para el subte, lo que equivale a una suma total anual de 720 millones.
Randazzo le reclamó al Jefe de Gobierno porteño que “cumpla con lo que firmó” en el acta-acuerdo de transferencia del servicio firmada en enero pasado y “con el compromiso de asumir las responsabilidades del transporte que hace a los vecinos de la Capital Federal”. Por último el funcionario kirchnerista aseguró que, para el subte, el Gobierno nacional transfirió, al 3 de julio pasado, “210 millones de pesos, de los cuales 102 corresponden a gastos operativos y 108 para mantenimiento e inversión”.
Las imputaciones de Randazzo no hicieron más que despertar la ira macrista. La contestación fue inmediata. A través de otra conferencia de prensa, la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, apuntó contra el funcionario nacional y señaló que “el dinero depositado en el Banco Nación no es de libre disposición”. Con relación a la empresa concesionaria del servicio de subtes, aseguró que “miente al decir que es un problema que apareció ahora”.
Vidal tildó de mentirosos tanto al ministro del Interior nacional como a los titulares de Metrovías. “Hoy comienzan a verse las consecuencias directas a los pasajeros por la falta de diálogo. El ministro sabe perfectamente que no es cierto lo de los 108 millones. Estos fondos estuvieron destinados a (subsidiar) la tarifa y no para la inversión, y no tienen libre disposición”, aseguró la funcionaria porteña.
Luego agregó: “Si el Gobierno nacional hubiese hecho las inversiones hoy no tendríamos estos problemas en el subte”. Con relación a la empresa, Vidal afirmó que “miente al decir que es un problema que aparece hoy”, en referencia al comunicado sobre el retiro de formaciones por desperfectos técnicos, que derivó en demoras en el servicio.
El legislador de Pro Martín Ocampo fue aun más duro con los K al comparar su modo de gestionar con el del expresidente Carlos Menem. “El ministro sabe perfectamente que los subtes los administra el Gobierno nacional. La de Randazzo es solamente una más de las jugadas desesperadas del kirchnerismo para intentar solucionar sus graves problemas de caja, con esa política que llaman ‘sintonía fina’. Son los mismos políticos que durante el menemismo hablaban de cirugía mayor sin anestesia. Y para eso el Gobierno nacional cuenta con su socio, Metrovías, que no vacila en perjudicar a los usuarios, reduciendo la calidad del servicio si eso les es funcional a sus intereses”, disparó.
A ese cruce de acusaciones entre los funcionarios de Nación y Ciudad se sumaron los dirigentes gremiales que representan a los trabajadores de las seis líneas de subterráneos y el premetro. Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), se precisó que al sacar de funcionamiento las 20 formaciones, se “perjudicará el normal funcionamiento del subte”. Anunciaron que el sindicato se encuentra en estado de “alerta y asamblea permanente”, al tiempo que no descartaron una próxima medida de fuerza.
Sin embargo, las declaraciones de superficie ocultan las motivaciones concretas que originaron el problema. “El Grupo Roggio controla el 90 por ciento de Metrovías y, además, es una de las dos patas de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), una sociedad anónima que integran los concesionarios privados Metrovías y Ferrovías (hasta la tragedia ferroviaria de Once, también estaba TBA).
La Ugofe fue conformada a fines de 2004, cuando un pasajero de una formación del ferrocarril San Martín que viajaba en el estribo cayó a las vías y falleció. A raíz de ese hecho, el entonces presidente Néstor Kirchner quitó la concesión de los ramales San Martín, Roca y Belgrano Sur al empresario Sergio Taselli. Los otros tres concesionarios de los ferrocarriles metropolitanos se hicieron cargo del servicio.
Ahora, con la salida de TBA, quedaron solo dos”, explicó un funcionario del área de Transporte. Varias de las fuentes consultadas para esta nota señalan que siempre existió una relación de negocios entre Metrovías y las gestiones K de Néstor y Cristina, que se motorizaron a través del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, que comanda Julio de Vido.
Este semanario adelantó en la nota titulada “Atado con alambre”, del 23 de mayo, las irregularidades cometidas por el Grupo Roggio en el manejo del subte, mediante las cuales desviaban hacia una empresa de su mismo grupo el dinero de los subsidios en lugar de invertir en el mantenimiento de las formaciones. Allí se informó que “los negocios denunciados por Anses son aquellos vinculados a la tercerización de publicidad en vía pública, convenios de asistencia técnica y cánones de asesoría. La mayor parte de estas ganancias es operada por la firma Metronec, sociedad anónima que gestiona la publicidad en vagones, estaciones, escaleras, relojes y demás espacios de gran visibilidad en el subte. Metronec tuvo una facturación superior a Metrovías en 2010 y el año pasado la equiparó en ganancias”.
“El kirchnerismo no puede apretar a Roggio sin sufrir las consecuencias. Si la concesionaria no cumplía con sus deberes contractuales y no era castigada era porque los organismos de control hacían la vista gorda. La situación no es actual, ya que las falencias de Metrovías son de larga data. Y las fallas cometidas no eran nada menores. Por eso, todo hace suponer que la empresa estaba arreglada con un funcionario de mucho peso a nivel nacional. Si no fuera así, no se entiende que ahora salga a decir que retira 20 formaciones por falta de dinero y exija, a pesar de todos sus incumplimientos, que se le suba el subsidio. Es ilógico que el Gobierno nacional no tome ningún tipo de medidas contra la empresa, y que el poder lo tenga Metrovías y no el Estado nacional”, le detalló a NU un importante ingeniero del Grupo Roggio que conoce la relación íntima entre los K y la compañía.
Las asociaciones de usuarios fueron las primeras en afirmar que el Estado tiene todas las herramientas legales para poner en caja a la concesionaria. El representante legal de Consumidores Libres, el socialista Héctor Polino, opinó que el Gobierno de la Ciudad debe proceder a intimar a la empresa a restablecer las unidades retiradas y aplicar la sanción que corresponda. “La actitud de la empresa es injustificada”, señaló Polino. Y remarcó que al importe del boleto de 2,50 pesos que Metrovías cobra y a los 30 millones de pesos mensuales que percibe del Estado nacional, hay que agregarles lo que recibe a través de su empresa vinculada Metronec.
“El retiro de las formaciones ocasionó mayores problemas a los usuarios que los habituales, teniendo que viajar hacinados aun en horarios en que normalmente se viaja con cierta comodidad”, concluyó el representante de la asociación. Pese a todos los elementos legales de los que disponen la Nación y la Ciudad para solucionar el conflicto, nada hacen al respecto y, eludiendo sus obligaciones, prefieren dedicar su tiempo a pelearse públicamente como perro y gato mientras los azorados ciudadanos padecen con resignación el mal servicio de los subterráneos.
Fuente: http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?x=107733
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