Por Maia Jastreblansky - LA NACION
En Vialidad funciona la Unidad de Ética y Transparencia, a cargo de las auditorías.
La gestión de Cambiemos en la Dirección de Vialidad fue una de las que más denunció la mentada "herencia recibida". Se trata de un organismo que, por sus características, tiene oficinas en los lugares más remotos del país. Y que, en los últimos años, quedó sembrado de sospechas de corrupción.
El caso más resonante fue el que involucró a Santa Cruz, por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial para favorecer a Lázaro Báez . Pero en 2016, Vialidad recibió casi 100 denuncias anónimas por presuntas maniobras espurias de funcionarios y agentes vinculados a las obras públicas viales en diferentes distritos.
En abril pasado, el Gobierno creó la Unidad de Ética y Transparencia (UET) de Vialidad. Se trata de una "oficina móvil" de la Oficina Anticorrupción (OA), integrada por cinco personas que trabajan en auditorías internas. Ese equipo, tal como reveló LA NACION, ya recibió 96 denuncias anónimas de presuntos actos de corrupción en distintos puntos del país.
Muchas denuncias fueron desestimadas, pero en 59 oportunidades se efectuaron investigaciones sobre la base de los casos reportados, que dieron lugar a sumarios internos y suspensiones de funcionarios que todavía trabajan en Vialidad, sin goce de sueldo durante el proceso de auditoría. "El espíritu es hacer las denuncias para que se investigue, sea quien sea la persona implicada", aseguraron desde la dependencia.
La provincia con más denuncias fue Santa Cruz: hubo 23 casos reportados mientras la Justicia avanza con la megacausa por el direccionamiento de la obra pública a Báez, que ya tiene 12 procesados, entre otros a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex ministro de Planificación Julio De Vido. Le siguen Misiones (15 denuncias), Neuquén (12 casos), Catamarca (11) y Corrientes (10).
Además del caso por presunta documentación trucha en la provincia de Buenos Aires, la UET de Vialidad hizo otras dos denuncias penales.
Una de las causas se abrió en Comodoro Py tras detectar desvíos de fondos con las expropiaciones para la ampliación de la autopista Presidente Perón, continuación del Camino del Buen Ayre.
Según fuentes oficiales, se detectó que familias de bajos recursos que vivían en lugares a expropiar vendieron sus inmuebles a presuntos testaferros de los agentes de Vialidad. Luego eran estos nuevos propietarios los que recibían las indemnizaciones millonarias del Estado. El juez Rodolfo Canicoba Corral investiga el caso.
Otra de las denuncias de la UET fue por una obra en Formosa donde descubrieron pagos millonarios por trabajos no realizados. Los responsables fueron denunciados por negociaciones incompatibles y falsedad ideológica en certificados de obra en un caso que lleva el juez Marcelo Martínez Di Giorgi.
El Gobierno tiene pensado replicar la experiencia de la UET de Vialidad en otras dependencias. Según manifestaron fuentes de la Oficina Anticorrupción a LA NACION, se iniciaron conversaciones con varias agencias del Gobierno, como la Aduana, el Senasa y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), donde hay sospechas de irregularidades.
"Este tipo de asesoramiento es la mejor forma de prevenir la corrupción y atacarla desde adentro", dijo la titular de la OA, Laura Alonso.
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