La ciudadanía argentina ha sido informada en forma oficial por las propias autoridades de la Prefectura Naval Argentina (PNA) del hundimiento del buque pesquero de bandera china Yuan Yu 010, dentro de la porción de mar que se conoce como zona económica exclusiva (ZEE). En esta amplia franja marina de 200 millas contadas desde la costa, nuestro país no puede impedir el tránsito de buques mercantes, militares o pesqueros de otras banderas, pero sí ejercer el derecho pleno sobre la explotación de los recursos pesqueros y minerales que se encuentren en su superficie, su lecho o su subsuelo.
Esto no es caprichoso, la normativa internacional en la materia así lo establece e incluso ahora varios países, incluido el nuestro, han presentado ante la Comisión de Límites de la ONU propuestas para ampliar esa zona a 350 millas (aunque este adicional no comprende exclusividad en el aprovechamiento de los recursos).
Como nuestro mar es uno de los más ricos en variedades ictícolas, cada día cientos de buques pesqueros, argentinos, chinos, rusos y españoles, entre otros, extraen de sus aguas las más variadas especies. Muchos lo hacen dentro de la ZEE, abonando los derechos respectivos y operando en total legalidad, y otros lo hacen por fuera de las 200 millas, lo que no puede ser objetado por nuestro país. Pero una importante cantidad de flotas pesqueras (la china es la principal) opera en una línea que oscila entre el límite exterior de nuestra zona exclusiva y un franco avance al interior de esa zona. Las corrientes y otros factores hacen que los cardúmenes se desplacen y el pescador profesional detecta esos corrimientos y va tras los peces.
Para el caso de los pesqueros dedicados a la captura del calamar (como el hundido), el mecanismo de pesca es estático. Una vez que se detecta el cardumen, el buque detenido enciende poderosos reflectores que atraen a los calamares hacia la superficie, donde son capturados. En este caso particular, en el momento en que la PNA detecta al buque infractor, la nave suspende su tarea (obviamente esta es nocturna), apaga sus luces y francamente se da a la fuga, de la misma manera que lo haría un ladrón que es sorprendido infraganti. Luego, sucede la persecución, los reiterados pedidos para que la nave se detenga, los avisos a Cancillería, al Ministerio de Seguridad y al Juzgado Federal correspondiente.
Finalmente, y luego de todo lo que ya se sabe, Cancillería manifiesta su conformidad para que, de considerarlo necesario, el juez ordene hacer lo necesario para detener a la nave en franca rebeldía contra la autoridad marítima nacional.
Pasaron más de quince años sin que una autoridad naval argentina disparara sus armas a un blanco móvil en huida. Sí hubo muchos casos de disparo de ráfagas de amedrentamiento; la última hace poco más de una semana. El hecho no ha pasado desapercibido para varios analistas, que comienzan a marcar la diferencia entre una deliberada actitud política de “no molestar al socio” a otra diametralmente opuesta de plantarse en forma firme ante la violación de la norma.
No es menos cierto que existen sobradas sospechas de que, cumpliendo órdenes del armador de la nave, el capitán del pesquero aceleró el hundimiento de la nave. La razón es muy sencilla de entender. Estas naves por lo general no reúnen los menores requisitos reglamentarios para hacerse a la mar. Su casco, sus máquinas, sus sistemas de navegación difícilmente superen inspección alguna; su tripulación, excepto el personal imprescindible para navegar, normalmente no está debidamente certificada y las condiciones de trabajo lindan con el trabajo esclavo y la trata de personas.
Si el buque es finalmente detenido, el propietario sabe que además del decomiso de la carga y las multas de rigor, la autoridad marítima no autorizará la zarpada de la nave si no se la pone en orden de acuerdo con la normativa internacional en materia de seguridad de la navegación. Ni que hablar si los tripulantes no tienen la certificación adecuada. La decisión en estas condiciones no es muy difícil de adoptar. De hecho, estos buques jamás operan en solitario, ya que, como se vio, ni bien producido el naufragio, otras naves de la misma flota rescataron a los náufragos, por lo que quedaron en manos de la PNA solamente cuatro tripulantes. Estos, salvo el capitán, no sufrirán acción legal alguna, ya que no son responsables del posicionamiento de la nave en aguas prohibidas. Sólo quienes son responsables de la conducción náutica de la nave saben dónde se está pescando.
La “firme protesta” del Gobierno chino incluye un pedido a Argentina para que se adopten las medidas tendientes a evitar que este tipo de “acciones militares” se repitan en el futuro. En este mismo momento, hay cientos de buques chinos en el límite de nuestra ZEE, ¿qué pasará entonces cuando se detecte al siguiente buque infractor?
Los caminos posibles son solamente tres: hacer la vista gorda y dejar que nos roben en nuestras narices nuestros propios “socios estratégicos”; perseguirlos tratando de que tengan la buena voluntad de rendirse y mostrar el fruto de su ilícita actitud; o, luego de agotadas todas las instancias, afinar la puntería y detenerlos a como dé lugar. Una decisión de debería ser analizada en este mismo instante por las máximas autoridades nacionales, las que deberán optar entre seguir siendo una república indefensa o una nación que infunda respeto y ejerza su soberanía.
En el mediano plazo, habrá que hacer lo que hace mucho no se hace: equipar a las instituciones que deben patrullar y custodiar nuestro territorio húmedo con la suficiente cantidad de naves para que hagan tan importante nuestra presencia en el mar como para que ningún pirata oriental u occidental se anime siquiera a desenfundar una simple caña de pescar.
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