Frente a un drama como el representado por el submarino ARA San Juan, estimamos útil examinar sus causas profundas. A esto se dirige este artículo.
El 29 de junio de 2017, Infobae publicó que el 21 de junio de este año la Fábrica Argentina de Aviones encargada de la prestación de horas de vuelo a la Fuerza Aérea Argentina en los aviones entrenadores Grob 120 TP, adquiridos hace tres años, había resuelto suspender el servicio por falta de pago, por no contarse con los fondos que permitieran la adquisición de repuestos. El 19 de octubre, Clarín informó sobre la caída de uno de los referidos entrenadores, logrando salvarse los dos pilotos.
En un artículo publicado el 30 de Agosto de 2016, el instituto hindú IDSA recordaba que en 2012 tres buques argentinos habían experimentado problemas debido a falta de mantenimiento y error humano, y que en 2014 el encallamiento del submarino Santa Cruz (TR 1700, gemelo del San Juan) había revelado que el mantenimiento del casco era pobre.
La publicación británica UK Defence Journal señaló el 7 de setiembre de este año que las tripulaciones submarinas (argentinas) a pesar de beneficiarse de una reciente modernización (del San Juan) necesitan al menos 190 días de práctica submarina y en 2014 sólo pasaron 19 horas sumergidas.
En su edición de 2017, The Military Balance señalaba que en el caso argentino, las capacidades operacionales habían declinado por una falta de inversiones y una erosión general de las prácticas de mantenimiento.
Esta serie de ejemplos sirve para hacer evidentes los efectos de una inadecuada distribución de erogaciones que desde 1993 hasta hoy -24 años- caracteriza al presupuesto de defensa y que lo hace insustentable, de entre el 80 y el 85% en personal, entre el 10 y el 15% en funcionamiento (mantenimiento, combustible, adiestramiento) y entre el 5 y el 0% en equipamiento. En relación con el PBI, entre 1996 y 2016 ha oscilado entre 1,2 y 0,8%.
Por otra parte, a partir del año 2002 comenzó a producirse un crecimiento en el número de oficiales de alta graduación en las Fuerzas Armadas, que los llevó a un número superior al que tenían en 1983, cuando el número de personal militar era más del doble del actual. Así, en la Fuerza Aérea, se pasó de 211 comodoros para un efectivo total de 21.903 en 1983, a 525 comodoros en 2014, para una Fuerza con un efectivo total de 12.907. Esta circunstancia –la gran proporción de oficiales de alta graduación- ha influido decisivamente en el monto representado por los gastos en personal. Además, ha determinado una profusión de estructuras burocráticas.
Es bajo el presupuesto de defensa para Argentina. Es preciso incrementarlo. Pero también hay que tener en cuenta que con una suma menor, Perú mantiene tres escuadrones de cazabombarderos de cuarta generación y una flota de un crucero, 6 submarinos, y 7 fragatas, con un número de personal militar mayor. Es que Perú gasta mejor. Con mayor gasto, Chile es un ejemplo de eficacia y eficiencia en la materia.
Recientemente se ha hecho un esfuerzo importante por reequipar a las Fuerzas Armadas a través del Decreto 595/2017, por aproximadamente 800 millones de dólares, la compra de equipamiento militar más importante desde la recuperación de la democracia. Pero paradójicamente, tal inversión no va a mejorar sensiblemente las (in)capacidades militares del país, por tratarse de equipamiento redundante y útil mayoritariamente para tareas de naturaleza policial. La moraleja es clara: no se trata de gastar satisfaciendo pedidos.
Aquí no hay Fuerzas Armadas víctimas de una dirigencia política irresponsable. Quienes han formulado política de defensa en el país –con puntuales excepciones- son corresponsables junto con las sucesivas conducciones de las Fuerzas Armadas en la aplicación de una política en la cual, por espacio de un cuarto de siglo, la casi totalidad del gasto correspondía a personal, con una excesiva proporción de oficialidad de alta graduación, mientras que el adiestramiento y mantenimiento recibían una suma insuficiente, y no se compraba material.
Esto explica la actual situación. Así, Argentina tiene una gran proporción de material aéreo inoperable, a menudo canibalizado por falta de repuestos, barcos con mantenimiento insuficiente, personal con pobre adiestramiento, plataformas sin armamento adecuado. En suma: gastando más de cinco mil millones de dólares en defensa, su capacidad operativa es nula.
Es necesario reestructurar a las Fuerzas Armadas, restableciendo adecuadas proporciones entre los grados e incrementando tropa; contar con unidades completas; crear reservas; modernizarlas y reequiparlas, para cumplir su misión primordial de defensa del país; actualizarlas doctrinariamente, restablecer máximos estándares de mantenimiento y adiestramiento.
Todo eso es posible, pero no puede ser confiado exclusivamente a las Fuerzas Armadas. Confiar a las Fuerzas Armadas su propia reestructuración fue el primer paso hacia el actual desastre. Se requieren también técnicos capaces sin estado militar, auténticamente independientes de aquéllas. En el país existen. Sólo hay que ponerlos a trabajar. También es imprescindible el consejo y el trabajo de aquéllos militares –muchos y buenos- que quieren salir de esta situación.
Argentina todavía está a tiempo de hacerlo. Pero ese tiempo no será eterno.
José Manuel Ugarte es Doctor en Derecho y profesor de la UBA, especialista en Defensa. Corredactor de las Leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior.
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