Por Edgardo Aguilera - Ambito.com.
La Justicia dispuso una condena millonaria a Defensa por juicio generado en la era K. Por pago de demanda judicial peligra la campaña antártica.
El juzgado Civil y Comercial Federal N°2 a cargo del juez Horacio Cecilio Alfonso en el expediente 7428/2014, resolvió hacer lugar a la demanda promovida por la empresa Assine S.A. contra el ministerio de Defensa y ordena el pago de u$s13.458.535 más los intereses, que fijó en el 7% sobre ese capital. El dictamen de segunda instancia confirmó el pago. La noticia cayó como agua congelada (literal) en la oficina de Walter Ceballos, secretario de Logística del Ministerio, responsable de la organización de la campaña antártica
Assine, en representación de Transport & Services, es uno de los oferentes que se presentó en la licitación pública internacional N° 40/2016 que lanzó el Gobierno este año para el alquiler de medios navales destinados a abastecer las bases antárticas y que resultó fracasada.
La decisión judicial impacta de lleno en el ajuste de gastos de la logística antártica previsto por la administración de Cambiemos. El secretario Ceballos fijó como meta bajar los u$s23 millones del año pasado a 17 para el alquiler por tiempo de un rompehielos, de un buque polar, y de helicópteros pesados. El presunto ahorro sólo será un asiento contable. Condenado a pagar los u$s13 millones más intereses a Assine y sumados los 17 de las operaciones del ejercicio actual, Defensa erogará u$s30 millones por conceptos antárticos.
Assine había sido adjudicataria de la licitación de alquiler de un buque polar y un helicóptero para la campaña del verano de 2012/13. Al término de aquellas operaciones inició un pleito contra el Estado (Ministerio de Defensa, Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, gestión de Arturo Puricelli y brigadier general Jorge Chevalier) por incumplimiento de contrato y reclamó servicios impagos de transporte aéreo de personas y de carga general movilizada por barco. La contratación era por 35 días de uso del buque polar Timca y la misma cantidad para el helicóptero Kamov. Las operaciones del Timca comenzaron el 15 de febrero y deberían haber finalizado el 23 de marzo de 2013 pero se acumularon demoras, disputas contractuales entre Puricelli y el empresario Roberto Fasce, titular de Transport & Services y finalmente culminaron el 26 de mayo de aquel año.
Los días excedidos son el objeto del pleito que debe afrontar la caja de Defensa.
Al finalizar la campaña de 2012/13 quedó un remanente del 30% del combustible sin descargar para la base vice comodoro Marambio. Esos tambores se depositaron a la intemperie en el puerto de Punta Loyola (Rio Gallegos) para ser trasladados en aviones C-130 Hércules de la Fuerza Aérea. A la fecha aún permanece allí una parte de los tambores que lucen corroídos por impacto del clima.
Se sabe que hubo contactos recientes con Assine para llegar a un acuerdo extrajudicial que podría incluir en contraprestación, disponer de un buque polar pero no se llegó a ninguna solución.
En este escenario Defensa inició conversaciones con la Federación Rusa, Estonia, Francia y Sudáfrica para explorar una contratación de Gobierno a Gobierno en búsqueda de rompehielos, buque polar y helicópteros. La opción sudafricana surge como la más probable y apunta al buque polar Agulhas. Este navío fue presentado por la firma Meihuizen International en la última licitación y se descartó por no cumplir con las especificaciones técnicas fiadas en el pliego. La nave perteneció al Programa Nacional Antártico Sudafricano y fue retirada del servicio en 2012.
La dificultad en conseguir un rompehielos -este año es vital para reaprovisionar la base general Belgrano II y retirar varias toneladas de residuos acumulados- conduce a la alternativa del aerolanzamiento. Arrojar víveres, enseres y combustible desde un avión en vuelo. Esa opción es un paliativo y no se llega a completar el stock que requiere una base para su funcionamiento normal. El modo aéreo tampoco ofrece solución al asunto más sensible: sacar toneladas de basura que ponen al país bajo la lupa internacional por incumplimiento de estrictas normas ambientales establecidas en el Tratado del Antártico, protocolo de Madrid.
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