El anuncio por parte del gobierno chileno de la compra de tres aviones Cirrus SR–22, dotados de equipos de visión nocturna para el control del narcotráfico en los casi 200 pasos fronterizos no habilitados ubicados en las fronteras con Perú, Bolivia y el norte de Argentina y que serían operados por la FACh o el Ejército chileno, ha levantado una polémica en el ámbito de las Fuerzas Armadas y entre los analistas especialistas en temas de defensa.
En las FAS hay resistencia a participar en tareas que no están consideradas en sus misiones constitucionales, como el narcotráfico, y entre los analistas hay quienes apoyan esta visión en tanto otros insisten en que las amenazas actuales también incluyen el narcotráfico y el terrorismo y que la observación aérea no es incompatible con las tareas propias de las instituciones. Los contradictores afirman que esta misión abre la puerta a la participación directa en acciones de control de vehículos y personas que se infiltran de día o de noche por las fronteras transportando drogas ilícitas como la cocaína y que en caso de producirse heridos o muertos entre los traficantes, los militares se verán enfrentados con toda seguridad a juicios de derechos humanos.
El Cirrus SR-22 es una aeronave ligera, monomotor, que alcanza los 23 mil pies de altura por lo que es difícilmente detectado desde tierra. Las razones esgrimidas por el Sub Secretario del Interior Rodrigo Ubilla para decidir esta adquisición fueron explicadas cuando afirmó que “Las capacidades de las policías han sido superadas por el incremento de los hechos delictuales, especialmente en la Región de Tarapacá. Los tiempos de reacción son altos y carecen de efectividad por su baja capacidad operativa". La inversión se estima superior al medio millón de dólares por aeronave, más el equipamiento de observación. (Lisandro Contreras, corresponsal en Santiago de Chile - Defensa.com)
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