miércoles, 14 de diciembre de 2011

Inseguridad ciudadana, tema central de la agenda política iberoamericana

Por Rogelio Núñez
La agenda política iberoamericana tiene sobre la mesa muchos y variados temas. Desde un punto de vista político, sobresale la necesidad de impulsar profundas reformas para oxigenar el sistema de partidos. Es asimismo necesario seguir profundizando la reforma y modernización del estado.

Desde un punto de vista social, la pobreza, y sobre todo la desigualdad, es el principal caballo de batalla para modernizar las sociedades a fin de que sean capaces de adaptarse a los nuevos requerimientos del mundo de la revolución tecnológica.

En el terreno económico, los países, inmersos dentro de la ortodoxia económica, tienen ahora el reto de diversificar sus economías, aumentar su vinculación con las áreas más dinámicas del mundo, léase Asia, y diversificar también su matriz energética.

Dentro de estos aspectos señalados no puede olvidarse el tema de la inseguridad ciudadana pues América Latina es la región del mundo de mayor índice de criminalidad. Una mirada superficial parecería indicar que se trata de un tema circunscrito a determinadas realidades: el del México azotado por los cárteles, el de la Centroamérica acosada por las maras, el del Brasil de las favelas o la Caracas de los ranchitos.

Un problema regional
Pero esa visión está alejada de la realidad. El fenómeno de la inseguridad ciudadana, y el de la sensación de inseguridad que afecta a las sociedades iberoamericanas, tiene una escala regional pues afecta desde Tijuana en México a Usuhaia en Argentina. Es verdad que lo hace a diferente escala: no es lo mismo la enorme inseguridad que se vive en las calles de Caracas o de la capital guatemalteca o la considerablemente menor que la que padecen en Santiago de Chile o en San José de Costa Rica.

Pero finalmente, tanto el caraqueño como el santiaguino expresan un mismo temor, el de verse afectados por un asalto, un robo o un secuestro que puedan acabar en asesinato. El tema de la seguridad acapara las campañas electorales en países como México (será el gran debate en los comicios presidenciales de 2012), en Guatemala, (el partido que lidera las encuestas para las elecciones de septiembre de 2011 lleva por lema la aplicación de la "Mano Dura") o en Caracas. Eso se sabe y entra dentro de lo "normal".

Lo que parece más relevante es que otros países de la región que se caracterizan por sus bajos niveles de inseguridad también estén preocupados por el tema. Es el caso de Costa Rica, donde la inseguridad ciudadana preocupa al 49 % de los costarricenses, quienes consideran que este es el principal problema del país, de acuerdo con una encuesta de la empresa Unimer. El crimen y la violencia son una preocupación que va en aumento, pues otro sondeo de la misma empresa realizado en octubre de 2010 señaló que en ese momento la inseguridad era el peor problema para el 33 % de los costarricenses.

Otro país considerado una balsa de aceite es Chile. Sin embargo, uno de los pilares de la gestión del presidente Sebastián Piñera desde su llegada a la presidencia en 2010 ha sido el combate contra la delincuencia, uno de los principales reclamos de la ciudadanía. De hecho, su gobierno ha impulsado la creación del nuevo ministerio del Interior y Seguridad Ciudadana, como "un instrumento poderoso para ganarle la batalla a la delincuencia y para proteger con mayor eficacia a las víctimas". También promueve un proyecto de Reforma Constitucional que establece el derecho de las víctimas a tener defensa jurídica y también defensa en materia psicológica y social cuando han sido víctimas del delito.

En Colombia la última encuesta de Gallup, muestra que un 74 por ciento de los encuestados en las cinco principales ciudades dice que la inseguridad en el país está empeorando. Antes de la posesión de Juan Manuel Santos, solo el 17 por ciento decía que la seguridad era el principal problema del país; ahora lo cree casi el doble, el 32 por ciento.

En Perú, país tradicionalmente con bajos índices de inseguridad, ahora casi tres de cada cuatro limeños (72%) manifiestan sentirse inseguros en sus respectivos distritos. En Ecuador, la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los puntos flacos del presidente Correa quien admite que: "sabemos que los índices de inseguridad son intolerables, a pesar de que estamos por debajo del promedio de América Latina. Ahí están las estadísticas, no es que queremos eludir responsabilidades". Incluso, Uruguay, país tradicionalmente seguro y estable, vive, desde hace unos años, inmerso en fuertes debates sobre cómo combatir la inseguridad.

¿Qué lección se puede sacar de toda estas realidad?

En primer lugar que, sin duda, el problema de la inseguridad ciudadana ha llegado para quedarse por un tiempo largo.

En segundo lugar, se puede constatar que no sólo es un tema que va a perdurar, al menos a medio plazo, sino que se ha generalizado a toda la región, si bien con diferente incidencia y nivel de país a país.

En tercer lugar, parece obvio que las soluciones no pueden ser exclusivamente de "mano dura" o solo preventivas. Se necesita un abordaje global e integral que abarque todas las instituciones involucradas (políticas, judiciales, penitenciarias, de los servicios de inteligencia, sociales, educativas y económicas).

Como señala Fernando Carrillo Florez esa visión integral debe incluir "el diseño e implantación de observatorios del crimen y la violencia; el diseño de campañas para enfrentar algunos de los factores de riesgo conducentes a la violencia, como el abuso del alcohol, el uso de drogas y el porte de armas; las intervenciones para la recuperación de espacios urbanos deteriorados; la profesionalización y modernización de los cuerpos policiales; la creación y adaptación de estaciones de policía para atender de forma más adecuada a las víctimas de violencia doméstica. Los programas de acceso a la justicia constituyen reales herramientas de descentralización del servicio público de la justicia".

Todo ello sin olvidar que "la tendencia de la criminalidad a globalizarse exige enfoques y estrategias transnacionales y regionales" y que debe evitarse el falso dilema entre "represión" o "prevención" pues en determinados casos habrá que utilizarlas paralelamente y, en otras ocasiones, privilegiar la una o la otra.

* Rogelio Nuñez es Doctor en Historia de Iberoamérica.
Miembro del Observatorio de Seguridad y Defensa de América Latina (OSAL).

Fuente: http://www.revistatenea.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias_5148_ESP.asp (Modificado)

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