Quiere investigar si hubo irregularidades en las licitaciones y contratos para arreglar el submarino.
La Oficina Anticorrupción abrió una actuación administrativa para definir si iniciará una investigación sobre presuntas irregularidades en las tareas de reparación de media vida del submarino ARA San Juan. El organismo a cargo de Laura Alonso comenzó a evaluar una auditoría de la SIGEN con cuestionamientos al proceso de compra de las baterías de la nave y el archivo de una causa en la que se denunciaban “manejos espurios” en el mantenimiento y reactivación del submarino.
De regreso de un viaje oficial a Londres, donde mantuvo reuniones con agencias gubernamentales del Reino Unido, Alonso resolverá esta semana si la OA llevará adelante una investigación. Antes, adelantaron fuentes del organismo, requerirá más información de la que ya tiene en análisis. Aun así tanto desde ese ámbito como desde el Poder Ejecutivo coincidieron en aclarar que, en caso de probarse hechos de corrupción vinculados al mantenimiento del submarino, no implicarán una causa de su desaparición dado que el análisis no comprenderá los aspectos técnicos vinculados a la nave.
Entre los datos en estudio de la OA aparece una auditoría de la SIGEN de mayo de 2016, con cuestionamientos a los procedimientos para la reparación de media vida y el recambio de baterías del submarino, por presuntos desvíos y demoras en los planes trazados, de acuerdo con lo que publicó La Nación, lo que provocó la pérdida de la garantía.
También la causa archivada por Norberto Oyarbide en 2010, como contó Clarín, en la que se investigaban otras supuestas irregularidades en las reparaciones. Fue a partir de una denuncia del suboficial José Oscar Gómez contra el almirante Jorge Godoy -ex jefe de la Armada- y otros integrantes de la fuerza, a los que acusó de supuestos “manejos espurios”, sobreprecios y evasión de controles de aduana, entre otros hechos. A su vez información del ministerio de Defensa, que no llegó a la OA y será uno de los pedidos que hará, también daría cuenta de un incumplimiento de los procedimientos administrativos para la reactivación de la nave y el direccionamiento de las compras para favorecer a determinados proveedores.
El organismo ya se presentó como querellante en dos causas contra funcionarios del ministerio de Defensa, por denuncias vinculadas a las campañas antárticas, una durante la gestión del peronista Arturo Puricelli y otra en la del radical Julio Martínez. A su vez tanto Martínez como Aguad habrían advertido sobre presuntas irregularidades en las obras sociales de las Fuerzas Armadas, aunque hasta el momento no hubo avances en la investigación.
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Fuentes de la OA aseguraron que en caso de abrirse el expediente sobre el mantenimiento del ARA San Juan no estará vinculado a la causa de su desaparición, en tanto que de comprobarse irregularidades en los procesos de licitación y compra no permitiría deducir una influencia en el accidente y la eventual explosión registrada en la jornada del último contacto de la nave.
Altas fuentes del Gobierno coincidieron con esa mirada y Enrique Balbi, vocero de la Armada, desestimó un problema con el recambio de las baterías. “Todo lo que es el estado operativo, informe de reparaciones de media vida, hace dos años, está debidamente documentado”, dijo ayer, e indicó que habrá una presentación ante la jueza federal Marta Yañez: “Con el tema de las baterías, lo que se recicla son las carcasas, lo demás es nuevo: los insumos, bordes, cableado, plomo, electrolitos. Los insumos son provistos por una empresa desde Alemania y cada vez que se activaron hubo un procedimiento con ingenieros alemanes. Todo el proceso de activación y carga de las baterías está debidamente documentado".
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