Juego, pobreza, corrupción y narcotráfico

(La Nación) - La proliferación de bingos, casinos y tragamonedas en los últimos años tuvo gravísimas consecuencias sociales, en especial entre los más necesitados


El presidente Mauricio Macri ha enunciado en forma categórica, pública y reiterada su intención de combatir los flagelos de la pobreza, el narcotráfico y la corrupción que ha carcomido al Estado en los últimos 12 años. 

Otras voces del espacio político gobernante y la oposición se han pronunciado durante la última campaña electoral en contra del juego, tan extendido hoy por todo el territorio nacional, tanto en los márgenes más pobres del conurbano bonaerense como en ciudades del interior. Una de las muestras más ignominiosas es el acceso a Rosario, en donde se erige majestuoso un enorme casino que contrasta con la miseria circundante de una gran villa de emergencia.

Sin embargo, 100 días después de la asunción del gobierno nacional, muchas de esas voces han entrado en un llamativo silencio y están siendo reemplazadas por intentos más o menos públicos de negociaciones con los llamados "zares del juego", con el propósito de mostrar como éxitos políticos el haberles aumentado el canon que le pagan al Estado por la explotación de estos espacios o la limitación en la cantidad de máquinas tragamonedas que tienen autorizadas por cada sala.

La Iglesia ha alertado reiteradamente sobre las catastróficas consecuencias que ha tenido la proliferación de bingos, casinos y tragamonedas entre la población más necesitada y desamparada. La ilusión del progreso económico, del "salvarse" mediante el juego, arrastra a esos sectores sociales a una espiral sin retorno en la que terminan no sólo perdiendo lo poco que tienen, sino también convirtiéndose en autómatas frente a máquinas que les vacían los bolsillos y, en ocasiones, también el alma.

A los pies de ese altar pagano, quienes son presas de la adicción al juego pierden su dinero, su trabajo, su dignidad, y muchas veces hasta sus familias. Porque el juego prospera donde no hay esperanza, desangrando el tejido social.

Lo ha señalado reiteradamente con claridad la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, quien expresó que "el juego se nos fue de las manos" y que "la Argentina derrapó" en esta cuestión.

No puede ignorarse la relación que el juego ha tenido y tiene con la corrupción y el narcotráfico. Los enormes flujos de dinero que genera con poco o ningún control han servido para la financiación espuria de campañas políticas. Esos aportes se transforman muchas veces en opacas asociaciones entre gobernantes y empresarios del negocio de apuestas. En ocasiones esa proximidad se extiende a la justicia federal, como ha denunciado poco tiempo atrás la diputada Elisa Carrió. Son vinculaciones que amenazan con corroer la democracia desde su propio seno. Sobre todo porque el juego es una inmejorable herramienta para lavar dinero proveniente del narcotráfico, al cual está asociado para sembrar la destrucción de los segmentos sociales más desposeídos.

Venimos de más de una década en la cual se ha entronizado al Estado como el actor económico y social supuestamente más eficiente, al tiempo que se ha querido reglamentar y controlar como nunca antes la actividad económica tanto de empresas como de particulares. Sospechosamente, el gobierno kirchnerista, que hizo gala de ese intervencionismo en todas las áreas, permitió que los casinos, bingos y tragamonedas se multiplicaran y se esparcieran como un cáncer.

Tal vez una de las razones es la perniciosa presión que ejercen empresarios de esa actividad como Cristóbal López, que han buscado acrecentar su influencia sobre la clase política adquiriendo medios de comunicación con el saldo que les dejaba la evasión de impuestos como el que se aplica sobre los combustibles.

La última campaña electoral porteña presentó varios ejemplos de cómo desde esos medios se castigaba a quienes pretendían un mayor control sobre el juego. Es más que sospechoso, en este sentido, que la ley de medios haya limitado como licenciatarios de señales de radio o TV a los concesionarios de servicios públicos, pero no a los que administran juegos de azar. Cabe abogar para que este grave error sea subsanado en la reglamentación de las nuevas normas que regularán a los medios audiovisuales.

Hace ya algunos años la presencia de casinos estaba limitada a una pocas plazas turísticas tradicionales. Ir a una de estas salas de juegos era considerado un simple entretenimiento que solía coincidir con las vacaciones del público adulto. Lamentablemente, el paso del tiempo ha dado lugar a un verdadero descontrol, donde casinos, bingos y lugares con máquinas tragamonedas pueden ser encontrados a poca distancia de prácticamente cualquier zona residencial de una ciudad y, en algunos casos, las 24 horas del día, convirtiéndose en auténticos templos de perdición para vastos segmentos de la población, especialmente los más humildes.

Se han escuchado opiniones en favor de que el Estado nacional reasuma el monopolio del juego, estatizando esta actividad. Pero lo cierto es que el hecho de que estos centros de adicción estén en manos del sector público o del sector privado no alterará los peligros de que mucha gente siga cayendo en la ludopatía.

Es menester ponerle estrictos límites a esta actividad en pos de favorecer la salud de la población y abandonar la idea de que el Estado tiene que "negociar" con los popes del juego. Los argentinos debemos tener la certeza de que el juego en todas sus formas será bien regulado y limitado, al tiempo que su producido deje de financiar la corrupción política y de ser un formidable vehículo de blanqueo de fondos del narcotráfico.

Se necesita una demostración de coraje cívico y un fuerte y real compromiso del gobierno nacional con el combate a la corrupción y al narcotráfico para terminar definitivamente con la miseria que sufren millones de compatriotas.