Por Francisco Jueguen - LA NACION
Recomendó aplicar precios máximos; sospecha de cartelización
Entrar un gran barco con combustible o con insumos para la industria nacional al puerto local o sacarlo de allí con exportaciones cuesta en la Argentina el doble que en Chile o en Bélgica, e incluso puede llegar a valer el triple que en Estados Unidos. Con el objetivo de reducir el elevado costo argentino, el Gobierno se apoya en un oxímoron: para eliminar una posible cartelización y buscar más competencia pretende regular los precios de los servicios públicos de practicaje y pilotaje.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) recomendó ayer a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y a la Armada establecer tarifas máximas de esas actividades y servicios vinculados de acuerdo con estándares internacionales (con actualización periódica), hasta "que pueda existir competencia", según comentó ayer en conferencia de prensa el presidente de la CNDC, Esteban Greco, acompañado por el ministro de Producción, Francisco Cabrera; el secretario de Comercio, Miguel Braun, y el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge Metz.
La presencia en la mesa de Metz, una de las partes a las que apuntaban las recomendaciones de la CNDC, implica prácticamente que, más allá de consejos, la recomendación de la Comisión son líneas de acción que el Gobierno pondrá en marcha antes de octubre, "al final de la cosecha gruesa", según confirmó Metz.
Hasta los 90, los servicios de pilotaje y practicaje los brindaba la Prefectura. En esa década se privatizaron. "No estuvo bien regulado ni funcionó la competencia", calificó Greco. Según el estudio hecho por la CNDC, estos servicios tienen hoy problemas como "falta de competencia, barreras de entrada al mercado y presunta subordinación de la prestación de otros servicios portuarios". Incluso el sector, confirmó Greco, está bajo investigación por supuesta cartelización.
De la misma manera, la CNDC también recomendó la adopción de medidas para descartar "la posible configuración de barreras de entrada, que podría implicar el régimen de exámenes dispuesto para la habilitación de prácticos", y también de acciones que eviten "que se subordine la prestación de otros servicios portuarios o de ayuda a la navegación a la adquisición de servicios de practicaje y pilotaje de una misma empresa o una vinculada".
Los puertos relevantes para esta recomendación de la Comisión son los de los ríos de la Plata y Paraná y el de Bahía Blanca.
El 23 de marzo pasado, la CNDC había dictado la resolución 238/17, en la que ordenó a la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje que "se abstenga" de participar en la negociación de las condiciones comerciales de prestación de estos servicios. Les pidió además a las empresas negociar "individualmente". La sospecha es de cartelización.
Según Producción, se espera que las medidas generen reducciones de alrededor del 20% en los costos de estos servicios. Sólo por las importaciones de gas por barco, el Estado se ahorraría US$ 8 millones al año. Se prevé además una reducción de US$ 3 millones por año en Bahía Blanca, US$ 2,4 millones en el Río de la Plata y US$ 41 millones en el Paraná. Según cálculos oficiales, el costo de estos servicios puede alcanzar un 45% del total de los costos portuarios, por ejemplo en el Paraná.
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