Por Fernando Morales -Infobae.com
La denuncia de un grupo empresario, ya en manos de la Justicia, implicaría 80 viajes por año de barcos gaseros que habrían generado entre 2008 y 2014 72 millones de dólares
Millones de argentinos ignoran que el gas licuado llega al país… en barcos.
Se llaman, claro, barcos gaseros. Otros millones de argentinos suponen que esa operación es tan transparente como el gas. Error. No siempre…
Desde el 2008, el Estado (el país, todos nosotros) habría perdido una fortuna en dólares con cada cargamento. Y como siempre, un negocio a pérdida habría sido, para unos pocos, una ganancia tan ilícita como sideral.
Vamos a los posibles hechos.
La crisis energética que arrastramos es una vergüenza. Hace una década nos autoabastecíamos y hasta exportábamos gas… y ahora llevamos años pagándolo a precio de oro. Pero a río revuelto, pescadores alegres… En ese 2008, el gobierno de turno, a través del Ministerio de Planificación Federal (cabeza: Julio De Vido), puso en los puertos de Escobar y Bahía Blanca dos grandes barcos. Nombre: regasificadores. Tarea: inyectar gas metano en la red para abastecer a los hogares. En especial, la capital y sus alrededores.
¿Cómo funciona la operación? Esos barcos necesitan ser alimentados por otros más chicos: los gaseros. Esa tarea, grande, compleja y onerosa, instaló a la Argentina en el primer puesto del ranking mundial de clientes de empresas navieras que proveen gas. No es un mérito: es un barril sin fondo… Porque al precio del cargamento se agregan servicios: zarpada y atraque de barcos, remolque, tasas migratorias y aduaneras, practicaje y pilotaje, etcétera.
En el mercado naviero internacional, toda operación de un barco fuera del alcance de su empresa propietaria se hace a través de empresas locales. Se llaman agencias marítimas. Y aquí habría nacido el gran negocio denunciado por el grupo empresario Servicios Marítimos SA en la Oficina Anticorrupción (expediente 12514/16), que lidera Laura Alonso, quien luego pasó ese clavo ardiente al juzgado federal de Claudio Bonadío.
Laura Alonso lleva adelante la denuncia presentada por el grupo empresario Servicios Marítimos S.A. ante la Oficina Anticorrupción (NA)
Ese grupo empresario naviero maneja diversas operaciones: buques de carga, lanchas para transporte de personal, practicaje, remolque. Su cabeza es el capitán Miguel Doñate, el denunciante –primero de modo individual y dos meses después representado al grupo–, su CEO es Joaquín Salas, y sus oficinas están en Puerto Madero, donde Doñate fue entrevistado por Infobae, único medio que tuvo acceso a la denuncia y sus detalles.
La agencia cuestionada se llama Marítima Meridian. Desde su creación en 1985, es una típica empresa familiar. Su titular es Jorge Samarín, y los directores titulares sus dos hijos: Lucas y Matías. Que, según la denuncia, habría facturado, para un solo viaje 597.963 dólares (con 92 centavos). Viaje que se tomó como leading case de la que sería, presuntamente, una vasta maniobra ilícita, y que fue hecho por el barco gasero Exel.
Fuera de contexto, y para el público común, esa suma no es mucho ni poco dinero. Pero en contexto, sería un gravísimo asalto al Estado. Porque el contrato modelo que redactó la empresa de gas Enarsa para los vendedores de gas licuado fijó un tope, para toda la operación, de 60.000 dólares.
Diferencia a favor de la agencia Marítima Meridian: apenas 537.963 dólares, de los cuales una parte sustancial sería -según los denunciantes- non sancta. Importante: por contrato, toda suma mayor a 60.000 dólares sería absorbida por Enarsa.
Vamos llegando al presunto escándalo…
Porque según la denuncia, el sistema de facturación y cobro "se alteró en forma dolosa y con grave perjuicio para el Estado".
¿De qué modo? ¿Con qué trama? Vamos paso a paso…
El barco gasero llega a puerto, y la agencia marítima local contrata todos los servicios de llegada, estadía y zarpada. La suma promedio de esos servicios roza los 600.000 dólares por cada viaje. Según la frecuencia de los viajes, los prestadores de servicios ofrecen tentadores descuentos a sus clientes más fieles, que pueden llegar al 25%. Y es en este punto de la trama donde Marítima Meridian habría logrado una suculenta diferencia…
¿Cómo? Según el contrato de Enarsa (empresa nacional: no olvidarlo) con las proveedoras de gas, éstas no debían pagar por el costo de los servicios locales más allá de… 60.000 dólares.
¿Qué servicios? Portuarios de todo tipo. Si superaban esa cifra, la diferencia debía ser pagada por Enarsa… a través de Marítima Meridian. Que sobre esa base se habría ideado una astuta trama de corrupción…
¿De qué modo? Al final de cada viaje –y de ser cierta la denuncia–, Marítima Meridian le facturaba a las proveedoras navieras el total del costo operativo. Los cargos eran enviados a la agencia internacional Morgan Stanley, de Londres. Ésta los pagaba, depositaba el dinero en una cuenta de Marítima Meridian en el extranjero, y de inmediato le facturaba a Enarsa… toda suma que superara los 60.000 dólares de tope. Y Enarsa pagaba…
Pero Marítima Meridian, al parecer, se limitaba a pagar los importes netos… luego de deducidos los descuentos de premio a los clientes fieles.
Conclusión. Para un viaje tipo (el del barco Exel costó 597.963 dólares), entre lo pagado por Enarsa y lo realmente pagado por Marítima Meridian, la bonificación para ésta habría sido de 154.738 dólares (con 98 centavos).
El juez Claudio Bonadio investiga la causa que implicaría a Enarsa y Marítima Meridian (NA)
Para ponerlo blanco sobre negro, o viceversa: Marítima Meridian se habría embolsado dinero del Estado (de todos nosotros…). Una cifra pavorosa que no sabe qué destino final tuvo o a qué manos fue a parar. Punto crucial que hoy está investigando la justicia.
Entre 2008 y 2014, promedio, hubo 80 viajes al año. Multiplique, lector, 80 por 150.000 dólares (redondeando…). Sí: 72 millones de dólares.
Entre 2014 y 2015, por gestión de Axel Kicillof, Marítima Meridian perdió el control del puerto de Escobar. Sólo le quedó el de Bahía Blanca.
A partir del triunfo y el gobierno de Cambiemos, los ministros de Energía y de Transportes revisaron la oscura trama del negocio. Sospechando que uno de los focos de los sobrecostos eran los servicios de practicaje y remolque, Enarsa licitó el servicio de remolque, y contrató para ello a la empresa danesa Maersk.
Pero Maersk armó una UTE (Unión Transitoria de Empresas), recurriendo a su propia filial (Svitzer)… e increíblemente, ¡al grupo Marítima Meridian! Que de ese modo habría vuelto a manejar el mismo negocio anterior. Sólo cambió su nombre: hoy se llama Logística y Servicios. Y logró así el monopolio de la entrada y salida de barcos en ambos puertos.
Pero nadie tuvo en cuenta la ley 26659/11… que prohíbe a las empresas que exploran la existencia de hidrocarburos (petróleo, en fin) operar en cualquier zona del Atlántico Sur controlada por la administración británica, y prestar servicios en aguas argentinas por cuenta y orden del Estado nacional. Exactamente lo que hacía Maersk, la empresa elegida en la licitación por los ministros Guillermo Dietrich y Juan José Aranguren. Ambos sostienen que la ley es anacrónica. Pero es la ley (Dura lex, sed lex…)
Hasta ahora, la justicia contencioso administrativa mantiene interdictos los barcos de Maersk hasta que demuestre que no violaron esa ley.
Y nada fácil tarea le espera al juez Bonadío si decide desentrañar la madeja de los barcos gaseros. Madeja que, de confirmarse la denuncia en todos sus términos, se parece más a las turbias aguas del Riachuelo que al volátil, transparente, incoloro e imprescindible gas. El mismo que alguna vez nos sobraba…
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