En aquel territorio ya se encuentran siete mil agentes de diversas fuerzas federales, como la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. A ellas podrían sumarse el Ejército y la Fuerza Aérea, siempre y cuando su colaboración se limite al mencionado apoyo logístico a las fuerzas que combaten la delincuencia, pues las leyes, en especial la de seguridad interior, prohíben a las Fuerzas Armadas intervenir en la seguridad interior. Por lo tanto, tampoco pueden combatir en forma directa el narcotráfico.
De todos modos, desde 2011, el Ejército y la Fuerza Aérea proveen apoyo logístico a la Gendarmería en el operativo Escudo Norte, en el control de la frontera norte, donde más de 1500 militares operan aviones y radares para interceptar los vuelos clandestinos que introducen cargamentos de drogas en nuestro país.
Con una medida que recibió tantas críticas como elogios, el kirchnerismo había adoptado esa decisión que, según sus voceros, al no incluir el enfrentamiento directo con los narcotraficantes, no violaba la ley de seguridad interior ni requería una modificación de esa norma. El Gobierno decidió mantener la continuidad del operativo Escudo Norte hasta fines del este año.
Pero si el proyecto que elabora el Ministerio de Seguridad bonaerense llegara a incluir la posibilidad, evaluada en algún momento, de que efectivos del Ejército acompañen a los policías de la provincia en los patrulleros, se los estaría exponiendo a posibles enfrentamientos, en los cuales sería inevitable el contacto directo con los delincuentes. Y para ello, resultaría imprescindible modificar las normas de seguridad interior, a partir de un debate legislativo que apunte a un consenso multipartidario y a una verdadera política de Estado.
Se ha dicho, con razón, que las Fuerzas Armadas podrán proveer a las de seguridad vehículos blindados, equipos de comunicación y aviones y helicópteros, además de prestar sus instalaciones ociosas para albergar detenidos en forma provisoria. La escalada que significa pensar en emplear fuerzas entrenadas y equipadas para la guerra en tareas de apoyo a la seguridad indica cabalmente el avance y los recursos cada vez más poderosos con los que cuenta la delincuencia, en especial la del crimen organizado, como el narcotráfico.
Lo que no debe perderse de vista en ningún momento es que el avance de esa nefasta clase de delincuencia también fue posible debido a que logró captar a efectivos de las fuerzas de seguridad encargados de combatirla y que, en vez de hacerlo, brindaban apoyo a los delincuentes liberando zonas, y en varios casos actuaban junto con ellos.
En la medida en que la delincuencia mantenga e incremente sus vínculos con integrantes de las fuerzas policiales, podría existir el mismo peligro de que haga otro tanto con los militares.
La lucha que ha entablado la gobernadora María Eugenia Vidal no sólo contra el narcotráfico y la delincuencia en general, sino también contra los sectores corruptos de la policía bonaerense, permite abrigar fundadas esperanzas de que las tropas militares no sufrirán el efecto contagio.
Pese a que en los Estados Unidos se encontraba muy restringida la participación de sus fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, se dictaron excepciones para que pudieran participar en operativos policiales contra el narcotráfico.
Si ése va a ser el mismo camino que seguirían las autoridades nacionales y las bonaerenses, será preciso dotar de la debida capacitación a los militares que realicen esas tareas, pues han sido formados para otro tipo de conflictos. Entretanto, podrían aportar una capacidad militar que, inteligentemente utilizada, podría ayudar a enfrentar a un enemigo como el narcotráfico, al que, en los últimos años, se dejó crecer demasiado.
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