Buscan reducir transferencias a 40 empresas estatales que insumen $ 45.000 millones al año

Por  EZEQUIEL M. CHABAY - Cronista.com
Un grupo de ministros evaluará las finanzas de aquellas compañías en las que el Estado posee acciones. Quieren transparencia en la gestión y restarle peso a las arcas públicas.

 Buscan reducir transferencias a 40 empresas estatales que insumen $ 45.000 millones al año.

El Gobierno conformó una mesa chica para auditar y elaborar un plan de adecuación para más de 40 grupos empresarios donde el Estado tiene acciones con la intención de reducir sensiblemente las transferencias que permiten cubrir costos operativos y laborales. Las contribuciones representaron en 2015 unos $ 45.000 millones, y entre enero y septiembre de este año ya significaron $ 42.305 millones, nominados como ‘gastos corrientes‘.

El "Consejo de Supervisión Estratégica" se reunirá cada 15 días, cuatro horas por encuentro, para pensar con visión estratégica el futuro de esas empresas, bajo el espíritu de la "gobernanza corporativa" que promueve como buena práctica la OCDE, donde el Gobierno quiere insertarse.

Según pudo saber El Cronista, el ‘grupo de los 8‘ formado hace escasos días está compuesto por Juan José Aranguren (Energía), Julio Martínez (Defensa), Oscar Aguad (Comunicaciones), Alfonso Prat-Gay (Hacienda), Francisco Cabrera (Producción) y Guillermo Dietrich (Transporte), más los coordinadores económicos Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, otros subsecretarios plenamente dedicados a la reconversión, y dos directores independientes. Su objetivo es evaluar una docena de empresas por trimestre.

Para la primera etapa fueron seleccionadas Aysa, Aerolíneas, Fadea, el Belgrano Cargas, la Casa de la Moneda, Ar-Sat, Télam, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Fabricaciones Militares, entre otras. Las dos primeras en carpeta son el Correo Argentino, con 17.000 empleados, y la Operadora Ferroviaria (Trenes Argentinos), con 23.000 personas en nómina, y que requirieron $ 1173 millones y $ 12.000 millones, respectivamente. El conjunto de empresas mencionadas cuenta con 80.000 empleados, sin contar Enarsa y Cammesa, excluidas ya que por allí el Estado vehiculiza subsidios a las tarifas residenciales.

El lunes pasado, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, puso al corriente a los gerentes de estas empresas sobre la intención de conducirlos a la adecuación. En el año, cada una de las empresas fue presentando su plan estratégico, pero ahora se les exigirá mayor rigurosidad "para tener una idea más clara de viabilidad", señalaron a este diario en la Casa Rosada. Lo que más preocupa es la falta de parámetros homogéneos en términos de rendición de cuentas, modernidad de gestión, objetivos y estándares de control.

En el Gobierno juran y perjuran que no hay ánimos privatizadores, sino que quieren "redirigir los recursos donde están las prioridades". Sostienen, en cambio, que el principal objetivo es reducir gradualmente el aporte estatal. "Con menos del 20% de la plata que les giramos podemos asfaltar las calles de tierra de todos los conurbanos de la Argentina", graficó una importante fuente oficial. El objetivo, grosso modo, es culminar en 2019 con solo $ 20.000 millones de aportes.

Las municiones también están cargadas contra la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN). "Van a tener que ser mucho más activos de lo que han sido hasta ahora", señalaron al comentar que están fijando nuevos esquemas de exigencias, similares a los que reinan en el ámbito corporativo privado: estándares de transparencia y control, rendición de cuentas y fiscalización.

Para ello, el Gobierno está reclutando ejecutivos de primera línea, a quienes intenta seducir con "esquemas de compensación" para que salten de la esfera privada a la pública. Sucede que los sueldos estatales se estancan en los $ 70.000, muy por debajo de lo que hoy ganan en el sector privado.