Una herencia pesada: Cristina dejó una deuda de $ 207.000 millones

Por Mariano Obarrio - LA NACION
Así surge de la auditoría que publicó el Gobierno, en la que se evidencian despilfarros y desvíos del kirchnerismo


Un auténtico "paga Dios". La ex presidenta Cristina Kirchner le dejó a su sucesor, Mauricio Macri, deudas impagas en distintos organismos de la administración nacional por $ 207.000 millones, lo que equivale al 12% de los gastos previstos en el presupuesto de 2016. Una cifra casi imposible de afrontar.

También equivale a un 30% más que lo que el Estado gastó en 2015 en subsidios a la luz, el gas y el petróleo: $ 157.000 millones. Así surge del informe "El estado del Estado", que publicó anteayer el Gobierno en www.casarosada.gob.ar y que describe la herencia que recibió en diciembre de 2015.

En 223 páginas, consignó que la Dirección Nacional de Vialidad debía casi $ 14.000 millones, y tenía más de 1000 convenios de obras prometidas con provincias y municipios por $ 130.000 millones, equivalentes a siete u ocho presupuestos anuales de la DNV.

La provincia de Santa Cruz tiene el 9,7% de la población del país, pero el 12% de las obras de la DNV, y casi todas fueron adjudicadas -la mayoría sin terminar- a Austral Construcciones, de Lázaro Báez, el empresario kirchnerista detenido e investigado por lavado de dinero.

En el informe que coordinó el jefe del Gabinete, Marcos Peña, se consignó que la petrolera estatal Enarsa dejó una deuda con la boliviana YPFB por compra de gas de US$ 400 millones. Un contratista de Salta le reclamó $ 538 millones y comunidades nativas, $ 32 millones.

El Ministerio de Educación les debe a las universidades nacionales $ 7000 millones. La Secretaría de Vivienda lleva cinco meses de obras paralizadas y sin pagar por $ 6000 millones. El PAMI debe $ 5500 millones y perdía antes $ 250 millones por mes. La Comisión Nacional de Energía Atómica debe $ 2200 millones.

El Estado adeuda 350 millones en facturas de telefonía fija y móvil y tenía contratadas 62.000 líneas celulares, de las cuales 2300 se dieron de baja y analizan cerrar otras 20.000.

Aerolíneas Argentinas acumuló una deuda con proveedores de $ 15.000 millones; el Ministerio de Desarrollo Social, de $ 500 millones, y la Anses, de $ 1348 millones, de los cuales $ 800 millones son por publicidad.

La Jefatura de Gabinete gastó $ 2200 millones en publicidad oficial y dejó una deuda con los medios de $ 800 millones. La Administración de Infraestructura Ferroviaria debe $ 1200 millones. La Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado debe otros $ 800 millones y tiene reclamos de contribuciones patronales de transportistas por $ 500 millones.

El Ministerio de Defensa adeudaba $ 4000 millones a proveedores y el astillero Tandanor, $ 360 millones. El Registro Nacional de las Personas de Interior le debía al Correo $ 212 millones y a OCA, $ 112 millones.

El Centro Cultural Kirchner no les pagó $ 78 millones a proveedores y $ 19 millones a artistas; Afsca debe $ 5 millones; Tecnópolis, $ 15 millones, y el programa Educar, $ 161 millones. El Ministerio de Cultura tenía 1145 facturas impagas por $ 156 millones.

En Seguridad, se verificaron necesidades de mejoras en complejos fronterizos por $ 1200 millones y de tecnología y comunicaciones por $ 250 millones. El penal de Ezeiza debía hasta diciembre $ 800 millones.

La empresa estatal Nucleoléctrica Argentina SA, que opera tres centrales nucleares adeudaba $ 1000 millones. La NASA compró los primeros 10.000 ejemplares de un libro de Julio De Vido sobre Néstor y Cristina Kirchner. El 75% de sus empleados no tenía funciones.

En Yacimiento Carboníferos de Río Turbio dieron de baja convenios con la Facultad de Santa Cruz por $ 1980 millones y convenios por $ 3800 millones. Además, había facturas impagas a proveedores por $ 464 millones.

En la Secretaría de Industria, la deuda era de $ 1500 millones y en el Mercado Central, de $ 400 millones. También la Superintendencia de Servicios de Salud tenía retrasos de meses en pagos con hospitales.

Sin embargo, entre 2006 y 2015, el Estado recaudó US$ 694.000 millones por impuestos.

El descontrol administrativo se tradujo en que la planta de personal creció 64%: de 2,2 millones a 3,6 millones, de 2003 a 2015, entre la Nación, provincias y municipios.

De los 217.000 empleados de servicio civil de la Nación, más de 70.000 tenían contratos renovables y precarios y 13.635 estaban en edad para jubilarse. Existían 36 sistemas distintos de liquidaciones de sueldos. Había gastos del Estado que los solventaban universidades: un auto del Ministerio de Salud era de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

El ferrocarril Belgrano Cargas transportó en 2015 tres millones y medio menos de toneladas que en 2001. En 10 años, se pasó de producir a importar energía y se cuadriplicaron los cortes de luz entre 2003 y 2014. También subrayó un déficit de tres millones de viviendas.

El Banco Central tenía 66 sucursales esperando autorización para abrir sus puertas en el país. En el Mercado Central se encontraron sobreprecios del 254%. Enarsa gastaba más de 190 millones de pesos por mes en generadores en barrios como Recoleta o Barrio Norte.

La Dirección de Puertos y Vías Navegables tenía en diciembre 115 barcos y sólo estaba operativa una draga, sin estándares de seguridad. El promedio de antigüedad de la flota era de entre 30 y 40 años.

En la Subsecretaría de Reforma Institucional los equipos informáticos estaban formateados y fue imposible recabar información de la gestión anterior.

Dejaron tierra arrasada, y ahora con el apoyo "Trosko" comienzan con diarias revueltas civiles, invocando quejas por la situación social. Aprecio, que el objetivo del grupo K y aliados es la desestabilización del gobierno actual, hacerles perder la iniciativa para la solución de la problemática social. No desean que el país evolucionen a un estado de bienestar lo que le bloquearía el regreso al poder... Frente a este escenario, me pregunto: ¿Existe un estado un terrorismo social? ¿Hay una asociación ilícita formada por integrantes del anterior gobierno para delinquir, expoliando al estado argentino? Si  es así, ¿integran la figura jurídica de traición a la patría? Si no es así, al menos han incumplido con los deberes de funcionario público -por acción u omisión-.