Dos bandas van a juicio oral por contrabando VIP en Ezeiza y Aeroparque

Clarin.com - Hay 22 acusados: maleteros, empleados de Aduana y de AFIP y de Policía Aeroportuaria. También hay pasajeros.


En la torta había porciones para todos: maleteros, empleados de Aduana, de AFIP y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El negocio era tan simple como cobrarles coimas a los pasajeros que llegaban al Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde el exterior para dejarles entrar al país todo tipo de mercadería sin pagar impuestos. En algunos casos los “clientes” pagaban entre 400 y 600 dólares por valija para que se hiciera la vista gorda; en otros sus “contactos” les ofrecían, sólo para mantener las apariencias, abonar un canon muy inferior al que les correspondía por superar los 300 dólares de mercadería autorizados.

Todo se arreglaba telefónicamente: desde el primer contacto del interesado –se hacía antes de viajar afuera del país– hasta el seguimiento de los sucesivos pasos que iba dando el “cliente” en el aeropuerto cuando volvía a la Argentina, generalmente desde los Estados Unidos. Ese sistema era impecable y funcionaba como un relojito. Pero resultó tener una falla importante: las conversaciones, grabadas por orden de la Justicia, se convirtieron en una importante prueba de cargo y terminaron volviéndose en contra de al menos dos organizaciones desarticuladas por la Justicia en lo Penal Económico de Capital Federal.

 Cada expediente se inició y avanzó por separado. El más antiguo (iniciado en 2008) tuvo como juez a Gustavo Meirovich y el segundo, de 2013, a Marcelo Aguinsky. Pero ambas organizaciones llegarán a la etapa de juicio oral casi a la vez con cientos de escuchas teléfonicas comprometedoras.

Los casos, investigados por la fiscal en lo Penal Económico María Luz Rivas Diez, tienen en el banquillo de los acusados a 22 personas, entre maleteros, funcionarios y hasta pasajeros a los que se agarró con las manos en la masa.

 Una de las causas por las que Rivas Diez ya requirió la elevación a juicio terminó incluso con el procesamiento de una mujer a la que se le secuestraron 1.350 prendas de vestir que tenía pensado vender en su local de la avenida Scalabrini Ortiz, en el barrio porteño de Palermo. Ella pagó 600 dólares para poder entrar la mercadería al país sin problemas.

El operativo se realizó en febrero de 2013, luego de que la mujer volviera de Estados Unidos con 14 bolsos. Para sacarla indemne de los controles aduaneros, a esta “clienta” –que ya tenía una aceitada relación con la banda– la solían sacar en silla de ruedas, un servicio que las aerolíneas prestan a los pasajeros con problemas de movilidad y que las organizaciones ponían al servicio del contrabando hormiga.

“Va a venir una clienta mía. Está llegando por Aerolíneas. Va a pedir una silla de ruedas. Va a dejar 600 dólares”, le dice en una conversación uno de los maleteros procesados a otro, al que le pide coordinar todo para que la pasajera pasara sin problemas. El caso de esta comerciante forma parte del expediente a cargo de Aguinsky, pero la mecánica detectada –pedir “una silla de ruedas” como contraseña– es casi idéntica a la que ya había sido descrita en otra causa también elevada a juicio recientemente, cuya investigación estalló en los medios en 2010.

Por entonces quedo involucrado como jefe de la mafia Carlos Mechetti, director interino de la Aduana del Aeropuerto de Ezeiza quien en su momento, además, llego a ser jefe del Departamento de Relaciones Públicas del Club Boca Juniors.

Aunque muchas escuchas incriminaban a Mechetti como coordinador máximo del negocio, éste logró que se le dictara una falta de mérito e incluso que le devolvieran 800.000 dólares que habían secuestrado en su casa. En el planteo de elevación a juicio de la fiscal Rivas Diez, él sigue siendo la cabeza de la organización aunque la acusación se volvió abstracta porque el ex funcionario falleció.

El expediente de Meirovich y la difusión que tuvo en 2010 obligó a las autoridades a reforzar los controles: se colocaron cámaras y se prohibió el uso de celulares. Pero el expediente a cargo de Aguinsky –abierto tres años después– probó que las bandas seguían operando.

“Modificaron un poco los modus operandi y las coimas comenzaron a pagarse en los baños del aeropuerto o ya fuera del edificio. Por la instalación de cámaras cobraron más fuerza los maleteros”, confiaron a Clarín fuentes de la investigación.