López dejó 700 obras viales paralizadas tras su gestión

Por Mariano Obarrio - LA NACION
No avanzaban desde 2011 y tenían un costo de $ 42.000 millones; en diciembre se reactivaron 94 trabajos


El gobierno de Mauricio Macri reveló ayer que recibió en diciembre último 700 obras viales frenadas desde 2011 y que tenían un costo de $ 42.000 millones. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, culpó de esa parálisis al ex secretario de Obras Públicas y diputado kirchnerista del Parlasur, José López, detenido mientras escondía en un convento US$ 8,9 millones y a quien también denunció judicialmente por fraude contra el Estado.

En un informe, al que accedió LA NACION, el equipo de Dietrich consignó que desde diciembre "se reactivaron 94 obras por $ 25.000 millones para comenzar a recuperar las más emblemáticas". Esos proyectos incluyen desde autovías, rotondas y dársenas hasta repavimentaciones.

En abril último, antes de ser sorprendido anteayer cuando arrojaba bolsos con casi US$ 9 millones y un arma de guerra en un convento de monjas, López había sido denunciado por Dietrich en la Justicia por digitar en forma discrecional los pagos que debía hacer la Dirección de Vialidad Nacional (DNV), que dirigía Nelson Periotti hasta diciembre. Lo acusaba de favorecer al empresario kirchnerista Lázaro Báez, de Austral Construcciones, también detenido por lavado de dinero.

La denuncia recayó en el juez federal Julián Ercolini, el mismo que investiga a José López por enriquecimiento ilícito, aunque esa causa no había avanzado hasta anteayer.

El ministro de Transporte puso de relieve en su informe que la DNV multiplicó diez veces su presupuesto en los últimos 10 años, pero dejó una deuda de $ 13.000 millones en diciembre de 2015 y una red vial mal conectada e insegura, sin planificación y sin priorización de las obras.

De los 40.200 kilómetros de red vial nacional, según el parte, sólo 2800 son de autovías y autopistas, muchas construidas en lugares de bajo tránsito, sobre la base de criterios políticos y no de planificación y necesidades reales.

En la actualidad, agregó, existen "3500 kilómetros de rutas colapsadas, otros 12.000 de rutas inseguras y 13.000 en mal estado, donde la circulación es defectuosa". El resto de la red, analizó, tiene el "mismo estándar de calidad y seguridad que hace 50 años". Los ejemplos más notables de deterioro y parálisis, según el informe de Dietrich, son las rutas nacionales 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 34, 40, 50, 51, 60, 119, 145, 150 y 158, entre otras.

Por otra parte, la denuncia por fraude ante Ercolini la hicieron Dietrich y el actual director de la DNV, Javier Iguacel. En concreto, acusaron a José López de ordenar por correo electrónico a la DNV, que estaba a cargo de Periotti, cuáles eran los empresarios a los que había que privilegiar con plazos más cortos de pagos de obras públicas. Se la conocía como "la lista de la felicidad".

Los beneficiarios resultaron ser las empresas del Grupo Austral, controlado por Báez y conformado por Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA y Sucesión de Adelmo Biancalani, entre otras.

La acusación judicial indica que esas empresas "resultaron adjudicatarias del 90% de las obras viales licitadas en la provincia de Santa Cruz en los últimos 12 años". Esa provincia, distrito de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, concentró a enero de 2016 $ 21.269 millones en obras públicas, mientras que Chubut recibió $ 4948 millones; Río Negro, $ 11.379 millones, y La Pampa, $ 1404 millones.

"Podríamos estar en presencia de una maniobra delictual, cuyo objeto final sería sin duda el enriquecimiento ilícito a partir del arbitrario y fraudulento manejo de los fondos públicos, diseñado por una organización y un plan perfectamente ordenado hacia tal fin", dice la presentación de Iguacel.

Mencionó, así, los delitos de incumplimiento de los deberes del funcionario público y fraude a la administración pública con participación y connivencia necesaria de empresarios, funcionarios nacionales y provinciales. Dietrich consignó que Báez recibía el pago de anticipos de obra a los 25 días de presentado el certificado, pese a que el vencimiento era a los 60 días y los demás empresarios debían esperar hasta ocho meses.

El ministro macrista denunció que López individualizaba los expedientes y las fechas que "por disposición de la superioridad" debían cancelarse mediante la modalidad de "pago anticipado". Explicó también que "la comunicación se efectuaba a través de correo electrónico dirigido a las más altas autoridades de la DNV, quienes -en connivencia con la citada secretaría de Estado y el referido ministerio- disponía los pagos indicados".

Se aportaron, además, al juez las copias de correos electrónicos y se acusó a López de provocar la concentración de obras en un único grupo de empresas, constante incumplimiento de los plazos de obra y gran concentración de obras en la provincia de Santa Cruz.