La Argentina es un caso “gasífero” excepcional, ya que la mitad del consumo energético es cubierto con este hidrocarburo. El gas satisface apenas la cuarta parte del consumo mundial energético; en Estados Unidos, 27 y en Brasil, 9 por ciento. Claro que hay unos pocos países (Qatar, Argelia, Emiratos Árabes, Irán y Rusia) donde el gas cubre más de la mitad del consumo e incluso supera el 60 por ciento, pero hay una diferencia: estos países tienen reservas gasíferas que superan los 100 años de producción.
En Argentina esta relación reservas-producción es inferior a los 8 años, o sea que somos un país muy dependiente del gas y con pocas y declinantes reservas . Entre 2003 y 2010 las reservas cayeron un 46 por ciento. Por cada metro cúbico del gas extraído en estos años la nueva exploración repuso apenas la cuarta parte, el 75 por ciento restante mermó el stock acumulado con esfuerzos previos.
Ha sido una formidable descapitalización, que no llegó a ser registrada por ninguna medición del PBI. Por esto no debe sorprender que la producción gasífera venga cayendo mes a mes desde el año 2004; lo que llama la atención es la tardanza en reconocer esta realidad.
Vale la pena considerar los cambios en la composición accionaria de YPF que contribuyeron a esta decadencia productiva. En febrero del 2008 se concreta una insólita operación por la cual un grupo español-australiano le compra, sin aportar dinero, el 14,9 por ciento de las acciones de YPF al accionista mayoritario. Esta inusual operación se financia totalmente por el accionista mayoritario y varios bancos, más la generosa distribución de utilidades acumuladas anteriormente. El contrato dice que “el comprador es una sociedad española cuya actividad principal es la inversión, gestión y administración de valores, títulos, bonos y acciones “, es decir, nada de hidrocarburos.
Además se expresa: “El comprador está íntegramente participado por Petersen Energía PTY Ltd., sociedad constituida de conformidad con las leyes de Australia”, es decir, nada de “argentinización”.
El contrato es muy generoso con los accionistas, porque establece que “las partes acuerdan distribuir en forma de dividendo el 90 por ciento de las utilidades de la compañía”. Este valor es muy alto en la industria petrolera, ya que distribuir excesivamente dividendos conspira con el esfuerzo inversor. Por eso el promedio de dividendos en efectivo en la actividad petrolera mundial es de apenas el 30 por ciento de las utilidades; en el trienio 2008-2010 (con aprobación del director por el Estado) YPF distribuyó el 142 por ciento.
Es cierto que se trata de un acuerdo privado, pero el caso es que el contrato imponía una condición adicional que establecía que “la compraventa queda sujeta a la siguiente condición resolutoria: (i) la no obtención dentro del plazo de 12 meses desde la fecha de este contrato de la autorización a la compraventa por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ya sea en forma expresa o en forma de un reconocimiento por escrito, emitido por la Secretaria de Comercio Interior de Argentina …”.
Esto significa que el Gobierno no objetó este contrato, cuando debió hacerlo , si se hubiese preocupado por la evolución de la producción, y convalidó un contrato que apuntaba inexorablemente hacia el agotamiento de las reservas.
La buena noticia es que por primera vez en los últimos nueve años se reconoce, nada menos que desde la Presidencia de la Nación, el retroceso energético. Hasta ahora el relato significaba saludar el incremento del consumo, pero excluía la posibilidad de enfrentar la persistente reducción de la producción y las reservas por la evaporación de la inversión.
Esperemos que este tardío reconocimiento de la realidad permita diseñar ahora una nueva política energética que sea capaz de movilizar nuestros abundantes recursos gasíferos. Transformarlos en reservas utilizables exige otra agenda política , que apunte no a estimular como hasta ahora costosas importaciones sino a incrementar nuestra producción.
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