Por Fernando Gamiz | Para LA NACION
Director del área de Fraudes, Investigaciones y Disputas de BDO
En el caso de la FIFA, según ha trascendido, parte de las coimas y manipulación de adjudicaciones se convinieron en la sede de la Concacaf en Miami. Mucha evidencia habría sido obtenida durante el allanamiento de la misma. Además se utilizaron cuentas bancarias en EE.UU., y seguramente comunicaciones telefónicas y electrónicas. Los delitos se cometieron en EE.UU.
Aplicaron entonces la Ley RICO, que viene del inglés Racketeer Influenced & Corrupt Organizations Act. En castellano se traduciría como Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales. Promulgada en 1970, su objetivo era combatir a la mafia. Terminados los tiempos de la mafia, la ley empezó a ser aplicada al mundo de los negocios.
Las actividades ilegales que pena son, entre otras: violaciones a leyes estatales contra el juego, asesinato, secuestro, extorsión, robo, cualquier acto de soborno, falsificación, fraude, obstrucción de justicia, lavado de dinero, malversación de fondos de sindicato, quiebra fraudulenta o fraude en acciones.
La ley prevé condenas a prisión hasta 20 años y aun mayores. El condenado debe también ceder los bienes derivados de la actividad ilegal y estará sujeto a pagar hasta tres veces el monto de los daños causados, incluyendo el costo de los abogados y multas.
La ley se aplicó en algunos casos destacados: a miembros de la mafia, la Major Baseball League, el Departamento de Policía de Los Ángeles, Departamento de Policía de Key West, funcionarios públicos de Lousiana, financistas y abogados, y empresas privadas, entre otros. La clave: todos fueron considerados una organización criminal.
Agregado:
Esta ley es codificada bajo el Capítulo 96 del Título 18 del Código de Estados Unidos, que se ocupa de delitos federales y del procedimiento penal. En el momento de su promulgación, el Congreso tenía como finalidad eliminar los efectos negativos de la delincuencia organizada en la economía estadounidense. La ley fue impuesta, según el gobierno norteamericano, a fin de desarticular "organizaciones" ilícitas como la mafia y los cárteles criminales. No obstante, desde que comenzó a ser implementada, su campo de acción ha sido más amplio de lo previsto y es aplicada a cualquier acto o amenaza que implica el homicidio, el secuestro, las apuestas, blanqueo de dinero, conspiración para traficar con narcóticos, obstrucción de la justicia, el incendio, el robo, el soborno, la extorsión, el tráfico de material obsceno o la negociación de una sustancia controlada o química.
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