Por Alexis Di Capo - Informador Público
El juez federal Sergio Torres procesó al ex intendente de Almirante Brown y diputado nacional Darío Giustozzi, en una causa en la que se investiga la construcción de un sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales en Claypole que, pese a estar finalizado, se determinó en la investigación que no funciona. El juez dictó el procesamiento sin prisión preventiva por el delito de administración fraudulenta y le trabó un embargo de 3.000.000 de pesos.
La maniobra investigada relacionada con las obras en Claypole comenzó en 2009 y finalizó en 2015. Esas obras en el municipio de Almirante Brown quedaron bajo observación cuando el juez Torres se hizo cargo, por orden de la Corte Suprema de Justicia, de la supervisión y control de los trabajos para proveer de agua potable y cloacas en el plan de saneamiento de la cuenca del Riachuelo-Matanza. El juez detectó irregularidades, hizo la denuncia y le tocó por sorteo a su juzgado.
La realización de las obras como las investigadas está a cargo de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), de la provincial Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa).
Una de las irregularidades halladas en la investigación es que las obras se hicieron argumentando que sería parte del plan director que estaba a cargo de AySA, pero en realidad no lo era ni había sido avalado por esa empresa estatal. Además, desde el 2011 -la obra había empezado tiempo antes- estaba prohibido hacer sistemas desvinculados en el área de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Para la construcción investigada, el municipio no pidió autorización de la Autoridad del Agua (ADA), órgano que funcionaba en la órbita del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. Se evitó gestionar la declaración de impacto ambiental ante el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires y se avanzó en la realización del proyecto pese a que se sabía que no contaban con la aprobación de AySA, cuyo respaldo era indispensable e ineludible; tampoco fue avalado por la Agencia de Planificación (APLA) un entre tripartito de Nación, Ciudad y Provincia que debía analizar las obras.
También se detectó que se falsificó documentación para acreditar aspectos técnicos y de viabilidad ambiental, como la necesaria autorización de AySA, y con eso lograron justificar el financiamiento del Enhosa.
El juez señaló en su procesamiento que “el suceso bajo pesquisa concluyó en un resultado de perjuicio concreto, consistente en que se realizó un Sistema -conformado por una planta de tratamiento y un colector cloacal- que por sus deficiencias técnicas, inconsistencias constructivas, defectos de diseño e implementación y otras demás falencias estructurales, conllevaron a que sea una obra inútil, inhábil e imposible de ser puesta en funcionamiento”.
Los sospechosos del Riachuelo
Pero lo más importante de este caso es su inminente multiplicación. Giustozzi no tiene hoy peso político y su mandato vence a fin de año, dejando de contar con fueros. Pero -de acuerdo a fuentes de la justicia federal- el “modelo Almirante Brown” de defraudación al Estado se replicaría en casi todos los municipios de la cuenca del Riachuelo-Matanza. Por ejemplo, otro caso similar sería el de Berazategui, donde su intendente Patricio Mussi (ultra-K) habría construido para uso del municipio el primer edificio inteligente de la zona, con fondos que originariamente habrían destinado a la provisión de cloacas.
Muchos de estos emprendimientos de cloacas fallidas o directamente no construidas habrían sido avalados por informes de impacto ambiental firmados por técnicos del ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo) un organismo que ya había ingresado en la lista de entidades investigadas durante la recordada gestión de la Secretaria de Medio Ambiente de Néstor Kirchner, Romina Picolotti. Operadores políticos de varios municipios de la cuenca refieren que docenas de camionetas último modelo de la ACUMAR fueron utilizadas para hacer campaña electoral en el 2015 por el Frente para la Victoria. Volviendo a las cloacas cuyos fondos federales desaparecieron en el camino, una fuente asegura que situaciones semejantes a las de Almirante Brown golpearían a Jorge Ferraresi (Avellaneda), el ex intendente de Lanús Darío Díaz Pérez y Mario Secco, alcalde de Ensenada, aunque también podría tocarle lo suyo a una gestión que mucho tiene que ver con el Riachuelo, la de Martín Insaurralde en Lomas. Todos los mencionados son cristinistas y algunos ultracristinistas.
En todos los casos, aun cuando se habrían construido parcialmente, las cloacas nunca habrían cumplido su finalidad de descargar en el Riachuelo o el Río de la Plata y, en el mejor de los casos, se usarían para descargar a cielo abierto, con los perjuicios sanitarios que ello implica. Ahora, en la nueva era de transparencia judicial, muchos barones del conurbano -que carecen de fueros- correrían el riesgo de no terminar su actual mandato
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