La OA denunció penalmente al programa "Argentina Sonríe"

Por Lucía Salinas - Clarin.com - El polémico plan "Argentina Sonríe".

Argentina Sonríe el programa que dirigió la esposa de Máximo será investigado penalmente. Foto Clarín.

El programa que dirigió Rocío García fue derogado el viernes pasado por el Gobierno y hoy la Oficina Anticorrupción (OA) denunció penalmente la puesta en marcha del plan de salud bucal por el presunto delito de "defraudación a la administración pública". Sobreprecios, direccionamientos de las compras y favorecimiento de un único proveedor (agravado por posible vínculo familiar), incumplimiento de los procesos licitatorios, adquisiciones de materiales innecesarios, son algunas de las acusaciones que señala la denuncia a la que accedió Clarín.

En 17 páginas la OA expuso los principales argumentos para avanzar con la denuncia penal contra el plan Argentina Sonríe que demandó una erogación de $ 223 millones para once campañas de las cuales seis se realizaron sólo en Santa Cruz donde quien dirigía el programa era la esposa de Máximo Kirchner, y que según el ministerio de Salud las actividades fueron realizadas "con fines electorales". 

Después que el ministerio de Salud bajo la gestión de Jorge Lemus presentara ante la OA la auditoría realizada sobre el plan bucodental, se avanzó en la denuncia penal que recayó en el juzgado Federal N° 11 a cargo del juez Claudio Bonadio.

El expediente que N° 15.396/16 retoma una serie de irregularidades que fueron mencionadas en la Auditoría. Entre ellas se destaca el presunto direccionamiento de las contrataciones y compras de insumos a una misma empresa: Callmed SA que a su vez, uno de sus integrantes tendría vínculos familiares con Rolando Nervi, la mano derecha de Rocío García en Santa Cruz y actual viceministro de salud provincial.

En este punto la OA señala dos hechos "delictivos", el primero es que las compras y refuncionalización de unidades móviles utilizados como consultorios, se hicieron siempre con una sola empresa, y en segundo lugar que, para evitar los procesos administrativos obligatorios como el llamado a licitaciones, se armó "una triangulación con universidades para dirigir el pago a Callmed SA a través de ellas".

María Rocío García, esposa de Máximo Kirchner, saliendo de la inmobiliaria familiar. Foto Emmanuel Fernández.

En el primer caso, según la denuncia,  todo se hizo con "contrataciones directas" y así se compraron unidades móviles según dos facturas (301 y 302) por $ 1.788.500 cada una. Las mismas fueron investigadas por "no discriminar el producto/servicio facturado" y esto podría derivar "en posibles sobreprecios".

La mayor erogación se realizó para la refuncionalización de estas unidades móviles. Sin ningún llamado a licitación ni concurso de precios, según consta en la presentación de la OA, volvió a contratarse para tal fin a la misma empresa "sin que se haya llevado a cabo ningún procedimiento de selección previo". Y consideran que existió un acuerdo "informal" entre los funcionarios de Salud y la empresa para que ésta "llevara a cabo el acondicionamiento de los vehículos" que inicialmente vendió al Ministerio.

Para avanzar en esta etapa y poder pagar tales servicios, el plan Argentina Sonríe "trianguló los pagos con tres Universidades", indica la denuncia. Para la refuncionalización de los móviles se destinaron $31.411.100 por intermedio de la universidad nacional de Chaco, de Entre Ríos y de San Martín. Callmed SA recibió el dinero de parte de todas ellas.  En el caso puntual de San Martín se denunció que se habrían "desviados pagos por $ 574.782 para servicios de consultorías para una empresa mendocina", corriéndose del objetivo original del convenio. 

Estos convenios de colaboración con tres universidades no "justifica la adquisición de bienes" y sobre todo cuando el único proveedor que intervino tiene sede en Capital Federal y las casas de Altos Estudios tienen otras jurisdicciones. Así, se pagó más caro la adaptación de los vehículos que la adquisición de los mismos. 

Las unidades móviles que el 5 diciembre, gran parte de ellas fueron "donadas" a la provincia de Santa Cruz gobernada por Alicia Kirchner, fueron equipadas según la denuncia "con teconología odontológica que excede tanto los fundamentos de la atención primaria de la salud como también, la etapa rehabilitadora con prótesis parcial y/o completa de acrílico". 

Alicia Kirchner junto a Rocío García en Río Gallegos.

¿Qué se compró? 22 equipos de captación (scanner 3D intrasolares), 10 fresadoras con la totalidad de los insumos necesarios para las mismas. Estos costosos equipos no eran "necesarios ni se ajustan a los objetivos del programa", denunció la OA. Y al respecto consideran, en función de la auditoría de la cartera de Salud, que estas compras "fueron discrecionalmente dirigidas hacia algunos proveedores" y que por los montos que exigían, debían haberse licitado "pero se omitió este paso". 

Todo esto fue calificado como "negociaciones incompatibles con la función pública" y/o "defraudación en perjuicio de la administración pública". 

La auditoría del ministerio de Salud que usó la OA apunta contra Rocío García a quien definen como "el pilar de Argentina Sonríe, ella decía qué se hacía y qué no", también se señala las responsabilidades administrativas de Elena Morán (madre del diputado Andrés "Cuervo" Larroque) coordinadora general, María Belén César Gallardo (nuera de Julio De Vido), directora nacional de Salud Bucodental, Eduardo Bustos Villar que encargó los trabajos a Callmed SA y al presidente de la firma, Guillermo Bidinosti.