El Gobierno amenaza con aplicar sanciones por la pesca en Malvinas

Por Martín Dinatale | LA NACION

Envalentonado con los efectos que produjo en Londres la presión sobre las empresas petroleras que realizan negocios en las islas Malvinas, el Gobierno comenzó a embestir contra las compañías pesqueras. La nueva estrategia de la política exterior argentina está destinada a disuadir a Gran Bretaña para sentarse a dialogar por la soberanía en el Atlántico Sur y busca asfixiar económicamente a los isleños.

Así lo expresó el flamante secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, quien ratificó a la prensa británica que se buscará "castigar" a las empresas petroleras que intenten operar en el archipiélago sin autorización de la Argentina.

Bajo estas premisas, en la Cancillería ya trabajan en una nueva reglamentación de la ley de pesca para aplicar severas multas a las empresas que se beneficien económicamente con la pesca y en forma simultánea, tanto en el Mar Argentino como en aguas del Atlántico Sur en disputa con el Reino Unido.

La intención de Cristina Kirchner es aplicar sanciones a empresas pesqueras que operan en ambos mares o que tienen una doble estructura societaria. También, a las que presentan una triangulación de acciones que les permita explotar los recursos pesqueros en aguas argentinas y de Malvinas al mismo tiempo.

Para poner en práctica esta reglamentación de la ley de pesca, el Gobierno potenciará los controles de patrullaje en las aguas del Sur y, a la vez, realizará un profundo rastrillaje legal para determinar el estado societario de las empresas pesqueras.

"La presión que hicimos sobre las petroleras dio buenos resultados porque el gobierno británico reaccionó con nerviosismo y ello nos obliga a presionar sobre las pesqueras", dijo a LA NACION un funcionario del Ministerio de Agricultura que trabaja en el tema junto con la Cancillería.

Otras fuentes oficiales consultadas dijeron que la intención de máxima aspiración del Gobierno es presionar a las pesqueras para que abandonen las aguas de las Malvinas y esto complique la vida de los isleños. La actividad pesquera resulta gravitante en la economía de los isleños: es el mayor ingreso de las islas, ya que ocupa el 60% del PBI de la economía local. Así, las Malvinas reciben unos US$ 40 millones anuales sólo por otorgar licencias pesqueras. Más de 150 buques de banderas de todo el mundo ingresan anualmente en las 200 millas circundantes a las Malvinas.

Atacar esta actividad con presiones impositivas o multas será la estrategia del Gobierno en lo inmediato.
Los voceros del Foreign Office consultados por LA NACION destacaron que la diplomacia británica no haría comentario alguno sobre una iniciativa que está en estudio en Buenos Aires. Pero ratificaron que Gran Bretaña entiende que "las leyes de la Argentina no son aplicables a las islas Malvinas".

Conflictos diplomáticos

En la Casa Rosada admitieron que la aplicación de multas a empresas pesqueras podría generar un problema diplomático con países ajenos al conflicto de las islas. Es que en esa zona marítima tanto del Mar Argentino como de las islas operan barcos de España, Irlanda, Corea del Sur, China y Japón, entre otras banderas.
Según aseguraron a LA NACION en el Gobierno, la decisión de avanzar en este nuevo frente económico para obligar a Londres a negociar la soberanía de las islas y aumentar la presión sobre el Reino Unido está íntimamente relacionada con la designación de Filmus en el organismo que depende del canciller Héctor Timerman. A instancias de la Presidenta, el Palacio San Martín le otorgó un rango superior a la dirección de Malvinas y puso a un activo militante de la causa Malvinas, como Filmus.

El flamante titular de la Secretaría de Asuntos Relativos a Malvinas indicó que una de las tareas de su gestión será "cuidar las riquezas de la Argentina", como las reservas ictícolas y de combustibles alojadas en el Mar Argentino. Una de las primeras medidas pensadas por Filmus para darle fuerza a su secretaría es la nueva reglamentación de la ley de pesca. También tiene previsto realizar una nueva ronda de diálogos con países latinoamericanos y del Caribe para sumar apoyos a la causa Malvinas.

La decisión de multar a las pesqueras cuenta con el aval de legisladores de la oposición, que desde hace varios años exigen que la ley de pesca establezca la prohibición explícita a las empresas que tienen permiso de pesca en la Argentina de tener relación económica, comercial o de beneficio con empresas o barcos que estén pescando en Malvinas sin autorización.

En su momento, el diputado radical Ricardo Alfonsín se quejó porque la reglamentación de la resolución 514/09 de la entonces Secretaría de Pesca decía que se prohibía tener relación de beneficio económica o comercial "directa" con empresas que estén pescando sin autorización. Ese concepto de "directo" no estaba en la ley y al entender de varios diputados de la oposición reducía el alcance de la norma.

Ahora, la Cancillería retomará parte del argumento de la oposición y avanzará contra las pesqueras con multas y sanciones. El impacto en el sector podría ser muy relevante, si se tiene en cuenta un dato crucial: la media de producción anual de pesca en las aguas que rodean las Malvinas es de unas 200.000 toneladas, de las cuales un 75% es calamar.

Filmus defendió que haya penas de prisión

• "Quien no tenga autorización no sólo se enfrentará a consecuencias administrativas, sino también a penas de prisión", anticipó el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, al ratificar al diario británico The Guardian que se "castigará" a las empresas petroleras que intenten operar en la zona de las islas sin autorización de la Argentina.
• El ex senador del Frente para la Victoria aseguró en la entrevista que, en caso de ser necesario, la Argentina recurrirá a tribunales internacionales para defender la pretensión de "resguardar los recursos naturales".
• "Hay pocos temas en la Argentina que provoquen un apoyo tan sincero no sólo de todas las fuerzas políticas, sino también de la población en general", explicó Filmus a The Guardian, al sostener que la estrategia del Gobierno encontrará respaldo.