Editorial I del diario La Nación
Macri ha ejercido una facultad legítima al elegir al futuro titular de la policía porteña, un organismo largamente postergado El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras años de bregar infructuosamente con el poder ejercido por el matrimonio Kirchner, se ha visto en la necesidad de crear desde cero una nueva policía metropolitana. El mezquino criterio del gobierno nacional, que impidió el traspaso parcial a la ciudad de organismos de la Policía Federal, ha sido contrario a cualquier enfoque racional que considere la política de seguridad como una política de Estado. Esta debería ser consensuada por encima de las diferencias de partido o facción.
Macri ha ejercido una facultad legítima al elegir al futuro titular de la policía porteña, un organismo largamente postergado El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras años de bregar infructuosamente con el poder ejercido por el matrimonio Kirchner, se ha visto en la necesidad de crear desde cero una nueva policía metropolitana. El mezquino criterio del gobierno nacional, que impidió el traspaso parcial a la ciudad de organismos de la Policía Federal, ha sido contrario a cualquier enfoque racional que considere la política de seguridad como una política de Estado. Esta debería ser consensuada por encima de las diferencias de partido o facción.
La Argentina cuenta ahora con 24 policías, más las fuerzas federales: la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, los efectivos de intervención de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Aduanera. En total, el país tiene alrededor de setenta escuelas policiales y de fuerzas de seguridad, entre básicas y superiores.
Es cierto que la cuestión viene de muchos años, pero el matrimonio Kirchner potenció la politización partidista o, más precisamente, la fidelización de las cúpulas de las fuerzas a sus objetivos políticos hegemónicos, relegando así criterios de excelencia profesional. También potenció, con medios y facultades, los instrumentos cuyas conducciones les son más adictas, como la Policía Aeroportuaria, la Policía Aduanera y sobre todo los efectivos de intervención de la Secretaría de Inteligencia, considerados una gravísima anomalía institucional desde un punto de vista estrictamente profesional.
Al cabo de cinco años de una bonanza económica como no había conocido otra Argentina -fruto de los mercados mundiales más que de una buena gestión de gobierno-, el resultado, aunque se acepte la convergencia de complejos factores socioeconómicos y culturales, ha sido que la inseguridad aparece como la principal preocupación de la población en todas las encuestas de opinión pública.
Ahora, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, en uso de sus atribuciones democráticamente ratificadas, ha designado jefe de la Policía Metropolitana, todavía en formación, a Jorge Alberto Palacios, comisario mayor retirado de la Policía Federal. A raíz de esto, se ha levantado un coro crítico que cuestiona el nombramiento.
El comisario Palacios no es un desconocido para los Kirchner. En 2003, cuando asumieron el gobierno, fue considerado como el primer candidato del flamante oficialismo a jefe de la Policía Federal. El ex ministro Gustavo Beliz y el ex secretario de Seguridad Norberto Quantin pueden dar testimonio de esos tiempos y, seguramente, recordar las razones de la candidatura: el prestigio profesional de Palacios y su condición de jefe policial honesto y sin enriquecimiento alguno de origen indebido.
El flamante jefe de la Policía Metropolitana recibió una medalla de oro otorgada por el gobierno de los Estados Unidos por sus méritos en la lucha contra el narcotráfico y cuenta con siete diplomas de honor "al mérito". También registra más de treinta felicitaciones y beneplácitos por escrito, suscriptos, entre otros, por el fallecido jefe de la Policía Federal Juan Pirker, el también fallecido fiscal general de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas, el presidente de la DAIA en 2001 y 2003, el cónsul general de los Estados Unidos y del primer secretario jefe de seguridad de la embajada de Israel en 2004.
Deberá entonces el gobierno de la ciudad hacer frente a cuestionamientos que no parecen aceptables. Lo reclama la seguridad cada vez más en peligro de los vecinos y la preservación de un orden público desde hace años deteriorado por culpa de la política nacional aún en vigor.
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