Falta de radares en el Norte

Editorial II del Diario La Nación
El gobierno nacional es responsable de no haber radarizado la frontera con Bolivia y Paraguay, permitiendo así el narcotráfico
La falta de radares en el norte de la Argentina mantiene nuestro espacio aéreo sin ningún control que frene a las organizaciones criminales que desembarcan drogas aprovechando esta increíble carencia.

A este serio problema se han referido con absoluta claridad y una alta dosis de preocupación tanto la justicia de Salta como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En una acordada sin precedente en la historia judicial de la provincia, la Cámara Federal de Salta solicitó a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura de la Nación que gestionaran ante "los poderes públicos con injerencia en el tema" que se instalen radares en la frontera norte "que permitan identificar los vuelos de aeronaves que presumiblemente transportan la droga de la República de Bolivia".

A su vez, y en respuesta al planteo de la justicia de Salta -respuesta, cabe acotar, sumamente veloz-, la Corte Suprema, por medio de su presidente, Ricardo Lorenzetti, solicitó al Ministerio de Justicia medidas urgentes para combatir los vuelos clandestinos que trafican estupefacientes desde Bolivia. El reclamo salteño tiene su origen en una presentación del juez federal Leonardo Bavio. El magistrado observó que los últimos 867 kilos de clorhidrato de cocaína secuestrados en el departamento de Anta en tres operativos durante julio último "fueron descubiertos por una circunstancia azarosa", ya que la droga había sido arrojada desde el aire en aviones que volaban por las noches.

A raíz de ello, el juez Bavio señaló la gran falencia técnica en la lucha contra el narcotráfico y, calificando la situación como delicada, reclamó a la Cámara Federal salteña que se radarizara la frontera con Bolivia. Solicitó, además, una política criminal en materia de narcotráfico que responda a la modalidad de los vuelos clandestinos.

El tráfico de drogas no es un hecho nuevo en Salta. El 16 de junio pasado, el diario local El Tribuno señalaba que seis organizaciones internacionales se encontraban operando en Salta y Santiago del Estero, traficando estupefacientes con avionetas que arribaban con marihuana desde Paraguay y con cocaína desde Bolivia. Además, denunciaba la existencia de decenas de pistas clandestinas y resaltaba que la Fuerza Aérea solamente contaba con el equipamiento para controlar y ordenar el tránsito aéreo comercial, remarcando que para detectar vuelos ilegales se necesitaban radares militarizados.

En aquella oportunidad, la senadora nacional por Salta Sonia Escudero señaló: "Es absolutamente inexplicable que nuestra región no cuente todavía con la radarización del espacio aéreo. Principalmente, debido a la frontera con Bolivia, por donde ingresa la cocaína". Asimismo, la legisladora destacó que esto obedece a una falta de decisión política del gobierno nacional para realizar las inversiones necesarias para proporcionar los equipos y la infraestructura. "Después de seis años de este gobierno -agregó-, no se ha dado respuesta para combatir el tráfico aéreo en Salta y Santiago del Estero, que en definitiva es luchar contra el flagelo de la drogadicción."

El 14 de octubre de 2004 se aprobó el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. Entre los fundamentos de su decreto de origen merece destacarse el párrafo que señala: "Dado el incremento que ha tenido la actividad de vuelos ilícitos a nivel mundial y más específicamente a nivel regional, relacionados con el contrabando y el uso del medio aéreo como elemento terrorista, se hace imprescindible poder contar con radares y sistemas que realicen un control efectivo del aeroespacio, de manera de proteger el tránsito aéreo en el ámbito nacional, el desarrollo nacional y la seguridad de sus fronteras".

La instalación de radares es uno de los problemas que requieren la máxima atención de las autoridades nacionales, toda vez que forma parte del esquema de seguridad nacional y constituye una poderosa herramienta en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional, compromiso que la Argentina ha adquirido a través de la firma de los tratados de las Naciones Unidas que previenen y reprimen esos ilícitos.

Es indispensable que el gobierno nacional brinde a la mayor brevedad un detallado informe sobre el avance en la construcción y adquisición de los radares previstos en el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, y también un cronograma de entrega de éstos y las razones de los atrasos. No pueden invocarse razones económicas que expliquen la deuda del Gobierno en la lucha contra la droga, porque el Estado nacional, entre muchas otras erogaciones, ha podido distraer fondos para hacerse cargo de la televisación gratuita de los partidos de fútbol. ¿Será entonces, como señaló la senadora Escudero, falta de decisión política? ¿O, en realidad, se trata, a la inversa, de la decisión política de permitir el narcotráfico?

Fuente: Diario La Nación