Intiman a Cristóbal López por deudas con la Ciudad

Por Ricardo Roa - Clarin.com
Sospechas sobre un empresario K. Es por los Ingresos Brutos que no pagó por el juego porteño. Sin punitorios, el monto llega a 4 mil millones de pesos. Un enviado de Macri le notificó que tiene un mes para saldar lo adeudado.


Pretendió jugar de local. Hacer la reunión en su departamento del último piso de La Rosadita, ese edificio emblemático en el barrio más emblemático del menemismo y del kirchnerismo. Allí donde tienen departamentos Cristina Kirchner y Amado Boudou y funcionaba la cueva financiera de Elaskar y Fariña que lavaba plata para Lázaro Báez.

Pero Cristóbal López no pudo convencer al enviado de Mauricio Macri, el abogado Fabián Rodríguez Simón, preocupado por el estilo pechador y a veces violento del Zar del Juego. El encuentro fue en el Palacio Duhau. Ellos dos más Federico de Achával, el socio de Cristóbal en el juego y con vínculos aceitados con el macrismo.

Más que un encuentro fue una notificación: Rodríguez Simón le comunicó a López y a de Achával que tienen un mes para pagar de inmediato la deuda por ingresos brutos que tienen con la Ciudad desde 2003 por el casino en el Hipódromo de Palermo, el de mayor concentración de tragamonedas del mundo.

La deuda es difícil de precisar por dos razones. Una: el porcentaje ha cambiado desde entonces hasta hoy. La otra razón es la más importante: sólo López sabe lo que facturó todos estos años. Nadie lo auditó. Su casino es lo más parecido a una fábrica de plata negra. Una zona franca en la Ciudad.

López ha sido un evasor serial con la complicidad y la protección del kirchnerismo. Si se diera por cierto lo que él dice haber recaudado y haber gastado, tendría que pagarle a la Ciudad incluido intereses y punitorios unos 10 mil millones de pesos.

Hay una historia política y una historia judicial en la relación de Cristóbal con la Ciudad. Son dos historias y es la misma historia: el uso de la caja del juego para financiar a la política y para enriquecer a políticos. Y no se pueden entender por separado.

Comenzaron al mismo tiempo. Fue en 1999. El presidente Menem licitó la concesión de un barco casino. Un extraño barco con capitán y tripulantes que nunca abandonan el puerto y que le dejó a la firma española Cirsa que lo trajo y operó una fabulosa ganancia. Invirtió 20 millones de dólares y el primer año ganó 100 millones de dólares.

La empresa española tenía buenos amigos argentinos. El principal era Alberto Kohan, secretario general de la Presidencia con quien trabajaba Miguel Angel Egea, socio a su vez del marino Ricardo Cavallo, acusado de genocidio y detenido por su participación en la ESMA.

El entonces intendente De la Rúa pretendió clausurar el casino flotante y casi lo consigue. Pero un juez frenó a la policía con una medida cautelar, la madre de otras cautelares y de todas las resoluciones y de todos los incidentes judiciales. Miles de folios que ya incluyen 15 amparos, fallos en todas las instancias y hasta tres sentencias de la Corte Suprema.

Para decirlo en pocas palabras, todo por el conflicto entre Nación y Ciudad por la explotación del juego. ¿Qué tiene de federal un seudo barco que no navega, estacionado para siempre a orillas de Puerto Madero? Menem argumentó que el casino flotante estaba en aguas bajo la jurisdicción del Estado nacional y esa justificación se impuso en los primeros rounds de la pelea judicial y hasta en la misma Corte con el empuje de los jueces Guillermo López y especialmente del riojano Julio Nazareno.

Ya presidente, De la Rúa quiso tomarse revancha. Otros creen que fue también por su relación con el empresario Liberman. Lo cierto es que sancionó un decreto para autorizar tragamonedas en el Hipódromo de Palermo, fundido y regenteado por de Achával. De nuevo, ¿qué tiene de federal un hipódromo donde el turf es telonero de la timba?

De la Rúa dio la llave pero quien abrió la puerta fue el presidente Duhalde. O su mano derecha Rossi habría que decir. Rossi había sido jefe de lotería en Buenos Aires, intendente de Lomas y era suegro del actual, Insarraulde. De Achával recibió las primeras máquinas aunque todo cambió cuando Kirchner puso el ojo y metió la bala en el hipódromo: lo asoció con López, que había abierto casinos en Río Gallegos y Caleta Olivia.

En esos días el intendente era Ibarra. Batalló contra el nuevo súper casino hasta que capituló ante Kirchner. Fue en una hojita de apenas 4 artículos en el que renunció al reclamo de la Ciudad a cambio de una especie de alquiler mínimo en comparación con lo que recauda. Le cedió a Kirchner el juego de la Ciudad. En realidad se lo cedió a López. 

López recibió además una enorme playa de estacionamiento para los clientes y hasta un semáforo especial para girar a la izquierda en Libertador que no lleva a ninguna calle sino a sus tragamonedas.

Tuvo su propio semáforo y un regalo aún mucho más espectacular: dos días antes de dejar la presidencia, Kirchner le prorrogó la licencia del casino hasta 2032. Leyó bien: 2032. ¿Y con qué condición? Aumentar la cantidad de tragamonedas. También leyó bien. Hoy tiene 4.600.

Para un simulacro de control, Kirchner colocó Lotería Nacional en manos de otro pingüino puro como Cristóbal con quien comparte apellido y pasado común en el Sur: Roberto López. Había sido liquidador del Banco de Santa Cruz y jefe de Lázaro Báez. La caridad bien entendida empieza por casa.

El acuerdo de Ibarra con Kirchner fue renovado tácitamente por Telerman en 2007 y por Macri en 2011. Y en el último día de sesiones de la Legislatura del 2013, macrismo y kirchnerismo arreglaron de apuro un aumento sustancial del canon de la Nación a la Ciudad a cambio del mayor blindaje legal que López necesitaba para su negocio. El operador principal de López fue el legislador kirchnerista Diego Kravetz, que fue productor de Políticos al Asador, un programa financiado por López.

El convenio se hizo ley pero finalmente se cayó porque no incluía la condonación de deudas que López reclamaba por lo que el gobierno de Cristina no lo ratificó. Borraron el perdón del proyecto casi en secreto dos hombres de confianza de Macri: el propio Rodríguez Simon y el ministro Grindetti. Ahora intendente de Lanús, Grindetti nombró a Kravetz secretario de Seguridad. Rarezas de la política.

En mayo del año pasado, Macri decidió no renovar el convenio. Y hoy la Ciudad reclama a López el pago de los ingresos brutos que nunca pagó: unos 4000 millones de deuda más punitorios. 

Macri ha prometido transferirle el juego a la Ciudad después de que se regularice esta situación. López puede pagar o puede intentar defenderse en la Justicia, como ha venido haciendo. Tiene dos problemas: el kirchnerismo ha dejado el poder y sus amigos en Tribunales han perdido poder y saben que están observados.