Tras una denuncia anónima, la fiscal Alejandra Mangano acusó al ex jefe del Ejército por fraude al Estado. La licitación, además habría estado direccionada. Investiga la jueza Servini de Cubría.
La fiscal federal Alejandra Mangano imputó al ex Jefe del Ejército, César Milani, por "defraudación a al Estado" por la selección de una empresa estadounidense para la adquisición de puentes móviles en noviembre de 2014. La operación está denunciada por presuntos sobreprecios y vicios en el proceso licitatorio. La causa se inició con una denuncia anónima y se encuentra a cargo de la jueza María Servini de Cubría. La fiscal impulsó una serie de medidas "para determinar el proceso de compra, los costos abonados y se cometieron las irregularidades denunciadas", indicaron fuentes judiciales a Clarín.
Preso en el Penal de Ezeiza desde febrero de este año, César Milani suma otra causa judicial en su contra. Con el impulso de Mangano, se lo investigará ahora por la compra de puentes a la firma Acrow de origen estadounidense, y la denuncia anónima señaló que se "simuló la legalidad de la operación, ya que el organismo habría realizado dichas adquisiciones mediante licitación pública", pero en el transcurso se habrían cometido diversas irregularidades que van desde sobreprecios hasta un posible direccionamiento en la adjudicación.
La fiscal impulsó una serie de medidas para desentrañar la maniobra que le valió, inicialmente, una imputación por "defraudación a la administración pública" al ex jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner. La decisión alcanza también al agregado militar argentino en Estados Unidos, Juan Rodolfo Brocca.
La denuncia sostiene que los precios por los que fueron adquiridos los puentes "habrían entrado al país sin aparecer en las publicaciones de Aduana", y que quien habría ordenado dichas compras "sería César Milani".
La operación se realizó en noviembre de 2014 a través de la Agregaduría Militar en Estados Unidos, desde donde se sostuvo que era "admisible" la selección de la empresa Acrown Corporation of America, para la compra de puentes de paneles "modular metálico y accesorios". Por dicha operación, el Estado pagó 1.490.200 dólares, y todo se concretó mediante una resolución de la Agregaduría Militar Argentina en Washington que se oficializó el 6 de marzo de 2015.
Bajo investigación se encuentra la selección de la empresa Acrown durante la licitación, denunciada por ser sólo "una simulación" pues habría habría estado seleccionada de antemano. También está bajo la lupa el monto total que se abonó por el puente móvil, incluyendo los gastos de transporte, "que no se habrían previstos en el monto consignado", indica la denuncia.
Entre las medidas de prueba que la fiscal Mangano pide a Servini, se encuentran pedidos a distintas áreas del Ejército, a la Dirección General de Aduanas y al Área de Transparencia de la Oficina Nacional de Contrataciones. Además se enviarán exhortos a Estados Unidos para conocer detalles de la licitaciones y de la empresa involucrada.
Además de las causas por su supuesta participación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura -por una de las cuales está detenido- el ex Jefe del Ejército está procesado por enriquecimiento ilícito al no poder justificar la compra de una casona de 1150 metros cuadrados en el barrio La Horqueta, del partido de San Isidro. Por ese motivo tiene un embargo trabado de cinco millones de pesos, y en febrero de este año el fiscal Jorge Di Lello pidió la elevación a juicio oral de la causa que lleva el juez Daniel Rafecas.
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