Las bandas de la feria se asociaron con el Estado para tener impunidad

Por Matías Dewey - LA NACION

La Salada es el exponente de una economía tan ilegal e informal como necesaria para muchas personas por su oferta de empleos. La clase política hace rato que conoce sus beneficios. Intendentes, concejales, diputados, secretarios de comercio, gobernadores y hasta presidentes han financiado sus campañas y carreras políticas gracias a Jorge Castillo y a la economía que él representa.

En estos días, La Salada parece reducirse a un empresario detenido; el representante de un mundo que parece estar en otro planeta y no a metros de la Ciudad de Buenos Aires. Nadie parece muy interesado en averiguar cómo ese mercado ha perdurado tanto tiempo. Para empezar, habría que decir que la feria de La Salada es el "mercado central" de la indumentaria en la Argentina.

La Salada es el lugar al cual miles de talleristas informales de indumentaria llevan a vender lo que producen y otros miles, provenientes de todos los rincones del país, llegan a comprar para revender. La razón es simple: la mayor parte de las familias de las clases populares o medias argentinas no pueden afrontar los precios de la ropa producida legalmente. Eso es La Salada: un shopping de ropa de bajo costo que, gracias a extendidas redes de comercio, viste a gran parte del país.

Todos los partidos políticos, grandes y pequeños, peronistas y no peronistas han visitado las instalaciones de La Salada y han dejado que ésta se convierta en lo que es a cambio de votos y dinero.

Y los partidos gobernantes, tanto a nivel municipal como provincial y nacional han renunciado a su obligación de normalizar y formalizar esa economía a cambio de que La Salada genere puestos de trabajo informales, desaliente protestas y permita el acceso a la ropa a millones de personas.

Pero los socios del líder de La Salada no han sido únicamente políticos. Paradójicamente, quienes lo detuvieron, la policía bonaerense, han sido sus socios durante los últimos veinte años. Han sido las fuerzas de seguridad las que, hasta los últimos días, se dedicaban a coimear tanto a compradores como a fabricantes de ropa. Mediante esa metodología promovían la recaudación ilegal de dinero, que luego terminaba en manos de inspectores, comisarios, jefes de brigadas y del poder político.

Por todo esto, nada de lo que sucede en las dieciocho hectáreas que ocupan los mercados de La Salada se entiende sino se repara en la presencia ilegal del Estado municipal y de las fuerzas policiales. El orden instaurado dentro de esos predios es la contracara del comportamiento de inspectores municipales, policías y dirigentes políticos, tradicionalmente más interesados en retribuciones económicas que en hacer cumplir reglamentos y respetar derechos.

Negocios policiales

En 2013, un altísimo funcionario, luego de relatarme cómo iban a pedir dinero para campañas, señalaba la intendencia lomense y me advertía: "Allá, en La Salada, no se mueve un pelo si no dan la orden acá." En los pasillos de las ferias hay mesas de juego controladas por comisarios y legiones de policías recorren los pasillos buscando ropa falsificada y cobrando un impuesto ilegal. Hay grupos de las ahora famosas "mecheras" que trabajan con guardaespaldas y roban para policías.

Y entre todo esto, inspectores y policías ceden a barrabravas la instalación de estructuras metálicas, algo más de 2900 puestos externos, a cambio de una porción de los alquileres. Esa es, en resumidas cuentas, la lógica que ha instaurado el Estado en La Salada y sus alrededores: una constante liberación de zonas a cambio de una porción del dinero recaudado ilegalmente. La consecuencia de esto es tremenda: una incesante invitación a cometer delitos, a la formación de bandas que se asocian al Estado para delinquir.

No son las fuerzas policiales estatales aquellas que velan por la seguridad de los compradores y vendedores de La Salada sino los ejércitos de policías privados contratados por los líderes de las ferias. Ellos intentan instaurar un orden defectuoso ante un Estado que participa tercerizando sus obligaciones y recaudando ilegalmente.

La feria de La Salada está emplazada en Ingeniero Budge, distrito de Lomas de Zamora, una de las zonas más relegadas del país y a tan sólo un kilómetro de la capital del país. En esa zona del conurbano, la política y el Estado muestran su cara más despiadada y atroz: el índice de homicidios quintuplica al de la ciudad de Buenos Aires; prácticamente no existen los títulos de propiedad; el consumo de paco y cocaína es regenteado por la policía; no entran las ambulancias y apenas existe un hospital desvencijado; la policía detiene y encarcela ilegalmente a jóvenes; mujeres, hombres y niños adolecen de enfermedades extrañas y el agua suele estar contaminada.

Y sin embargo, aunque parezca inexistente, el Estado y la política están ahí, presentes, dirigiendo diariamente los destinos de miles de personas. Ambos han fomentado y aprovechado esta estructura de la que ahora se horrorizan y denuncian. Ambos han frecuentado a los líderes de las ferias que ahora parecen desconocer. Y ambos se espantan al enterarse de que existe "violencia de género" cuando en esa zona, como señala Javier Auyero y María Fernanda Berti, existe todo tipo de violencia.

Este es el contexto en el cual, para bien o para mal, La Salada se ha convertido en la única posibilidad de futuro; la única manera que tiene una porción de la población de lidiar con la precariedad y pensar que otra vida es posible.

Para que el "golpe a las mafias" sea algo creíble, y no tan sólo una gestión de la opinión pública de cara a las elecciones, sería deseable que no todo termine con el líder de La Salada. Sería una buena ocasión para que los políticos transparenten un problema con el que se encuentran una y otra vez: cómo financiar sus carreras políticas y sus elecciones. Y finalmente sería una gran oportunidad para impulsar un debate acerca de cómo transformar la economía que lidera La Salada. Cerrar este mercado puede ser tan perjudicial para millones de personas como dejar que todo siga así, hasta que vuelva a ser noticia.

El autor es sociólogo e investigador en el Max Planck Institute for the Study of Societies en Colonia, Alemania. Autor de El orden clandestino. Política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en Argentina (Katz Editores)