LPO - El ministro podría ser denunciado en la justicia por evadir controles al transferir obras a un sociedad anónima.
El Gobierno no le encuentra la vuelta al derecho administrativo para acelerar la ejecución de las obras públicas. Por eso, como adelantó en exclusiva LPO, anunció una reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos con el objetivo de disminuir la burocracia y, a principio de mes, autorizó la fusión de dos empresas públicas de energía para agilizar la construcción de infraestructura.
En esta fusión, las represas de Santa Cruz -que gracias a este decreto volvieron a llamarse Cóndor Cliff y La Barrancosa- pasaron del régimen de licitaciones al de sociedades anónimas, lo que las eximiría de los controles y las auditorías del procedimiento administrativo. Por esta razón, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren fue advertido acerca de la ilegalidad de esta resolución.
Una advertencia similar le habían realizado a Guillermo Dietrich los trabajadores de Vialidad Nacional con la creación de una sociedad anónima paralela, Corredores Viales S.A., con funciones superpuestas. De hecho, en el Congreso le pidieron explicaciones.
A Aranguren, la advertencia le llegó por la fusión bajo el nombre de Integración Energética Argentina S.A. (Ieasa) que hizo que Energía Argentina S.A. (Enarsa) absorbiera a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (Ebisa) -una empresa a cargo de la energía generada en centrales compartidas con países limítrofes como Salto y Yaciretá-. Por ende, esta nueva Enarsa tiene a su cargo la comercialización de la energía eléctrica proveniente de los aprovechamientos binacionales e interconexiones internacionales.
Además, con este decreto 882/2017 el Ministerio de Energía le transfirió en carácter de comitente las obras públicas hasta entonces a su cargo. Este es el quid de la cuestión: las obras que habían sido licitadas y otorgadas bajo un régimen, al pasar a estar a cargo de la nueva sociedad anónima cambian de régimen. De considerarse esta una maniobra para eludir los controles que establece la Ley de Procedimientos Administrativos, a Aranguren, firmante e impulsor de este decreto, podría caerle una denuncia penal.
No son solo las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, las obras transferidas también incluyen la Central Térmica Río Turbio, el Gasoducto Regional Centro II -Esperanza/Rafaela/Sunchales; el Gasoducto Sistema Cordillerano/Patagónico; Gasoducto Cordillerano y el Gasoducto de la Costa.
A su vez, Integración Energética Argentina quedó a cargo de la concesión de las centrales hidroeléctricas ex Néstor Kirchner y Gobernador Cepernic, y quedó autorizada a privatizarlas "mediante licitación" al igual que el Ministerio quedó facultado a vender, cesionar o transferir todos aquellos proyectos en los que el Estado no sea el socio mayoritario con el objetivo de hacerse de capital con el que afrontar el desarrollo de nuevas obras públicas vinculadas a la generación de energía.
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