Imputan a abogados y médicos por fraudes a ART con accidentes de trabajo y enfermedades laborales

(Clarin.com) - Imputan a abogados y médicos por fraudes a ART con accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Los doctores simulaban discapacidades y conseguían acuerdos extrajudiciales. Hay nueve personas investigadas

Los accidentes laborales están bajando pero suben los juicios. FOTO JUAN MANUEL FOGLIA

El fiscal de la justicia provincial, Enrique Gavier, pidió hoy la elevación a juicio de la causa por presuntos fraudes a Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) mediante la simulación de discapacidades por enfermedades y accidentes laborales en la que están imputadas nueve personas.

Según fuentes judiciales, Gavier solicitó la elevación a juicio de la causa en la que están imputados cinco médicos, dos abogados y dos empleados hospitalarios por fraudes mediante la simulación de discapacidades por enfermedades y accidentes laborales, más el delito de asociación ilícita.

Los acusados son los abogados Marcelo Fernando y Oscar Alejandro Chiarini, imputados como jefes y organizadores de una asociación ilícita. También están acusados los médicos Daniel Eduardo Nates, José Eduardo Pacho, Hugo Mario Parente, David Javier Salvi y Oscar Alberto Visconti, quienes están imputados por estafa procesal continuada y de certificado médico falso reiterado en concurso real.

La acusación también alcanza a Mónica Rosana Oliva y Carlos Raúl Toranzo, empleados hospitalarios y delegados sindicales al momento de cometerse los hechos.

Los imputados están acusados de consumar falsedades documentales y fraudes procesales que causaron un grave perjuicio a las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) Liberty SA, Consolidar SA, Berkley International SA y Prevención SA, hechos ocurridos de 2008 hasta el 12 de agosto de 2010.

Según el diario especializado Comercio y Justicia, los abogados Chiarini, asesores de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), aprovechando el acceso a bases de datos de empleados de distintos nosocomios de la provincia de Córdoba, conseguían captar a clientes que eran empleados en relación de dependencia de los hospitales Italiano, Psiquiátrico de Oliva y de otros nosocomios y entidades o empresas relacionadas con la salud.

Toranzo y Oliva, por su parte, eran quienes colaboraban para "reclutar" a estos potenciales clientes.

Una vez contactados, los convencían de que tenían derecho a demandar indemnizaciones por supuestas enfermedades laborales y el siguiente paso era llevarlos al consultorio del médico Pacho, quien realizaba una entrevista al paciente y confeccionaba allí el primer certificado médico falso.

Posteriormente, los clientes concurrían al estudio jurídico de los imputados Chiarini, donde se firmaba la demanda y, una vez interpuesta en la Justicia, los abogados contactaban a las ART para ofrecerles un acuerdo por un monto sustancialmente menor al demandado y de esta manera conciliar al inicio del juicio.

Una vez aceptada la oferta, se confeccionaba un segundo certificado falso, al que se le otorgaba el valor de peritaje médico extrajudicial, en el cual se reducía el porcentaje de incapacidad consignado en el primer certificado.

El segundo certificado era confeccionado por los otros médicos acusados en la causa y luego de obtener las homologaciones de los acuerdos por parte de los distintos jueces de Conciliación, tanto las ART como los clientes debían pagar a los abogados los honorarios correspondientes.