Dos hijos de Lázaro Báez, investigados por comprar oro de manera fraudulenta

Por Lucía Salinas - Clarin.com

Aparecen nexos entre una financiera y un cartel de empresas que compraba ese metal a una firma interestatal.

Luciana Báez, hija de Lázaro Báez, saliendo este año de los tribunales de Comodoro Py, donde se presentó ante el juez federal Sebastián Casanello, para prestar declaración indagatoria en la causa conocida como la ruta del dinero K, por presunto lavado de dinero de la familia Báez.

Procesados por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K, dos de los hijos de Lázaro Báez están siendo investigados por una presunta compra fraudulenta de oro en otra causa. Una firma vinculada a ellos figura en un extenso listado de compradores del metal dorado a la empresa interestatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) donde el juez Sebastián Ramos investiga a ex funcionarios y actuales apoderados, por "administración fraudulenta" de los fondos de la compañía.

Son millonarios por herencia, gracias a la fortuna que logró amasar su padre durante los doce años de kirchnerismo. Sólo en inmuebles el empresario K cuenta con $ 2.754 millones, más de quince empresas y propiedades en diez provincias. Con sus hijos no sólo comparte la fortuna, sino varios procesamientos y embargos cuantiosos que superan los 600 millones de dólares.

Luciana y Martín Báez, los mayores de los cuatro hermanos Báez, no lograron quedar ajenos a los problemas judiciales de su padre. Fueron procesados por lavado de activos y en otra causa (Los Sauces SA) por asociación ilícita. Están vinculados además, a cinco empresas que habrían funcionado como cuevas financieras y con las que -pese a los embargos ordenaron-, los Báez movieron 148 millones de pesos. Estas firmas ahora se conecta con otra causa -a cargo del juez Sebastián Ramos-, que investiga la venta fraudulenta de lingotes de oro.

La causa inició con una denuncia en diciembre de 2016 que hizo la Oficina Anticorrupción (OA) contra la gestión de la empresa interestatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) que cuenta con participación interestatal: la Universidad de Tucumán, la provincia de Catamarca y el Ejecutivo Nacional.

La designación de autoridades, durante la época de los hechos denunciados (2012- inicios de 2016), estuvo bajo la órbita del ministerio de Planificación, que dirigió Julio De Vido. 

La causa investiga a los directivos de YMAD por "administración fraudulenta" respecto a a los fondos de esa sociedad. La firma se dedica a la exploración, explotación y comercialización de yacimientos de oro.

La auditoría sobre 142 expedientes determinó que entre 2012 y los primeros meses de 2016, hubo un gran incremento en la cantidad de lingotes de oro producida y vendida por la empresa (en 2008 era 12,5 kilos de oro, para 2015 se llegó a 1.155,25 kilos).

La denuncia planea que no hubo "razones que justifiquen", dicho aumento considerando que cada año había "más pérdidas producto de la refinanciación por lingote de oro". La venta de oro bajo sospecha representa $ 809 millones.

Las transacciones según se denunció, se habrían materializado a través de licitaciones privadas "mediante las cuales se adjudicaron el 80% de las ventas", a diez empresas organizadas en tres grupos y que estarían "vinculadas entre sí".

En este contexto, el juez Ramos analiza una lista de los supuestos compradores del oro en condiciones fraudulentas. Los primeros informes de auditoría señalan que varias de las empresas involucradas en las operaciones investigadas, tienen vinculación con empresas ligadas a los hijos de Lázaro Báez.

Este "Grupo 1" como figura en el listado al que accedió Clarín, realizó compras de lingote de oro por $ 693.965.930.

Una de las sociedades señaladas y que integra este grupo, es Dereli SA allanada por el juez Casanello en la Ruta del Dinero K, por su relación financiera con la empresa M&P, propiedad de Luciana y Martín Báez. Dereli SA vinculada a los Báez está entre las compradoras de oro, y según fuentes de la causa "habría funcionado como una cueva financiera utilizada por los Báez" para mover sumas millonarias de dinero.

Según la denuncia, el objeto social de varias de las firmas compradoras de oro "no guardaba relación con la comercialización de metales", explicaron fuentes judiciales. Algunas de las firmas son ganaderas, otras venden cereales.

Se detectó que la capacidad económica de las sociedades era insuficiente para justificar las cuantiosas adquisiciones. Esto generó una "pérdida millonaria para la sociedad" y para el Estado.