Villa 31: todo sigue igual

El gobierno nacional se desentiende de la situación del asentamiento, alentada por oscuros intereses políticos
La villa de emergencia 31 y su hermana menor, la 31 bis, han vuelto a tener cabida en las informaciones cotidianas. Esta vez, habitantes de esos conglomerados poblacionales, ubicados en la zona porteña de Retiro, tomaron por asalto un predio ferroviario con el propósito de ocuparlo e instalarse dentro de él, lo cual demuestra que sigue latente una situación harto conflictiva, cuyo desenlace es imprevisible y preocupante.

Aún están frescos los cortes de la autopista Presidente Illia, realizados hacia fines del año último por grupos contestatarios afincados en aquel lugar. Ahora, alrededor de 300 habitantes de la vasta villa se movilizaron durante el primer fin de semana de este recién nacido 2009 e ingresaron en una playa de maniobras ferroviarias ubicada entre las terminales de ómnibus y de la ex línea San Martín. Los invasores comenzaron a demarcar lotes, supuestamente cotizados entre 100 y 700 pesos, con la indebida pretensión de comenzar a edificar viviendas.

Frustró esa conquista ilegal la eficaz intervención de la Policía Federal, que, por fin, se hizo pronto eco del requerimiento de las autoridades locales. Hubo conatos de resistencia, a pedradas y botellazos, que lastimaron a cinco agentes de esa institución. Una vez consumado el desalojo, fue incendiado un galpón del ferrocarril, donde, según se supo, habría estado depositada la papelería en desuso que manos solidarias recolectaron en beneficio del hospital Garrahan.

Vista la reiteración de estos episodios, cabría inferir que sus actores, quienes volvieron a enarbolar el estandarte del estado de necesidad, no se mueven exclusivamente por inspiración propia. Los instigan, en cambio, entidades gremiales y organizaciones sociales de reconocida tendencia ideológica, que medran con la interesada pasividad del gobierno nacional. Tanto es así que otros vecinos de la villa no tuvieron empacho en expresar públicamente su oposición a esa toma compulsiva.

Es cierto -nadie podría negarlo- que en nuestra ciudad y en los principales centros urbanos de todo el país hay una añeja y penosa carencia de viviendas al alcance de las posibilidades de compra o alquiler de los sectores más postergados de la sociedad. Pero ni siquiera esa hiriente realidad, exacerbada por la indeterminación expuesta por sucesivos gobiernos llegada la hora de buscarle remedio eficiente, alcanza a justificar la comisión de acciones que, como ocurre con la usurpación, están expresamente inscriptas en la legislación penal vigente.

Sería práctico y útil profundizar sobre la intencionalidad de quienes estimulan la supuestamente ingenua creencia de que la necesidad tiene "cara de hereje" y por eso es factible ponerle punto final tomando posesión, por las buenas o por las malas, de la propiedad ajena. Mientras el gobierno porteño está actuando, en la medida de sus posibilidades, para llegar a acuerdos que permitan empezar a desenmarañar la intrincada situación de las villas 31 y 31 bis, conspiran contra la convivencia y la paz social esos tejes y manejes de los sectores que, en lugar de favorecerlos, tratan de tornarlos inviables, por conveniencias políticas o con la solapada finalidad de promover conflictos destinados a alterar el orden y el debido respeto por la integridad de nuestras instituciones.

Fuente: Editorial II - Diario La Nación