Insostenible desborde del gasto público

Editorial I del diario La Nación
A pesar de que la presión impositiva ha crecido de forma exponencial, no ha podido cubrir la desmesura estatal, catapultando el déficit a niveles inadmisibles
 
El inédito aumento del gasto público observado en los últimos diez años no encuentra parangón en la historia argentina. Hasta 2003, el nivel de gasto estatal, sumando la Nación, las provincias y los municipios, oscilaba alrededor del 30 por ciento del producto bruto interno. En 2015, se estima que superará el 45%. A pesar de que la presión impositiva también ha crecido muy notablemente, no ha podido cubrir aquella desmesura y el déficit se ha catapultado a niveles insostenibles.

La última comunicación oficial referida a la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2015 no ha hecho más que encender las luces de alarma. El gasto acumulado del primer trimestre creció un 40% comparado con el del mismo período del año anterior, muy por encima de la inflación real y con más razón de la dibujada por el Indec. Supera también la pauta presupuestaria asignable al primer trimestre del ejercicio sin que se hayan hecho públicas todavía las observaciones de los organismos de control.

El Poder Ejecutivo debería aportar toda la información que permita identificar las causas del desborde, y el Congreso Nacional y la Auditoría General de la Nación deberían reclamársela. El retraso de casi tres meses en dar la información convierte los excesos y desvíos en hechos consumados y probablemente irreversibles. Sólo uno de los tres poderes de la República, el Ejecutivo, parece tener la atribución de decidir discrecionalmente haciendo caso omiso de una ley emanada del Congreso, como lo es la de presupuesto. De esta forma, lamentablemente la ley de leyes es cartón pintado.

El gasto en jubilaciones y pensiones está creciendo a un ritmo del 45% anual, impulsado por la incorporación de más de 400.000 nuevos beneficiarios que se acogieron a la última moratoria previsional. Debe recordarse que las jubilaciones son incrementadas automáticamente en marzo y en septiembre de cada año, según una fórmula que considera los aumentos salariales y la recaudación de seguridad social. De no haberse dictado aquella moratoria el crecimiento de este rubro de gasto no hubiera superado el 35%.

No sólo aumentó sensiblemente el número de jubilados. También lo ha hecho el de empleados públicos a un ritmo nada desdeñable. Para sustentar un crecimiento nominal de 40% del gasto en remuneraciones y teniendo en cuenta los aumentos salariales, la cantidad de empleados del Estado nacional debe haberse incrementado en los últimos doce meses en aproximadamente 27.000 personas. El ritmo de incorporación, teniendo en cuenta las bajas por jubilaciones y renuncias, fue del orden de 3500 nuevos empleados públicos por mes. Probablemente, la mayoría de estos nombramientos lo haya sido con personas elegidas por su filiación política oficialista. Es de público conocimiento el avance de jóvenes de La Cámpora en los distintos estamentos del gobierno nacional.

Los subsidios al transporte y la energía constituyen otro de los rubros en expansión. Esto ocurre a pesar de la morigeración de los consumos por la situación recesiva, y de la disminución del precio internacional del gas licuado. También han contribuido al desborde del gasto los mayores aportes a empresas estatales deficitarias, como es el caso de Aerolíneas Argentinas y Aysa. Deben también considerarse el costosísimo programa Fútbol para Todos y el desmadre de la publicidad oficial.

El déficit financiero del primer trimestre, luego del pago de intereses y sin considerar los aportes al Tesoro del Banco Central y de la Anses, alcanzó a 70.989 millones de pesos.

La proyección anual, teniendo en cuenta la tendencia y el mayor desequilibrio esperado en la última parte del año, superaría los 320.000 millones, equivalentes a un 6 por ciento del PBI. Hay que remontarse a fines de los ochenta para encontrar un nivel de déficit de esta magnitud.

Por otro lado, hay evidencias de retrasos en los pagos a proveedores, obligaciones judiciales incumplidas, atrasos en las transferencias a provincias y la conocida situación de default frente a la sentencia de los tribunales de Nueva York.

La grave situación fiscal no es, por lo tanto, una presunción, sino que surge de la propia información oficial. Ya no es suficiente decir que constituirá un desafío para el próximo gobierno, sino que es lo es y, urgente, para el actual..