Editorial del diario La Nación
Meses atrás, el gobierno nacional resolvió mediante un decreto traspasar el manejo total de los juegos de azar que controla Lotería Nacional a la ciudad de Buenos Aires, luego de varios años de reclamos.
El traspaso significa que la ciudad recibiría alrededor de 1800 millones de pesos anuales: el 70%, según indica la ley, tendrá que destinarse al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), y el resto, a distintas áreas relacionadas con lo social, como salud y educación, y se sumarían otros 900 millones para afrontar los gastos operativos del juego y su control.
Con el fin de fiscalizar todo el dinero que se genera en torno al juego el gobierno porteño inauguró un centro de monitoreo y control que fusiona el software que se utiliza en otras ciudades del mundo y el que desarrollaron técnicos locales. De esta manera, la ciudad tendrá plena competencia en materia de regulación y control de los juegos de azar.
Con el traspaso del juego a la ciudad, la Lotería Nacional será un ente vacío de contenido, ya que últimamente sólo existía por las concesiones del Hipódromo y del Casino Flotante de Puerto Madero. Ambas concesiones facturan por día sumas millonarias. En el Hipódromo de Palermo hay instaladas 4500 máquinas tragamonedas, un negocio que se inició en la Capital en 2002. El 5 de diciembre de 2007, pocos días antes de dejar Néstor Kirchner la presidencia de la Nación en manos de su esposa, extendió por un escandaloso decreto la concesión de esas máquinas hasta 2032.
La facturación diaria por la operación es de unos 10,3 millones de pesos, de los cuales 3,6 millones van a Lotería Nacional en concepto de canon de concesión. Según los órganos de control, las máquinas tragamonedas levantan allí 225 millones de pesos por día en apuestas (el 90% se devuelve en premios). Por su parte, en el Casino Flotante hay 1570 slots y las apuestas rondan los 87 millones de pesos diarios.
El freno a la proliferación y hasta en algunos casos la abolición de los juegos de azar responde a una convicción del gobierno nacional, en la que no está en soledad. La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ha dado acabadas muestras en el mismo sentido. La Iglesia también tuvo un rol protagónico, demandando poner fin a la industria del juego, al señalar las miserias y las conductas delictuales que ésta origina.
A su vez, la diputada Elisa Carrió y la Coalición Cívica han sido un estandarte en esta lucha, por muchos años desigual y protegida por las autoridades que dejaron el poder en diciembre de 2015. Sobre esta cuestión, siempre sostuvieron que el kirchnerismo, en sociedad con Cristóbal López, se había apoderado del control del juego, sacándoles recursos a los que menos tienen.
La proliferación de casinos, tragamonedas y lugares para apuestas instalados durante los 12 años que gobernaron Néstor y Cristina Kirchner atrajo a mucha gente que terminó enviciada con los juegos de azar. Además, posibilitó millonarios negocios a sus amigos, de manera fácil y nada transparente.
Las medidas dispuestas en torno a la industria del juego buscan evitar que la Argentina se transforme en una suerte de paraíso para quienes explotan y administran los juegos de azar y en un infierno para quienes terminan atrapados en ellos. Tienden, además, a restringir, controlar y transparentar un negocio que por mucho tiempo jugó en tinieblas, estimulado desde lo más alto del poder.
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