Tres objetivos para mejorar la seguridad en 2018

Por Daniel Gallo - LA NACION - @DanielHGallo

Toda consulta de opinión pública establece a la inseguridad como una de las preocupaciones centrales de la sociedad. Pero los partidos políticos también conocen que en el momento de los votos ese tema no define una elección. Es un problema que se gestiona, con aciertos y errores, pero queda relegado frente a debates económicos. Las iniciativas sobre seguridad pública quedan enseguida marcadas por ideología. Raro, al menos, porque el delito golpea en forma transversal sin preguntar de qué lado de la supuesta grieta se ubica cada víctima. Un año sin elecciones puede ser un buen momento para conseguir acuerdos amplios y fijar posiciones concretas en este campo. Y si se pudiese elegir metas a alcanzar en 2018 podría definirse una serie de objetivos a trabajar como prioridades. Para comenzar, hay tres puntos que deberían tomarse en cuenta.

Motochorros: Se trata de una de las modalidades del delito que está en crecimiento. En los primeros seis meses de 2017 se registraron 4986 asaltos en los que el atacante utilizó una motocicleta en la ciudad de Buenos Aires. Esa cifra señala que los motochorros protagonizaron el 15 por ciento de los robos sufridos por los vecinos porteños. Proporciones similares se puede encontrar en otros distritos. Podrá pensarse que ese 15 por ciento es una cantidad poco significativa como para iniciar un plan concreto sobre esa modalidad del delito. Sin embargo, evitar que 5000 vecinos sean afectados por motochorros cada semestre es un desafío a tomar en cuenta. En una de las reuniones realizadas el año pasado por los ministros de Seguridad de todo el país se definió a los motochorros como uno de los problemas a solucionar en lo inmediato. Pero esa decisión de las áreas de seguridad de cada provincia no pudo ser implementada. Algunos retrocedieron frente a marchas convocadas por quienes utilizan las motos como herramienta de trabajo, otros vieron los números de venta de motos y optaron por no perjudicar a ese comercio. Lo cierto es que nadie se animó aún a poner límites a la circulación de dos personas en una motocicleta. Así se contuvo a los motochorros en Colombia cuando allá causaban estragos. No poner un freno rápido a los motochorros volverá imposible bajar las tasas del delito urbano. Debería tomarse como objetivo prioritario.

Narcomenudeo: Los récord anuales de capturas de drogas son importantes. Y los decomisos por parte de las fuerzas federales van en aumento. Interceptar los cargamentos en las fronteras y rutas es un buen apoyo a la lucha contra el narcotráfico, aunque no seca el mercado. La realidad argentina necesita un enfoque especial en el microtráfico. La violencia asociada con la comercialización de drogas tiene su origen en el narcomenudeo y no en la presencia pasiva de carteles internacionales, interesados en mantenerse fuera de los conflictos callejeros. Hoy el problema mayor se ubica alrededor de los puestos de venta de droga. Para muchos jueces se trató de un tema menor, un simple punto de partida para las investigaciones en procura de dar con la red de abastecimiento. Entonces, crecieron los quioscos de droga, tomados como salida laboral en territorios liberados. El Observatorio de la Deuda Social, que depende de la UCA, estableció que en los últimos seis años aumentó 40 por ciento el narcomenudeo. Y se trata en ese caso de un objetivo estratégico. El ascenso económico del narcovendedor es observado por adolescentes como un real y posible crecimiento social en barrios tomados por el negocio de las drogas. Así las bandas tendrán disponibles recursos humanos y la violencia callejera lejos de contenerse contará cada vez con más soldaditos para extenderse. Las acciones en ese caso deberían ser veloces con tribunales que entiendan que en ese quiosco está el riesgo concreto y que cerrarlo de inmediato es una ayuda más efectiva a la sociedad que entusiasmarse en largas investigaciones en busca de un cabecilla que nunca se atrapa.

Libertades anticipadas: Mantener el beneficio de reducción de penas por buen comportamiento es una forma de control interno de la población carcelaria. Y la falta de lugar de alojamiento también contribuye a que los tribunales prefieran tener fuera de las rejas a la mayor cantidad posible de detenidos. Demasiados casos en 2017 demostraron que el sistema no funciona. La puerta giratoria esteriliza cualquier esfuerzo de políticas públicas de seguridad, porque mantiene en las calles a la misma cantidad de delincuentes. En ese caso la Justicia debería tener un profundo debate interno sobre su rol. Y ese cambio de paradigma tendría que ser guiado por la Corte Suprema. Así se hizo cuando se decidió tratar el problema de las agresiones a las mujeres. La Corte creo una oficina particular para ese tema, generó talleres y sin necesidad de una acordada estableció mediante mensajes públicos un criterio de eliminación de antiguos atenuantes que ningún juez hoy desafía. Modificar los actuales criterios frente a otros delitos sería una colaboración trascendente de la Justicia en la actual situación de emergencia en seguridad.