El ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, aseguró ayer en Washington que su país firmará con EE.UU., «posiblemente» este viernes, un polémico acuerdo militar a diez años, pese a las críticas que éste provocó en muchos países de la región. Silva hizo el anuncio durante una conferencia de prensa en la que ofreció un balance de los logros de su visita de dos días a Washington, la primera que realiza desde que asumió el cargo el pasado 7 de agosto. Según Silva, el acuerdo será signado el viernes en Bogotá con el embajador estadounidense, William Brownfield.
La firma se realizará después de que el Gobierno colombiano recibió el «concepto» que por disposición constitucional dio el Consejo de Estado, máximo tribunal del país, sobre el acuerdo. El Consejo propuso que el pacto, cerrado el pasado 14 de agosto, fuera sometido al Congreso, pero el Gobierno de Álvaro Uribe afirmó que el «concepto» no era vinculante y, de cara a los comicios legislativos y presidenciales de 2010, quiso evitar demoras en su firma.
El ministro de Defensa aseguró que las autoridades colombianas siguieron un proceso «muy cuidadoso» de negociación del acuerdo que no ofrece nada «novedoso» y simplemente formaliza la cooperación en materia de seguridad regional entre ambos países. El acuerdo permitirá que Estados Unidos utilice hasta siete instalaciones militares en Colombia para la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. Entre las instalaciones figura la base de Palanquero, para la cual el Congreso de EE.UU. ya ha autorizado 46 millones de dólares, una inversión que será destinada a la ampliación de una rampa, la construcción de hangares y otras obras de infraestructura. Con este acuerdo, Estados Unidos compensa la decisión de Ecuador de no renovar el pacto para el uso de la base militar de Manta, en el Pacífico. Silva afirmó que la única forma de combatir al narcotráfico y el crimen organizado es la «cooperación eficaz» entre todos los países, y citó como ejemplo que Colombia está capacitando a 1.500 policías mexicanos en su combate contra los narcos y las bandas criminales.
El acuerdo es rechazado por Venezuela, Brasil y otros gobiernos de la región, que lo califican como una injerencia de Washington. El Gobierno de Hugo Chávez, en particular, cree que el pacto oculta propósitos bélicos de EE.UU. El tema motivó una cumbre extraordinaria de la UNASUR, en Bariloche, el pasado 28 de agosto. También generó discordia dentro de Colombia, dado que algunos líderes de la oposición consideraron que el acuerdo convertía a ese país en punta de lanza de la expansión estadounidense. Silva no hizo comentarios sobre los detalles del acuerdo, en particular, sobre la inmunidad que, según adelantó la revista colombiana Cambio, mantendrán los militares y contratistas estadounidenses en Colombia y que data de 1974. Según la revista, las autoridades de Washington mantuvieron la postura de que ese tema «no es negociable».
Las leyes estadounidenses imponen una presencia máxima de 1.400 militares en suelo colombiano, entre asesores y contratistas. Por otra parte, Silva calificó de «innecesaria» la carrera armamentista en la región, al afirmar que no sólo es un camino «equivocado», sino «innecesario en cuanto a la seguridad regional». Silva se reunió el lunes con el secretario de Defensa de EE.UU., Robert Gates, y con la directora interina de la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA), Michelle Leonhart.
Fuentes: Agencias EFE, Reuters, AFP y DPA - ambito.com
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