Cuatro organismos denunciaron la herencia recibida

Por Santiago Dapelo - LA NACION

Defensa, Transporte, Jefatura de Gabinete y PAMI llevaron las anomalías a la Justicia


"¡Encontramos un Estado devastado!" El diagnóstico le pertenece al jefe de Gabinete, Marcos Peña. La herencia fue una de los grandes protagonistas de los primeros seis meses de la administración de Mauricio Macri. Pero el "maldito" legado que dejaron los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner aún no tuvo su correlato en denuncias ante la Justicia.

Sólo un puñado de funcionarios accionaron penalmente contra sus antecesores. Ahí se destacan el PAMI, los ministerios de Transporte y Defensa, y la Jefatura de Gabinete. Si bien se trató de uno de los caballitos de batalla que utilizó el Gobierno durante los primeros meses, desde distintas dependencias aseguraron a LA NACION que siguen trabajando y que habrá nuevas denuncias en el futuro.

Algunos fueron a fondo de entrada. El mejor ejemplo es el de Carlos Regazzoni, el director del PAMI. Alarmado porque encontró que la corrupción atravesaba toda la obra social, la más importante de América latina, con más de cinco millones de afiliados, tardó menos de 10 días en denunciar al ex interventor Luciano Di Cesare por "defraudación contra la administración pública".

Pero no fue la única denuncia. En los primeros 120 días al frente del Instituto realizó 20 presentaciones judiciales. Entre ellas se incluye que el PAMI pagaba la compra de medicamentos de afiliados fallecidos -400.000 muertos por los que se pagaban servicios de salud- y el abandono en un galpón de 16.000 sillas de ruedas.

En el informe de 223 páginas llamado "El estado del Estado", que el Gobierno presentó anteayer, hay una detallada descripción del punto desde donde partió Macri. "Cumplimos con nuestro compromiso de publicar un informe detallado de lo que recibimos", dijo Peña a LA NACION.

Los informes de auditoría que Peña pidió a todos los ministerios y a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) dejaron como conclusión que durante los gobiernos kirchneristas "no había pensamientos ni políticas a largo plazo; la recaudación por parte de impuestos fue histórica -unos 694.000 millones de dólares-, algo que no se vio reflejado en mejoras, y se aumentaron los presupuestos pero no mejoraron indicadores de salud, educación, infraestructura ni seguridad".

El Ministerio de Defensa, a cargo de Julio Martínez, también denunció la gestión de Agustín Rossi. Fueron dos las presentaciones ante la justicia federal: por un faltante de municiones en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, de Santa Fe, de Fabricaciones Militares, y porque se encontró material explosivo en lugares no adecuados. "No se llevó la gestión como debería", dijeron fuentes de la cartera de Defensa.

Vialidad Nacional, dependencia que se encuentra dentro de la órbita de Guillermo Dietrich, en Transporte, denunció al Grupo Austral Construcciones, propiedad del empresario Lázaro Báez, y a varios ex funcionarios por concretar durante los últimos años obras con "un enorme sobreprecio".

Aunque no aparece en la denuncia, el ex secretario de Obras Públicas José López, mano derecha de Julio De Vido, podría ser incluido en la presentación. Además, desde Transporte deslizaron que en breve completarán la auditoría sobre Aerolíneas Argentinas. "Va a traer ruido", anticiparon.

Uno de los trabajos más esperados aún no se entregó. Pese a que concluyó su informe, el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Emilio Basavilbaso, todavía no hizo público el reporte que detalla el paso de Diego Bossio por ese organismo previsional. Según pudo saber LA NACION, hay dos programas que podrían generar inconvenientes judiciales para Bossio: el reparto de pauta publicitaria y el contrato con la empresa Tarshop para la puesta en marcha de la tarjeta Argenta.

Otra pieza clave en esta sentido es la Oficina Anticorrupción (OA). Desde que asumió Laura Alonso al frente de la OA fueron varias las presentaciones que hizo ante la Justicia.

La última, a instancias de Peña, fue la que Alonso impulsó contra el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández por el contrato que la Confederación Argentina de Hockey -que él preside- firmó con la Jefatura de Gabinete el mismo día que asumía en ese cargo público.

"La herencia demuestra que los recursos se manejaron considerando cuatro factores: ineficiencia, incompetencia, discrecionalidad política obscena, despilfarro y corrupción. En aquellos casos donde haya indicios claros y evidentes de corrupción, la OA profundizará la investigaciones y se presentará ante la Justicia", sostuvo Alonso ante LA NACION. La OA está avanzando en investigaciones propias o surgidas de denuncias de terceros y articula el trabajo con la AFIP, la UIF y la Sigen.

LA NACION consultó a los ministerios de Desarrollo Social, Turismo, Cancillería y Cultura, entre otros, pero en todos los casos derivaron al informe que presentó anteayer el Gobierno.