Polémica en la Justicia por el traspaso de los tribunales a la ciudad de Buenos Aires

Por María Julieta Rumi - LA NACION

La Asociación de Magistrados anticipó que se opondrá a la medida que fue acordada ayer entre la Casa Rosada y el gobierno porteño.

El ministro Garavano saluda a Rodríguez Larreta, ante la mirada del presidente Macri y del ministro Ocampo. Foto: DyN / Alberto Raggio.

El acuerdo de transferencia de una parte de los tribunales nacionales a la ciudad de Buenos Aires generó una importante polémica en el ámbito judicial. El presidente Mauricio Macri firmó ayer el convenio de traspaso con el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , y de inmediato, esa decisión fue cuestionada por la Asociación de Magistrados. La determinación de la Casa Rosada debe ser ratificada por el Congreso y aprobada luego en la Legislatura porteña. Sin embargo, la entidad que agrupa a jueces y fiscales anticipó su posición de hacer una presentación en la Justicia en caso de que el tema siga adelante.

"La Constitución no le dio a la Ciudad la facultad de tener su propia justicia, sino de ocuparse de cuestiones menores, porque no se habla de administración de justicia como en otras provincias. Nos oponemos al traspaso desde 1994. No sé qué hará el Congreso, pero si lo aprueban recurriríamos a la Justicia", dijo María Lilia Díaz Cordero, presidenta de la Asociación de Magistrados.

En cambio, el presidente del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, Enzo Pagani, tiene una visión diferente: "El artículo 129 de la Constitución estableció el carácter autónomo de la Ciudad y permitió que tuviera su propia constitución y tres poderes, si bien lo de la justicia es paulatino. Hoy la Justicia de la Ciudad sólo tiene dos fueros. Ahora se suman competencias penales, como los robos y hurtos, y la verdad es que no estamos inventando nada. Pasa en las otras provincias. No puede ser que hoy un juez de la Ciudad sea elegido por legisladores provinciales".

En tanto, el subsecretario de Justicia de la Ciudad, Jorge Enríquez, agregó que, por el llamado fallo Corrales, la Corte Suprema exhortó a las autoridades al traspaso de los tribunales ordinarios a la órbita de la Ciudad. "Es importante que la ciudad de Buenos Aires tenga una justicia cercana, con contenido oral, que privilegie a la víctima y no al expediente", indicó Enríquez.

Competencias porteñas

El ex ministro de Justicia Jorge Vanossi también se inclinó en favor de la transferencia judicial: "La ley Cafiero fue muy restrictiva al punto que hasta hace poco la policía seguía siendo la Policía Federal. Todo parece indicar que en la reforma del 94 estaba la voluntad expresa de que se ampliaran las competencias de la Ciudad".

Díaz Cordero, en cambio, afirmó que el trabajo judicial se verá afectado con el traspaso a la Ciudad: "Creo además que no es bueno para el ciudadano. Se va a ver resentida la atención: con la misma cantidad de personas se van a tener que hacer más cosas, los juzgados nacionales van a incrementar su tarea".

Más allá de la posición de esa entidad, que emitió un comunicado en rechazo al acuerdo, la transferencia de funciones judiciales también dividió las opiniones entre los funcionarios del Poder Judicial. "No se debe caer en reduccionismos a la hora de plantear este tipo de debates. El denominado traspaso comprende varios fueros y organismos, cada uno con distintas realidades y necesidades. Es evidente que el mayor o menor éxito del proceso estará en cabeza de los equipos técnicos a cargo de la planificación: si se lo ejecuta de manera eficiente y razonable, no hay razón para temer escenarios apocalípticos", dijo Ernesto Ahuad, secretario de la Justicia Nacional del Trabajo.

Por otro lado, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sebastián Picasso tuvo una visión menos optimista: "Creo que hay problemas constitucionales serios más allá de si la ciudad es provincia o no. Los jueces tiene inamovilidad y eso garantiza la independencia. Eso impediría que los transfieran a Ciudad". Otro actor que analizaba ayer la situación de la firma del convenio es el gremio de empleados judiciales, cuyo titular, Julio Piumato, aseguró: "Vamos a ver si tomamos medidas. Siempre estuvimos abiertos al diálogo, pero nunca nos convocaron".

Del editor: ¿qué significa? A diferencia de lo ocurrido con el traspaso de la Policía Federal, las objeciones judiciales pueden frenar una reforma.