Sobre las represas heredadas

Por Emilio Apud - Clarin.com
Ingeniero. Ex secretario de Energía y Minería.

Dentro de la amplia gama del legado energético kirchnerista, fruto del vaciamiento que le produjo al sector, se encuentra el proyecto hidroeléctrico en el río Santa Cruz compuesto por dos represas en cascada. El kirchnerismo seleccionó a este proyecto con similar criterio que el aplicado a muchos otros del sector energético, es decir: político, de poder y de capitalismo de amigos. Por supuesto que en proyectos hidroeléctricos de esa magnitud había varios más convenientes, como los binacionales de Corpus, en el Alto Paraná con Paraguay y el de Garabí con Brasil en el río Uruguay, entre otros.

Una vez tomada esa decisión de construir el proyecto, se llamó de apuros a licitación internacional, sin los estudios de impacto ambiental exigidos, sin la factibilidad financiera, sin las especificaciones técnicas que permitieran acotar un presupuesto y sin consensos como los que ameritan obras complejas y caras. Estamos hablando de más de US$ 5.000 millones.

Luego de tres licitaciones anuladas, la primera con pre-adjudicación a un consorcio liderado por IMPSA, fue evidente que la voluntad del kirchenrismo era darle la obra a Lázaro Baez, asociado a la empresa china Sinohydro. Pero las denuncias periodísticas iniciadas en 2014, donde se ponían de manifiesto las irregularidades en contrataciones con las empresas de Baez, le hicieron desistir al Gobierno de adjudicarle el proyecto al grupo que él integraba y se lo pasó al “muleto” la también empresa amiga de los K, Electroingeniería de Gerardo Ferreira, asociada con otra china, Gezhouba a pesar que en la evaluación económica estaba tercero entre cuatro.

A partir de allí el objetivo fue firmar contrato antes de las elecciones de 2015. Y así se hizo. Fue un contrato entre dos Estados soberanos, el argentino y el chino. Es decir constituye un acto jurídico de carácter internacional que obliga a las partes y establece los organismos arbitrales en caso de diferendos e incumplimientos. Además, en este caso las partes son los Estados entre los que existen acuerdos comerciales - China es nuestro principal cliente sojero - culturales y estratégicos. Por tal motivo preocupa la ligereza de algunos comentarios exigiéndole irresponsablemente al Gobierno la anulación de ese contrato, voces a las que se han sumado parte de la oposición que evalúa todo desde el punto de vista electoral, y de ambientalistas que desconocen el concepto de desarrollo sustentable.

Sin embargo, las consecuencias de anular el contrato hubiesen sido por demás inconvenientes y perjudiciales para nuestro país. Primero porque cualquier tribunal arbitral fallaría en contra nuestro y nos obligaría a resarcir a la otra parte con montos de varios miles de millones de dólares, segundo que se deteriorarían las relaciones con nuestro principal cliente actual y potencial y tercero, pero no menor, retrocederíamos como país en recuperar la credibilidad perdida luego de 12 años de aislamientos, incumplimientos y provocaciones.

Esto es así porque el que asumió el compromiso con China fue su Estado, no los Kirchner. Nos guste o no fue una decisión de un Estado soberano y los compromisos que asumen los Estados soberanos trascienden a la administración de turno. Entonces, no correspondía anular el contrato que, insisto, forma parte de un acuerdo país - país mucho más amplio. Sí, revisarlo y negociar modificaciones y acciones para mitigar consecuencias indeseables que impliquen irregularidades o la concreción de hechos de corrupción.

El Gobierno ha avanzado en este sentido al haber redefinido el tipo de operación del proyecto, pasándolo de semipunta, es decir más potencia pero menos horas de utilización, a otra de semibase con menos potencia pero más horas funcionando. Este cambio, que se logra con un número menor de turbinas y en consecuencia bajando el costo significativamente, también reduce en forma notable el área de inundación del proyecto mejorando el potencial impacto ambiental. Otro aspecto importante es que el proyecto, hecho a los apurones por los K, omitió las líneas de alta tensión necesarias para evacuar la energía que generarán las centrales y en consecuencia, con el ahorro de la modificación de la potencia de las centrales, se podrá encarar la construcción de esa línea.

Los ajustes necesarios se siguen negociado con el consorcio liderado por la empresa china la que, vale la pena aclarar, ha construido la represa más grande del mundo. Lo que no incluyen estas negociaciones son los actos de potencial comisión de delito o de negociados hechos al amparo de la relación “amistosa” del anterior gobierno con Baez, como la compra masiva de tierras luego expropiables por estar bajo la cota de inundación de los embalses, o con la gente de Electroingeniería para incorporarlo en la oferta muleto. Esos son temas de la justicia que espero dirima a la brevedad.

Lo positivo de este proyecto contratado y heredado es que, primero, tiene financiación comprometida por un grupo de bancos chinos; segundo, afianza relaciones económicas, políticas y diplomáticas con China, un jugador de peso en la globalización hacia la que debemos transitar; tercero, estamos dando una señal al mundo que volvemos a ser un país que respeta los compromisos asumidos como tal; cuarto, la otra parte admite negociar correcciones; quinto, se producirá energía renovable que permitirá una mejora sensible de nuestra matriz energética. Para tener una idea de magnitud, el proyecto rebautizado injustamente Kirchner y Cepernic, significará casi el doble de la energía renovable que licitó el Gobierno entre eólica y solar. Como se comprenderá si queremos ser un país serio, como alguna vez lo fuimos, debemos supeditar lo que nos gustaría hacer a lo que debemos hacer. El gobierno en esta oportunidad actuó responsablemente sin especular con el costo político implícito.