Fútbol, negocios turbios y las prioridades del Gobierno

Editorial I del diario La Nación.

Son innegables la connivencia y la complicidad de las autoridades nacionales en la corrupción que campea en la actividad futbolística del país. 

La Presidenta, Grondona, Granados y Zannini tras la firma del convenio entre la AFA y el Gobierno para la transmisión de los partidos del Torneo Apertura en 2009. Foto: Archivo 

La decisión de la Auditoría General de la Nación (AGN) de desarchivar un duro informe sobre Fútbol para Todos abrió nuevamente la posibilidad de profundizar en las fuertes y fundadas sospechas que rodean a ese programa oficial por las graves irregularidades en el manejo de los fondos que se le asignan y porque es utilizado por el Gobierno para difundir ilegalmente propaganda oficial.

Desde 2009, cuando fue creado ese programa, hasta hoy, lleva gastados más de 6000 millones de pesos en ese tipo de propaganda, un gasto exorbitante que es financiado por todos los argentinos con el dinero de nuestros impuestos.

Como si esa situación no fuera de por sí lo suficientemente abusiva, el Gobierno confirmó que en el último semestre incrementó en 100 millones de pesos la partida para la televisación gratuita del fútbol. Es decir, Fútbol para Todos cuenta este año con 1742,7 millones de pesos, un presupuesto que supera al del Ministerio de Cultura, con un fondo anual de 1508 millones de pesos; al de urbanización de villas y asentamientos precarios, de 1641 millones para todo 2015, y al de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con 1111 millones de pesos anuales para el mismo lapso, entre otras áreas igualmente postergadas en aras de un fútbol políticamente digitado y partidario.

Para el titular de la AGN, Leandro Despouy, "Fútbol para Todos es el instrumento más poderoso de propaganda del kirchnerismo". Los hechos no dejan lugar a dudas: ese programa, que nació con el doble propósito de resolver la situación financiera agónica de los clubes y la televisación gratuita de los partidos de fútbol, no logró ninguno de esos objetivos. En primer lugar, no es gratuito para ningún argentino, ya que el Gobierno desistió de recibir ingresos por publicidad privada, y en segundo término, tampoco sirvió para sacar a los clubes de su insolvencia. Como bien se había sincerado Julio Grondona, socio del Gobierno en esta aventura costosísima, "cuanto más se les da a los clubes en problemas, más se endeudan".

Si a algo o a alguien ha servido esta enorme maquinaria es a la usina propagandística del kirchnerismo, que pobló los partidos con consignas y spots partidarios no sólo para ensalzar las supuestas bondades gubernamentales, sino también para denostar a dirigentes opositores, como Mauricio Macri, José Manuel de la Sota o Elisa Carrió, o para demonizar a empresas privadas.

Tan estrecha y sospechosa ha sido la entente Grondona-gobierno nacional que la jueza María Servini de Cubría dispuso el año pasado allanar oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en respuesta a una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña sobre la supuesta diferencia entre los 1530 millones de pesos que costó en 2014 el programa en cuestión y los aproximadamente 900 millones que habrían ingresado en la asociación que comandaba el hoy fallecido Grondona. La magistrada también investiga supuestas irregularidades en el manejo de la pauta publicitaria de Fútbol para Todos, un expediente en el que están imputados tres de los jefes de Gabinete del gobierno kirchnerista: Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y el actual, Aníbal Fernández.

Y qué decir de la complicidad entre el poder político y el fútbol, que así como se embarca en componendas económicas no es capaz de enfrentar el creciente nivel de violencia en las canchas, protagonizado por barras bravas de las que ambos sacan provecho para su propio beneficio, lo cual incluye su utilización como fuerzas de choque.

Ni el Gobierno ni la AFA pueden sentirse a salvo del escándalo de la FIFA. El capítulo argentino de la acusación sobre lavado de dinero y cobro de sobornos alude claramente al propio Grondona, principal socio del Gobierno en Fútbol para Todos y del que ahora parecen querer despegarse todos los funcionarios.

Días atrás, en el programa La cornisa, se difundió una escucha telefónica en la que Grondona refería haber digitado la elección de árbitros y jueces de línea en importantes partidos de la Copa Libertadores en 2013. Hay, además, diálogos entre Grondona y su contador personal presuntamente referidos a una posible evasión impositiva, y la mención de un intento de incentivación a los jugadores de Colón para que le ganaran a Argentinos Juniors para evitar así el descenso de Independiente.

La consigna expresada por la presidenta Cristina Kirchner para justificar la sociedad de Fútbol para Todos con la AFA hace cinco años fue que ya nadie en el país podría "secuestrar los goles". A juzgar por lo que se ha visto hasta el momento, el mayor y más descarado secuestro ha sido y es el de los impuestos de todos los contribuyentes para financiar la profusa propaganda kirchnerista, prioridad absoluta en la ejecución presupuestaria, capaz de desplazar en la consideración oficialista la atención de gravísimos problemas que afectan a la ciudadanía, como la salud, la educación, la justicia, la inseguridad, el narcotráfico, la pobreza y la inflación.