El Gobierno empieza a negociar hoy con los fondos buitre en EE.UU.

Por Martín Kanenguiser | LA NACION - Twitter: @mkanen   

 

NUEVA YORK.- El juez Thomas Griesa nombró ayer un mediador para que la Argentina y los holdouts se sienten desde esta tarde a negociar en Nueva York, con la difícil misión de llegar a un acuerdo tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no tomar el caso.

El elegido es el abogado Daniel A. Polack, con amplia experiencia en litigios en el sector financiero, que deberá comunicar al juez cualquier acercamiento para que éste tome una decisión. Polack, egresado de Harvard, ganó varios casos ante la Corte Suprema de Estados Unidos como representante del sector privado y se hizo fama de duro -y hasta el apodo de "el hombre que muerde al perro"- cuando desafió al gobierno norteamericano para que no se excediera en sus investigaciones contra el sistema financiero, años antes de la última crisis global.

El juez respondió con esta convocatoria a la carta que el Gobierno le había enviado a la mañana a través de sus abogados en esta ciudad, en la que le pidió que restableciera el amparo que suspende la acción del fallo para poder negociar una salida con sus acreedores.

El estudio de Polack está en el edificio de la coqueta Park Avenue 245, donde se desarrollarán las negociaciones. El primer encuentro será sólo con los abogados, pero posiblemente en los siguientes participen también los propios demandantes y, si quiere, el Ministerio de Economía argentino.

Una fuente cercana a los fondos buitre comunicó que "éste es un paso positivo, porque crea una potencial estructura para movernos hacia adelante". En cambio, una fuente de los inversores minoristas que participaron de la demanda contra la Argentina dijo a LA NACION que "acá no es cuestión de nombrar a un mediador, sino de que la Argentina muestre voluntad de negociar, y eso aún no está claro, más allá de los discursos".

El foco de la energía del Gobierno estuvo colocado ayer en el pedido ante Griesa para que reinstale el efecto suspensivo de la sentencia por 1400 millones de dólares para sentarse a negociar, a través de una carta presentada por sus abogados.

Especialistas en temas legales que siguen el caso de cerca dijeron que esto sólo puede concretarse si los demandantes lo aceptan, pero fuentes vinculadas a estos grupos afirmaron a LA NACION que no están de acuerdo con esta premisa.

Por lo tanto, quieren primero ver cuál es la propuesta que acercará el Gobierno y luego decidir sobre esta cuestión, que para el Gobierno es clave, dado el pago que debe hacer por 200 millones de dólares el próximo lunes o hasta el 30 de julio, correspondiente al vencimiento de los bonos Discount emitidos en dólares y bajo legislación norteamericana. "La Argentina no necesita esta medida en forma inmediata, hay que negociar primero", indicó la fuente de los litigantes, que admitió que hubiera preferido que Griesa resolviera este caso sin intermediarios.

La carta

En su carta a Griesa, la Argentina dijo que "respetuosamente solicita una medida suspensiva (stay) de los amended injunctions [medidas cautelares], que le permita entablar conversaciones con los demandantes en un plazo de tiempo razonable para este tipo de negociaciones".

En este sentido, la misiva menciona que en los últimos meses el Gobierno "ha resuelto con éxito importantes disputas", incluyendo la planteada por Repsol SA, que había demandado a la Argentina ante el Ciadi por la suma de 10.000 millones de dólares, por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF SA; la larga negociación con los países miembros del Club de París, por 9700 millones de dólares, y con las empresas que habían obtenido laudos favorables en las demandas que plantearon contra el país ante el Ciadi.

El mensaje continúa afirmando que "un stay proporcionaría un resguardo (un "paraguas legal") para que las negociaciones tengan lugar, considerando las complejidades legales y financieras inherentes al proceso", y luego aclara que "el total adeudado a los holdouts luego de la reestructuración de deuda de la República excede la mitad de las reservas del país", una cifra que para todos los especialistas del sector privado es incorrecta, ya que creen que la suma estaría entre 7000 y 10.000 millones de dólares (y no 15.000 millones, como plantea el Gobierno).

También se mencionó la cláusula de derechos sobre ofertas futuras (RUFO), que impide hacer una oferta en forma voluntaria mejor a los holdouts que la que recibieron los bonistas que entraron a los canjes, pero que para los abogados especialistas no rige si la propuesta surge por una orden judicial.

Tácitamente, también menciona la ley cerrojo como un impedimento para cambiar la oferta, aunque en Wall Street creen que si el Gobierno tiene voluntad de suspenderla, lo haría de inmediato en el Congreso.
"La Argentina se encuentra comprometida a entablar un diálogo con los demandantes que pueda llevar a la resolución de este litigio en tanto y en cuanto se den las condiciones propicias para que la negociación contemple los intereses del 100% de los acreedores", concluye la carta.

La opinión de los expertos

El abogado Marcelo Etchebarne, consideró en diálogo con LA NACION, que "si el mediador lo pide, puede ser que Griesa reponga el stay", mientras que su colega Marco Schabl sostuvo: "Dudo que lo hagan si no lo piden las dos partes, y eso dependerá de cómo vayan las negociaciones: si están cerca un acuerdo, habrá incentivos para que lo hagan".

Por su parte, el abogado Richard Samp, de la Washington Legal Foundation, dijo que "el nombramiento de un mediador puede facilitar las negociaciones, pero no debe ser visto como una indicación de que Griesa está presionando a las partes a negociar". Sobre la posibilidad de que reinstale el stay, Samp dijo que "Griesa emitió sus órdenes hace dos años y ahora que el proceso judicial está agotado no hay razón para pensar que le garantizará más demoras a la Argentina".

El abogado se refiere a la decisión de Griesa en primera instancia de ordenar el pago a este grupo de bonistas al mismo tiempo que a los acreedores que ingresaron al default, pero reconociéndoles el 100% de lo que reclamaban, en una polémica interpretación de la cláusula pari passu, que fue ratificada meses después por la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

Hace ocho días, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó al Gobierno el pedido de revisión del caso y dejó así firme el fallo, además de darles la razón a los fondos buitre en el caso del Discovery, por el cual éstos podrán acceder a la información de activos potencialmente embargables del Gobierno en el exterior.

Es que el apetito de NML-Elliot, uno de los fondos buitre que ganaron el caso del pari passu, junto con Aurelius, Blue Angel y 13 inversores minoristas, no termina en los 1400 millones de dólares de este expediente. En otros juicios, la firma de Paul Singer tiene US$ 2700 millones, que pretende cobrarle al país, por lo que su interés en que las negociaciones salgan bien es relevante. Sin embargo, nadie se jugó a decir cuánto durará este proceso ni cuál puede ser su resultado.

La carta argentina

Las claves del documento enviado al juez por Carmine D. Boccuzzi, abogado que representa a la Argentina en el conflicto

• "Le escribo para actualizarle la información brindada a la Corte en la audiencia del miércoles sobre que la Argentina tiene la voluntad de negociar de buena fe"
• "La República Argentina, respetuosamente, solicita una medida suspensiva de las medidas cautelares que le permita entablar conversaciones con los demandantes"
• "Ningún país puede utilizar la mitad de sus reservas para hacer un pago y ser dejado sin medios para (...) manejar su economía, incluyendo las necesidades de su población"