El gobierno nacional ha sumado al ya existente drama de la inseguridad el drama de su utilización política y ha puesto en marcha un peligroso juego en el que la policía y los ciudadanos son simples rehenes. Mientras tanto, para complicar aún más el panorama, se conocen nuevos graves casos de corrupción en la Policía Federal.
El Ministerio de Seguridad de la Nación comunicó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que había retirado a la Policía Federal de la custodia de edificios y predios porteños, aunque luego aclaró que esa medida se concretará el 6 del mes próximo. En el gobierno de la ciudad sostienen que se encontraron prácticamente con el hecho consumado, mientras que la cartera a cargo de Nilda Garré afirma que la medida fue comunicada con bastante anticipación.
El argumento para el retiro de unos 1400 agentes que cumplen el servicio adicional de custodios de sitios públicos es que esos efectivos se destinarán a la lucha contra la inseguridad. El problema radica en que la flamante Policía Metropolitana no cuenta con personal suficiente para reemplazar a los agentes federales.
No caben dudas de que la medida, más allá de las razones técnicas que puedan esgrimirse en su favor, obedece principalmente al claro objetivo de generarle un grave problema al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en plena etapa preelectoral. También es cierto que Macri pecó de ingenuo cuando creyó que el kirchnerismo le transferiría la Policía Federal, con lo cual se vio demorado el nacimiento de la Metropolitana.
Lo que resulta inadmisible es que en este juego de presiones del gobierno nacional sobre el porteño, la ciudadanía quede prisionera mientras ve disminuir el ya escaso nivel de seguridad del que goza.
El otro peligro que entraña la medida dispuesta entronca con el alto nivel de corrupción que se registra en la Policía Federal. Si bien este preocupante fenómeno data de hace por lo menos una década y media, no es menos cierto que ha ido aumentando. Los agentes que cumplen el servicio adicional y que dejarán de prestarlo dentro de un mes perciben un sueldo neto de alrededor de 3500 pesos, que se ve duplicado con lo que ganan por ese servicio. Significa que, dentro de un mes, pasaría a ganar la mitad, lo cual representaría otro problema.
Pocos días atrás, el Ministerio de Seguridad informó que había dispuesto el desplazamiento de sus cargos de 37 comisarios de la Policía Federal tras analizar sus legajos. Casi al mismo tiempo se conocieron los detalles de una megacausa contra 12 comisarías en la que se investiga a 90 policías por dar protección a prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires.
La ministra Garré ha puesto de manifiesto su decisión de combatir la corrupción policial, un fenómeno complejo que, según explicaron a La Nacion varias fuentes policiales, también se vincula con la política y su financiamiento ilegal. El desplazamiento de los 37 comisarios con legajos insatisfactorios será una medida puramente voluntariosa si no es seguida por una purga más amplia que incluya la separación de varios subcomisarios.
Fuentes policiales informaron que, cuando existe corrupción en una comisaría y el responsable es el comisario, éste no actúa en soledad, sino con la complicidad de alguno de los dos subcomisarios y de algunos suboficiales, generalmente encargados de recaudar el dinero por otorgar protección a prostíbulos muchas veces encubiertos o a comercios legales que, en caso de negarse a pagar la "protección", sufren asaltos. Parte de ese dinero -que también provendría de la "liberación de zonas" para que la delincuencia pueda actuar- quedaría en poder del comisario y de sus subordinados involucrados, pero el resto de la suma subiría en la escala jerárquica a lo largo de lo que se conoce como "la línea".
Una reforma a fondo de la Policía Federal contribuirá a un mejor combate de la inseguridad y del crimen. Lo mismo sucederá con una mayor presencia policial en las calles. Pero la reforma policial debe realizarse con seriedad y profundidad, sin afanes publicitarios y sin limitarse a meras purgas que en realidad sólo son pases a disponibilidad o enroques de cargos.
Y en lo que hace a la ola de inseguridad, jamás puede usarse este flagelo, del que son responsables las autoridades, como pretexto para poner en jaque a un dirigente de la oposición que puede significar un obstáculo para una posible reelección presidencial.
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