Por Lucio Fernández Moores (Clarin.com) - Fue la Cámara Federal, al rechazar una querella contra el jefe de la Aduana.
Gómez Centurión, en su despacho de la Aduana. Foto: Guillermo Rodriguez ADami
La sala II de la Cámara Federal penal porteña reivindicó el derecho de los periodistas a no revelar la identidad de sus fuentes de información al confirmar el sobreseimiento del administrador de aduanas, Juan José Gómez Centurión, en una querella iniciada por el transportista Miguel Paolantonio tras una investigación de Clarín sobre la llamada "mafia de los contenedores".
"Según los postulados de la doctrina sobre la materia, entre los aspectos esenciales de la libertad de prensa, como derecho reconocido y de ejercicio garantizado por la Constitución Nacional y los pactos internacionales con esa jerarquía, se inscriben el acceso libre a las fuentes de información, la posibilidad de recoger noticias, transmitirlas y difundirlas, y de resguardar razonablemente el secreto de la fuente de la que se han obtenido", dijeron los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah en un fallo firmado el viernes y conocido hoy.
Con el patrocinio de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, Paolantonio había denunciado el año pasado a Gómez Centurión por la presunta comisión de los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, falso testimonio y encubrimiento, pero el titular de la Aduana fue sobreseído por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en un fallo confirmado ahora por sus superiores de la Cámara Federal.
Todo se había iniciado con una investigación del periodista Matías Longoni publicada por Clarín relacionada con la causa conocida como la de la "mafia de los contenedores", la misma en la que está preso Claudio Minnicelli, el cuñado del ex ministro de Planificación Julio De Vido. A raíz de otra causa paralela relacionada con la "mafia de los contenedores", Gómez Centurión fue separado preventivamente de su cargo el año pasado, y luego repuesto, por el gobierno de Mauricio Macri.
Clarín había publicado que Paolantonio y sus dos hermanos, Alejandro y Raúl, estaban vinculados a una empresa de transporte que traía mercadería importada desde China con falsos datos sobre el contenido y el peso de los contenedores y que al ser retenidos en la Aduana contaban con los contactos suficientes para lograr su liberación a cambio de dinero.
La "mafia de los contenedores" procesada por el juez Marcelo Aguinsky también estaba relacionada con la obtención de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) destinadas a obtener dólares en el marco del cepo cambiario establecido durante el kirchnerismo y la gestión de Ricardo Echegaray al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El contrabando a través de las DJAI es investigado en otra megacausa del fuero en lo Penal Económico a cargo del juez Gustavo Meirovich, quien ya procesó a importadores, prestanombres y hasta un ex agente de inteligencia, con la mira en los estudios contables que facilitaron las maniobras que les permitieron acceder a divisas restringidas por un total de unos 300 millones de dólares.
De acuerdo con Paolantonio, Gómez Centurión "habría accedido a elementos obtenidos en forma ilícita", según reseñó el fallo de Cámara, a partir de mails y capturas de pantalla aportadas por Longoni a la Justicia en lo Penal Económico a partir de sus investigaciones. Pero el periodista, además de reseñar cómo había obtenido parte de su información, hizo uso del derecho de reservarse el nombre de quien le había proporcionado parte de los datos.
Los abogados de Paolantonio, Rusconi y Palmeiro, los mismos que defienden al técnico informático Diego Lagomarsino en la causa que investiga las causas de la muerte del fiscal Alberto Nisman, habían descalificado la normativa que ampara a los periodistas al sostener que se trata de un "pseudo escudo protector".
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