Juicio por las pasteras

Editorial I del Diario La Nación
Los errores del anterior gobierno en el manejo del diferendo con Uruguay privan a la Argentina de argumentos en La Haya
Durante la segunda audiencia oral por la construcción de la planta de celulosa de Botnia en Uruguay, la Argentina no encuentra argumentos sólidos para justificar lo que está reclamando en la Corte Internacional de Justicia de La Haya: que la instalación de las plantas de celulosa es contaminante y que se ha realizado en violación del Estatuto del Río Uruguay.

Nuestro país intenta desarrollar argumentos que, aun siendo valederos, no contrarrestan el histórico error político y ambiental cometido cuando en marzo de 2004 la cancillería argentina aceptó, mediante acuerdo con su par uruguayo, la instalación de las plantas y un genérico plan de monitoreo. En el convenio se mencionaban las coincidencias alcanzadas por ambas partes en el marco de la Comisión del Río Uruguay (CARU), es decir, la comisión creada por el mismo tratado que luego la Argentina alegaría que fue violado. Sin duda, ello significa que, justamente en el marco de ese tratado, nuestro país aceptó la instalación de las plantas de celulosa.

Como ha ocurrido tantas veces, y sigue ocurriendo (basta el ejemplo del veto presidencial a la ley de glaciares), el tema ambiental no ha sido ni representa una preocupación seria en nuestro país, excepto cuando puede ser utilizado como un instrumento al servicio de una política elemental. En 2003 y 2004 no se procuró el cumplimiento de una adecuada evaluación de impacto ambiental.

En 2006 el entonces presidente Néstor Kirchner respaldó a los vecinos de Gualeguaychú que realizaban el corte del puente internacional por oponerse a la instalación de las papeleras, y en un discurso para la tribuna criticó a Uruguay y pidió que se paralizaran las obras de construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos. Días después, la Argentina demandó al país vecino ante La Haya por la supuesta violación del Tratado del Río Uruguay. En ese momento existían en nuestro país por lo menos diez papeleras que volcaban efluentes mucho más contaminantes que los que generaría Botnia.

Ahora, en la segunda audiencia en La Haya, la Argentina argumenta que Uruguay nunca tomó las medidas necesarias para "asegurarse de que el lugar elegido para Botnia era el apropiado" o que "Uruguay tendría que haber considerado otras alternativas para el emplazamiento de la planta". Se trata de argumentos razonables, incluso para un lego, pero, sin duda, inoportunos. La Argentina debió preverlo antes de prestar su consentimiento. Esto no significa desconocer que el procedimiento de aprobación de las plantas fue, por lo menos, precario.

Hoy, sin duda, se siente un gusto amargo, como consecuencia de un manejo inadecuado de los temas ambientales y de una clara torpeza política: no se cuenta todavía con un esquema normativo para la toma de decisiones en problemáticas transfronterizas. Tampoco se ha asegurado un verdadero acceso a la información ambiental, derecho fundamental reconocido en las leyes de ambos países. Se trata de un elemento esencial para que exista una auténtica participación republicana, y que en el caso de las papeleras hubiera permitido vislumbrar los conflictos sociales ocurridos y considerar la eventual "relocalización" de la planta de Botnia antes de su construcción. Los reclamantes, cada vez más solos, se han convertido mucho más en ofuscados y olvidados entorpecedores del tránsito que en defensores del ambiente. Por su lado, el Gobierno, durante casi cuatro años, ha dejado en manos de una diezmada asamblea vecinal las relaciones exteriores de nuestro país.

¿Será ambiental nuestro problema? ¿Tienen quienes nos conducen capacidad de pensar, más allá de lo coyuntural, que las futuras generaciones de argentinos y uruguayos están en juego?

¿O será que, definitivamente, en ningún campo podemos alcanzar un futuro integrador?
Como hemos subrayado en esta columna, sería ejemplar que quienes nos representan iniciaran un diálogo razonable conforme al espíritu de hermandad que siempre nos ha unido con el Uruguay donde no haya vencedores ni vencidos y donde haya, por lo menos, una lección aprendida: el modo de considerar los emprendimientos que pueden afectar nuestros recursos naturales requiere un proceso de toma de decisiones más idóneo, que no dependa de la discrecionalidad de un funcionario por más alto que sea su rango.