Representantes del Gobierno y de empresas hicieron una presentación en Washington para volver al Sistema General de Preferencias, que prevé rebajas de aranceles. Cruces por las patentes y la propiedad intelectual.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con Mauricio Macri en la Casa Blanca, el 27 de abril pasado. Foto: EFE
La presentación duró unos 80 minutos, con tono "profesional", entre exposiciones, preguntas y respuestas, en uno de los edificios de la decisiva US Trade Representative de los Estados Unidos, en el centro de Washington. Fue el tiempo que tuvieron funcionarios y empresarios argentinos para pedir la vuelta del país al Sistema General de Preferencias (SGP) norteamericano, que permite la exportación de productos a ese país con aranceles rebajados. El beneficio, que incluía más de 300 productos, fue cortado a mediados de 2012, segundo gobierno de Cristina Kirchner, entre otras cosas por no pagar en el CIADI sentencias millonarias contra el Estado argentino.
En el último año en que rigió el SGP para Argentina, se habían exportado unos 400 millones de dólares a través de este sistema. Una porción pequeña para un comercio bilateral que supera los 24.000 millones de dólares, según datos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AMCHAM), una de las expositoras. La resolución sobre el tema, sin fecha, depende del informe técnico de la USTR, pero, remarcan aquí en Washington, son decisiones que pasan sí o sí el filtro del presidente Donald Trump. Los productos incluidos en este sistema, en promedio, pagan aranceles de 4 a 8 puntos, contra el resto que puede abonar entre 23 y 28.
Si bien el clima en la reunión fue sin mayores tensiones, las preguntas de los representantes del gobierno de Estados Unidos (había funcionarios del Departamento de Estado, Salud, Agricultura y Trabajo, entre otros) reflejaron la preocupación de la administración de Trump por un reclamo histórico norteamericano: las patentes y la propiedad intelectual. La mayoría de las dudas y cuestionamientos estuvieron relacionados con estos rubros.
Es un tema sensible para empresas norteamericanas radicadas en Argentina, como Monsanto (biotecnología vinculada básicamente al agro) o Pfizer (medicamentos). Y está incluido entre los requisitos-filtro que prevé el SGP. Además, acaso haya sido, según pudo reconstruir Clarín, el punto en el que la representante del Gobierno argentino (Miriam Chaves, de Cancillería) dejó más dudas sobre el trabajo y la voluntad de nuestro país en resolverlo. También el CEO de Amcham, Alejandro Díaz, reconoció en su discurso la falta de avances en este sentido en los últimos años.
Sí el Gobierno parece haber avanzado en los otros puntos que EE.UU. requiere para estar dentro del programa. Además de haber pagado los juicios del CIADI, ser un país en vías de desarrollo, luchar contra el terrorismo y correr las barreras para exportar e importar productos, sobre todo desde Estados Unidos.
La resolución de Trump sobre el SGP no tiene fecha. Funcionarios y empresas argentinas esperan que sea este año. Y a favor, claro. A fines de 2016, había esperanza del Gobierno argentino en volver a tener los beneficios arancelarios y, sin embargo, el cambio de color político (la derrota demócrata) hizo que Barack Obama, a punto de dejar el poder, suspendiera decisiones de este tipo y las dejara para su sucesor.
La relación bilateral con Estados Unidos pasa por un momento particular. Por un lado, hay un apoyo público y verbal del gobierno norteamericano, en boca del propio Trump o el vicepresidente Mike Pence, que visitó la Argentina. Hablan a favor de Macri y de las transformaciones económicas que le reconocen. Pero, por otro lado, se sumaron trabas comerciales. La más emblemática e importante, la del biodiésel: el principal producto que exportaba Argentina a EE.UU., un negocio de 1.200 millones de dólares que quedó congelado desde que el gobierno de Trump decidió imponer aranceles de más de 50% por presión de sus productores locales.
Aquí en Washington hay dudas de la relación comercial de Estados Unidos con casi todos los países, sobre todo por las promesas proteccionistas que hizo el presidente en campaña. Se resumen con el eslogan "American First", priorizando a Estados Unidos y sus empresas, como un modo de promover el empleo en las zonas más castigadas de este país.
Según explican los expertos, Trump se olvidó de la multilateralidad y pasó a una relación "transaccional", bilateral, donde en cada negociación busca un beneficio directo para Estados Unidos. Un buen ejemplo de esa lógica, agregan los especialistas, fue cuando logró ampliar la exportación de cerdos de EE.UU. a la Argentina y a cambio decidió abrir la puerta a los limones de nuestro país.
Se cree que en el caso del biodiésel (se espera un respuesta estos días al pedido argentino de volver a los aranceles anteriores, más bajos, para al menos una parte de la producción) y el SGP podría operar esa lógica. El gobierno de Trump destrabará el negocio en tanto consiga algún beneficio directo para su país.
Por eso, en la exposición, además de firmas argentinas como Molinos y Arcor, también fue importante la exposición de representantes de empresas norteamericanas que importaban productos desde Argentina a través del SGP y se vieron perjudicados por el corte del beneficio. Explicaron que la traba a estas materias primas, entre otras cosas, les hizo perder competitividad a manos de compañías de China y Rusia y también los obligó a reducir empleos de Estados Unidos. Acaso el mejor argumento para convencer a Trump para que, además de tratar de "amigo" a Macri, tenga un gesto clave para los negocios de sus compatriotas.
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