El organismo recaudador rechazó varios pedidos del Grupo Indalo para financiar las deudas de sus firmas y lo notificó para que las regularice de inmediato. Es el último paso antes de iniciar nuevos reclamos judiciales.
Cristóbal López, cabeza del Grupo Indalo. Foto Emmanuel Fernandez
Lejos de los años de facilidades fiscales, Cristóbal López enfrenta otro revés de la AFIP: le fueron denegados un conjunto de planes de pago a los que el Grupo Indalo había buscado acceder para alivianar sus problemas financieros. La situación procesal del empresario K fue el principal obstáculo para obtener el plan para varias de sus firmas. Además, fue intimado a regularizar deudas fiscales.
En medio de los rumores de una posible venta de su multimedio, Cristóbal López busca reordenar sus finanzas. El problema es que "la bicicleta fiscal con la que se financiaba ya no la tiene", indicaron fuentes del gobierno a Clarín.
El dueño de Indalo tiene un cerco fiscal cada vez más grande. Tal como contó este diario, en el presente paga 24 veces más que con en el gobierno anterior del Impuesto a la Transferencias de los Combustibles (ITC): en 2016 pagó 3.150 millones de pesos, y en lo que va de 2017 ya lleva pagados 2.140 millones, contra los 128 millones que sólo abonó en 2015.
Recientemente, la AFIP le negó el ingreso al Grupo Indalo al plan de facilidades de pago conocido como “Plan Puente”, que permite a todos los contribuyentes regularizar las deudas hasta en 24 cuotas en el marco de la resolución 4099, "por un monto total superior a los 10 millones de pesos".
Realizados los controles de práctica y las causales de exclusiones previstas que indica la normativa de la AFIP, se "rechazaron dichos acogimientos" ya que las empresas se encuentran procesadas en varias causas penales por apropiación indebida de aportes y retenciones y en otra por defraudación contra la Administración Pública", señalaron fuentes oficiales a Clarín.
Cristóbal López está procesado por lavado de dinero y asociación ilícita junto a Cristina Kirchner en la causa Los Sauces. Pero el expediente económico más sensible en su contra es el que se encuentra bajo estudio en la Sala I de Casación: la deuda de 8.000 millones de pesos que generó con la AFIP durante el anterior gobierno por no pagar el ITC con la firma Oil Combustibles SA, empresa que presentó a concurso de acreedores.
"El concurso de acreedores de Oil fue bloqueado por la AFIP aportando pruebas de que la empresa no estaba en condiciones de presentarse al concurso y que su virtual insolvencia fue provocada dolosamente, mediante una maniobra de vaciamiento", indicaron fuentes oficiales a Clarín.
Con este escenario, y previo dictamen jurídico, se procedió a notificarles a López y a su socio Fabián De Sousa que habían sido rechazados, "poniendo fin a la bicicleta fiscal, renovando pagos y financiando su grupo con eso", explicaron fuentes oficiales.
La semana pasada se notificó a los dueños de Indalo a que regularicen el pago de las sumas adeudadas con los intereses correspondientes "bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales tendientes a su cobro", según confirmaron desde Indalo. Además, el ente recaudador los intimó por el retraso en el pago de la cuota del ITC, que es de 250 millones de pesos.
Al decidir le negativa al ingresar al plan de pagos, se aplicó el procedimiento de reclamo y apercibimiento: "es el mismo que se aplica a cualquier contribuyente que está en una situación judicial de similares características", señaló una fuente oficial al analizar la situación fiscal del empresario K.
Con números en rojo y sin facilidades fiscales como acostumbraba a tener durante la gestión anterior, el empresario K no oculta al interior de su holding los problemas económicos que comienza a tener para cubrir los gastos corrientes de sus sociedades. Hasta diciembre de 2015 no pagó el ITC y en paralelo obtenía Planes de Pago con los que "bicicleteaban la deuda a largo plazo", circuito al que se le puso final.
En marzo de este año, sólo logró ingresar a la moratoria fiscal un conjunto de empresas de medios de comunicación, del rubro petrolero y otras vinculadas a la producción. La cuota mensual era de 57 millones de pesos.
El empresario K además, enfrenta 13 denuncias iniciadas por la AFIP donde le reclaman 589 millones de pesos.
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