Entre las numerosas señales de involución de estos años en la Argentina, una de las más elocuentes es la restricción a la libertad de expresión. Esa limitación no se ejerce sólo a través de las distintas modalidades de hostigamiento oficial a periodistas y medios de comunicación independientes. Desde el seno del Gobierno, se ha construido y se alimenta un aparato de difusión y propaganda cuyo funcionamiento constituye una agresión al pluralismo.
Ese dispositivo está integrado por el sistema estatal de medios de comunicación y por una red paraoficial de empresas periodísticas que se solventa con recursos del Estado. El cometido principal de esos periódicos, radios, canales de TV, portales de Internet, con los que se alinea la agencia estatal Télam, es realizar la apología del Gobierno y, sobre todo, injuriar a aquellos a los que el kirchnerismo identifica como opositores. En muchos casos, los contenidos de las publicaciones o transmisiones son elaborados y provistos por los servicios de inteligencia del Estado.
Esa comparsa informativa se presenta a sí misma en la categoría de "periodismo militante". El concepto define para la prensa la misión de embanderarse en la disputa del poder, poniéndose al servicio de un proyecto político partidario. Esta manera de entender el periodismo y su papel en la sociedad puede ser discutible, sobre todo por aquellos que ven en el espíritu crítico contra cualquier expresión del poder la esencia de la prensa. Aun así, ha sido honrada por una larga tradición. En América latina tuvo su mejor momento durante el siglo XIX, pero sobrevivió en la centuria pasada sobre todo a través de algunas publicaciones partidarias o confesionales, que se reivindican como la expresión de un punto de vista. En Europa, la misma tradición se mantuvo vigorosa hasta nuestros días.
El uso que el kirchnerismo viene haciendo de este modo de entender el oficio periodístico supone una falsificación. La "prensa militante", cuando constituye un engranaje del Estado, es prensa autoritaria. Muy sencillo: los recursos de los contribuyentes jamás deben ser puestos al servicio de un proyecto de facción. Y es éste el vicio en que incurre de manera cada vez más escandalosa el actual oficialismo.
Las manifestaciones de esta desviación son innumerables. Basta observar la pantalla de Canal 7 y advertir cómo su dirección periodística se ha convertido en una central de propaganda. Algo similar sucede con la agencia estatal de noticias.
La utilización de los espacios de publicidad monopolizados por el Estado durante las transmisiones de fútbol son otra muestra de la misma irregularidad: se han convertido en una incesante campaña publicitaria del partido oficial, que va desde la divulgación de estadísticas de obra pública hasta la mistificación de la figura del fallecido Néstor Kirchner. Esta dimensión propagandística es, sin embargo, accesoria, frente a la permanente descalificación de los adversarios de la gestión oficial o de los que la critican.
El uso del sistema de medios estatales para la defensa del oficialismo se basa en un criterio que fue defendido de forma explícita por el ministro del Interior, Florencio Randazzo, hace pocos días. "Los medios públicos están al servicio del Gobierno", dijo el ministro. Esa interpretación hunde sus raíces en las experiencias más agresivas para el sistema democrático: desde el fascismo de Benito Mussolini hasta el comunismo de Fidel Castro, pasando por el stalinismo, todo empeño autoritario estuvo acompañado de un proyecto periodístico estatal.
La confesión de Randazzo expresa una pretensión inconfesable del Gobierno: la de convertir al oficialismo en una voz dominante, capaz de arrinconar toda interpretación de la vida pública que suponga una lectura crítica respecto de quienes ejercen el poder. Mussolini lo dijo mejor que Randazzo en su discurso a los periodistas del 10 de octubre de 1928: "En un régimen totalitario, la prensa es un elemento de ese régimen, es una fuerza puesta al servicio de ese régimen".
La democracia argentina se debe a sí misma un nuevo régimen de medios de comunicación públicos, que garantice la pluralidad de voces y el equilibrio de los criterios del Gobierno con los de la oposición. Un sistema de esa naturaleza sólo puede funcionar si se lo sustrae de la dependencia del Poder Ejecutivo y se lo somete al estricto control del Congreso. La reforma a la ley de radiodifusión impulsada por la Casa Rosada pasó a años luz de esta agenda.
Si la tendencia a asfixiar cualquier disonancia es siempre grave, en un año electoral se vuelve más peligrosa. Sobre todo, porque la lucha por conservar el poder puede acentuar esa propensión. Ya está sucediendo: la reglamentación de la ley electoral elimina el derecho de los partidos a divulgar con libertad sus ideas, ya que los deja a merced de la publicidad que les asigna el Estado. En cambio, el Gobierno no se impone restricción alguna respecto de la propaganda oficial ni del uso de la cadena nacional. Esa reglamentación achica aún más el cerco que el kirchnerismo ha tendido sobre la libre circulación de los mensajes en la Argentina.
Para que no queden dudas sobre la orientación que ha ido tomando el oficialismo en los últimos meses, autoridades de la Universidad Nacional de La Plata otorgaron un premio a uno de los máximos enemigos de la libertad de expresión en América, Hugo Chávez, por sus aportes al periodismo y a la comunicación. Y casi al mismo tiempo el director de la Biblioteca Nacional quiso censurar la participación de Mario Vargas Llosa en la Feria del Libro.
Ante estas inquietantes señales, conviene recordar la advertencia del filósofo Theodor Adorno, cuando sostuvo que "una de las desviaciones de las que más debe cuidarse toda democracia es de su tendencia secreta a convertirse en dictadura".
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